Río Negro: Soria quiere derogar la ley anticianuro
Fabiana Vega y Eduardo Sachetti, integrantes de la Multisectorial que se opone a la iniciativa del gobernador, a tratarse el jueves en la Legislatura, explicaron, en entrevista con Agencia CNA, las consecuencias que conllevaría la derogación.

«Prohíbese en el territorio de la provincia de Río Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley nacional 25675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental». Así dice el artículo 1 de la ley Nº3981 de la provincia de Río Negro, la cual pretende derogar el novel gobernador, Carlos Soria.

En el proyecto oficial, que llega el jueves a la Legislatura rionegrina, se busca mitigar las críticas por medio de la creación del Consejo de Evaluación Ambiental Minera, que jugaría las veces de ariete ante los riesgos archiconocidos en esta actividad extractiva.

Sin embargo, los diversos actores sociales que lograron su sanción en 2005 reactivaron su capacidad de movilización bajo el objetivo de impedir la derogación.

En entrevista con Agencia CNA, Fabiana Vega, parte de la Multisectorial en representación de los pueblos originarios, subrayó que «la ley anticianuro de 2005 fue un logro del pueblo frente al anterior Gobernador (NdelR: Miguel Saiz). Fue un trabajo de las bases, de todas las organizaciones y de los pueblos pueblos originarios. La ley ya quiso ser derogada, bajo el respaldo de la Universidad de Río Negro que está financiada por mineras».

Por su parte, el integrante de la Pastoral Social del Obispado de Viedma-que por medio de un comunicado desgranó cada uno de los motivos por los que se opone a la iniciativa prominera de Soria-, Eduardo Sachetti, indicó que «no estamos improvisando una negativa, sino que tenemos elementos fundados y conocemos las consecuencias de este tipo de producción».

Después de hacer hincapié en el poder de lobby de las transnacionales mineras, Sachetti atacó, en diálogo con Agencia CNA, uno a uno los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo provincial: «si el concepto de permitir la explotación minera es generar empleo, es falso; si el concepto es que se le genera un ingreso importante a la provincia, también es falso; que las exportaciones del oro salgan por los puertos patagónicos y que esto es beneficioso porque se mueven los puertos y esto genera trabajo, también es falso-porque, por ley, si exportan por puertos patagónicos se benefician con reintegros del 5 al 13%-«.

No obstante, para Vega, Soria está blandiendo como excusa los perjuicios ocasionados por las cenizas en la Línea Sur de la provincia: «aprovechan esta situación de devastación y de resignación porque nunca les dieron ni fomentaron alternativas. Es una zona en la que, incluso cuando mayor era la crisis por la erupción del volcán, nunca pusieron un peso. Se envió más ayuda desde el extranjero que desde los Estados nacional y provincial».

Inmediatamente, a partir de la derogación de la ley, los proyectos que fueron anulados por la sanción de la aún vigente 3981 podrían reactivarse: «si se deroga, todos los proyectos que habían quedado truncos tienen vía libre», aseguró Vega.

Los entrevistados, casi al unísono, coincidieron en que el derroche de agua, los perjuicios sobre las economías regionales, la desertificación y la destrucción de la flora y la fauna serán algunas de las consecuencias que acarreará sobre la provincia la mega minería.

Desde este espacio, en el que se vienen cubriendo estos conflictos, vale la pena cerrar con un interrogante abierto: ¿debe atribuirse a la casualidad-luego de un marcado reflujo- el embate consecutivo en La Rioja, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Chubut y, ahora, Río Negro?
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