Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que asesora a los asambleístas que realizan el corte en Famatina, señaló, en diálogo con Agencia CNA, que le manifestaron a la jueza «nuestra sorpresa por la rapidez para llamarlos a indagatoria y la ausencia total de investigación de las llamadas listas negras, elaboradas por directivos de la transnacional Osisko». Díaz Moreno anticipó que el lunes la minera intentaría pasar con la ayuda del grupo especial BAO. Denuncian censura.
El corte, que desde hace 10 días están llevando a cabo asambleístas de Famatina y Chilecito, en Alto Carrizal, tiene otro aspecto: el legal.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAA), uno de los letrados que los asesora, subrayó, en entrevista con Agencia CNA, que «ocho asambleístas fueron imputados por parte de la justicia de Instrucción local por el delito del corte de ruta, artículo 194 de Código Penal. Este es el artículo estrella de la criminalización de la protesta».
El abogado mantuvo, junto al diputado Pino Solanas y a la ex legisladora Fernanda Reyes, una reunión con la jueza «a quien le manifestamos nuestra preocupación por el llamado a indagatoria de los asambleístas. Nuestra sorpresa por la rapidez para llamarlos a indagatoria y la ausencia total de investigación de las llamadas listas negras, elaboradas por directivos de la transnacional Osisko».
El titular de AAA hizo notar, al igual que los asambleístas días atrás, que los citados «casualmente» son los que figuran en las «listas negras»: «hay una coincidencia llamativa. Porqué no llamo a las miles de personas que diariamente circulan en la protesta. También le manifestamos que ahí no hay un corte, sino una pueblada».
Respecto de la diferencia entre uno y otro, Viale indicó que «cualquiera que vaya se va a dar cuenta. Estamos hablando de un pueblo de 6 mil habitantes. En el corte circulan miles de personas, entre los que hay grandes, jóvenes, niños, abuelos que tienen entre 80 y 90 años. Incluso, llamaron a indagatoria a Felix Luna, que tiene 84 años. Luna también estaba en la lista negra. Es un fenómeno político, social y cultural el que se está dando en Famatina».
Viale aseveró que no se puede tener ninguna expectativa en torno al Poder Judicial provincial porque «está absolutamente cooptado por el poder político, sobre todo por el gobernador Beder Herrera y, también, por los tentáculos de la minería transnacional. La mega minería no es sólo una amenaza ambiental y al saqueo económico, sino que también es la devastación institucional, social y cultural».
El Obispado de La Rioja y las denuncias de censura
Desde el lugar del corte y en exclusiva para Agencia CNA, Carina Díaz Moreno contó que se presentaron integrantes del Obispado de La Rioja para conocer las versiones de los asambleístas: «según Beder Herrera, los culpables del levantamiento en Famatina son el cura párroco (Omar Quinteros) y el intendente (Ismael Bordagaray). Nosotros les aclaramos que esto viene desde mucho tiempo antes que hayan trasladado al cura y que el intendente haya sido elegido».
Díaz Moreno explicó que «lo único que buscamos es que se deshaga ese convenio y nos dejen vivir en paz».
Los medios provinciales «nos muestran como violentos que no queremos el desarrollo y avance de La Rioja. No mostraron lo que pasa acá en ningún momento». A su vez, Díaz Moreno indicó que «el obispo había sacado una carta tiempo atrás, la cual terminó reconociendo que los medios provinciales habían recortado la carta».
No obstante, los autoconvocados apuntaron que «Beder Herrera pidió, primero, que el cura sea trasladado. Y, segundo, que sea encarcelado».
En el lugar del corte, toma fuerza la versión de que el lunes, día que se vence el segundo plazo para que ingrese la minera, van a intentar pasar a la fuerza con la ayuda del grupo especial BAO.
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