Foto Diario UNO : Entre los invitados El juez federal Walter Bento, Guillermo Palumbo y Raúl Cavecedo 23/12/2007
EN SOCIEDAD CON EL GOBIERNO, EL GRUPO UNO SE QUIERE APODERAR DEL 35 % DE CABLEVISION.
-El Juez Walter Bento es subrogante y lo es porque “el Grupo Clarín” ya había denunciado una maniobra, que involucraba a la jueza que origino el expediente … Y que se excusó por tener nexos con Vila-Manzano:
- “Hace unos meses, Cablevisión denunció el vínculo laboral de dos de los hijos de la jueza, Juan José y Camila Canals, con empresas del Grupo Uno (de Vila y Manzano). El primero es ahijado de bautismo de Alfredo Vila Santander, miembro del directorio de varias empresas del Grupo Uno. Todo esto determina que es probable que carezca de imparcialidad e independencia a la hora de resolver cuando los intereses de este grupo se encuentran en juego.”
- Más adelante, agrega: “La existencia de dichas vinculaciones fueron confirmadas por la propia Olga Pura de Arrabal en un escrito presentado ante la Justicia en el marco de su descargo.”
- Lo interesante del caso, es que dos jueces que hoy aparecen cuestionados fueron quienes confirmaron a la jueza para que continúe actuando en el expediente referido: Otilio Romano y Julio Petra
- Un primo de Vila dirigía el allanamiento y hasta daba órdenes a los Gendarmes.
- El abogado del Interventor, es un viejo amigo y armó una causa para salvar a Moneta de la cárcel cuando estaba prófugo.
¿Quién es quién?: La denuncia realizada por la empresa Supercanal , del grupo Vila Manzano que están asociadas en la publicidad grafica con Daniel Hadad , realizaron una denuncia que terminó en la intervención de Cablevisión.
El juez federal Walter Bento determinó que el contador público mendocino Enrique Anzoise, de 48 años, sea el interventor coadministrador de Cablevisión.
Anzoise estuvo presente en el operativo que llevó adelante Gendarmería nacional, cuyos efectivos allanaron y ocuparon sorpresivamente la sede de la empresa Cablevisión en el barrio porteño de Barracas.
Fue por una orden de la justicia federal de Mendoza, donde la compañía no tiene operaciones, a raíz de una denuncia presentada por la empresa Supercanal, del grupo Vila-Manzano.
Anzoise, que se retiró en medio de abucheos de los trabajadores de la compañía de cable, tiene como abogado a un letrado conocido en la provincia. Se trata de Ricardo Mastronardi, quien confirmó que la medida tomada por Bento es para «proceder a dejar sin efecto la competencia desleal y abuso dominante que ejerce Cablevisión en el mercado de la TV por cable». Y agregó que busca «permitir la libre competencia de los restantes medios«.
Mastronardi fue director del Banco Mendoza, representante legal de una de las empresas que alquila máquinas tragamonedas al Casino de Mendoza y fue el abogado que presentó varios escritos a nombre del excamarista Otilio Romano en la Justicia Federal
MI AMIGO MONETA:
Mastronardi, fue el autor de una denuncia para salvar a Moneta de estar prófugo al sacarle al juez la causa y lograr zafar:
DENUNCIA PENAL POR EL ARMADO DE UNA CAUSA EN BUENOS AIRES PARA SACARLE AL JUEZ LUIS LEIVA LA COMPETENCIA EN LA CAUSA BANCO MENDOZA
El Dr. Ricardo Mastronardi, patrocinó una denuncia penal en Buenos Aires contra las autoridades del Banco Central por sus actuaciones en el Banco de Mendoza, que quedó radicada en el Juzgado de Gustavo Literas.
Posteriormente presentó un escrito de ampliación de denuncia. Dicho escrito fue sacado del expediente e incorporado uno similar, firmado por el Dr. Jaime Cibils Robirosa y una firma apócrifa que no era de Mastronardi. Ese escrito fue refoliado por el Juzgado, lo cuál demuestra la complicidad de Literas.
Gustavo Literas
A continuación Cibils Robirosa, invocando falsamente la representación del denunciante produjo una acusación contra Moneta, esta vez en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Luego pidió la acumulación de esta causa, por conexidad, con la de Literas, siendo que ambas no tenían nada que ver entre sí, porque la causa de Literas estaba dirigida únicamente contra el Banco Central. No obstante Literas lo aceptó y aduciendo que su causa era anterior, produjo el conflicto de competencia con la causa del Juez Luis Leiva de Mendoza.
Cibils Robirosa era abogado de Angel Moyano Padilla, amigo íntimo de Moneta, en cuyo domicilio residió mientras estuvo prófugo. Moyano Padilla era uno de los titulares del Banco Feigin con el cuál el Banco de Mendoza realizaba operaciones ilícitas
CON RESPECTO A LA RESOLUCION DEL JUEZ WALTER BENTO:
La intervención judicial a Cablevisión
Comentarios sobre una resolución judicial forzada, dudosa, inoportuna y hecha a medida.
I.- La vía procesal elegida: las decisiones adoptas por el Juez, lucen a priori, desproporcionadas para ser dictadas en el marco de un proceso de amparo.
Este tipo de proceso solo permite un marco acotado de conocimiento por parte de los jueces, así como el tipo de prueba y posibilidad de defensa de las partes.
Las medidas resultan muy complejas y, con certeza, darán lugar a todo tipo de recursos procesales, como para ser tratadas por medio de un amparo. Se necesita de un marco cognoscitivo mucho más amplio para dar adecuado tratamiento a las cuestiones planteadas por las partes.
Ley 25.156: Relacionado con el primer punto, llama la atención que el Juez interviniente no tenga en cuenta que los actores cuentan con la vía administrativa previa contemplada en la ley de Defensa de la Competencia, en particular el capítulo VI que fija el procedimiento.
El Juez habilita la vía de amparo a sabiendas, esta reconocido en el mismo fallo, que en el año 2010 el Ministerio de Economía dictó la Resolución 113/2010. mediante la cual resolvió: (i) rechazar la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 1011/2009; (ii) declarar el incumplimiento del Compromiso asumido por las partes; (iii) declarar la cesación de los efectos de la autorización; y (iv) ordenó a las partes a realizar los cambios necesarios para el cumplimiento de la presente resolución en el plazo de seis meses.
II.- Los argumentos esgrimidos por el Grupo Vila – Manzano, que fueran acogidos por el Juez, en cuanto a los requisitos para habilitar la vía del amparo (Verosimilitud en el derecho invocado y peligro en la demora), aparecen forzados. Las medidas contra la fusión de Cablevisión y Multicanal vienen discutiéndose por diversos medios desde hace varios años.
Resulta difícil comprender como esta cuestión devino en una situación urgente y peligrosa.
III- La designación de interventores judiciales sobre las personas jurídicas, es una medida de extrema gravedad. Este tipo de decisión, ha sido adoptada con carácter restrictivo por parte de nuestros tribunales. Luce así, fuera de contexto que la misma sea dictada en el marco de un amparo.
Por último sostiene expresamente el Juez que: “No desconozco que la decisión recaída en las medidas gubernamentales – en revisión jurisdiccional – incidiría sustancialmente en lo ahora dispuesto. En especial, si se confirmara la referida resolución M.E. y F.P 113/2010, acarrearía la abstracción de la presente causa”. ¿Cuál es la urgencia entonces que llevo al Juez a tomar esta decisión cuatro años después?
Conclusión: Todo luce forzado, dudoso, inoportuno y a medida.- Graciela Ocania.
¿NEGOCIOS Y LA MAFIA DE LA JUSTICIA?
Con respecto a la Operatoria de Vila-Manzano. Es bueno destacar como se mueve el poder:
A pesar del elocuente silencio de algunos medios, un fallo judicial ha terminado de desenmascarar toda una trama de corrupción que fue denunciada por Tribuna de Periodistas en 2008 y que involucra a reconocidos empresarios de medios, periodistas y funcionarios judiciales.
Es una historia que dejó a la vista algo que bien podría considerarse una suerte de “mafia” y que mostró su cara más elocuente a través de la licitación del mobiliario urbano en varias partes del país, especialmente la Ciudad de Buenos Aires.
Así lo cuenta diario MDZ en su edición de hoy. Préstese especial atención a los nombres de periodistas, empresarios de medios y funcionarios que se mencionan allí:
La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a los propietarios de Publicidad Sarmiento y a funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el jefe de gobierno Mauricio Macri, en una causa iniciada hace cuatro años por la empresa familiar del ex Secretario de Medios de la Nación Enrique Albistur, y por la firma Spinazzola SA.
La decisión judicial pone fin a varios años de intensa persecución judicial, reforzada con múltiples operativos mediáticos promovidos y ejecutados por medios, y empresarios, y sus socios mendocinos, propietarios a su vez de más medios repartidos en diversas ciudades del país. El fallo de la Cámara, conocido la semana pasada, terminó dando la razón a los argumentos que los propietarios de Publicidad Sarmiento, que habían sido sobreseídos varias veces y vueltos a procesar, sostuvieron desde un principio: no hubo delito en la licitación de vía pública porteña.
Las denuncias falsas fueron tres: una por la supuesta falsificación de certificados, y otras dos por la supuesta connivencia entre los empresarios y funcionarios porteños, de una licitación que en los hechos terminó haciéndose dos veces a causa de las denuncias; la segunda de ellas por mandato de la Cámara Penal. Las denuncias, además, eran contradictorias entre sí. En ambas licitaciones, la original y la ordenada por la justicia, la empresa precalificada en primer término para explotar el mobiliario urbano de la CABA fue Publicidad Sarmiento.
La Ciudad de Buenos Aires podrá ejecutar ahora contratos que estuvieron frenados durante años, por los operativos que con apoyo mediático y político se habían conseguido montar especialmente contra los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento, y el gobierno porteño. El sobreseimiento definitivo recayó sobre los empresarios Terranova, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. El fallo fue firmado a favor por los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini, y en disidencia por Luis Bunge Campos, y sobresee y suspende las causas derivadas de las denuncias contra Publicidad Sarmiento y los funcionarios porteños, por el principio de “cosa juzgada”. No hubo delito, de acuerdo a varios sobreseimientos que se habían dictado en esta causa en instancias anteriores, por lo tanto no se puede seguir “persiguiendo penalmente” a los empresarios y funcionarios denunciados, como se sostiene en el fallo.
La historia de esta causa comenzó en 2008, cuando se abrió la licitación por el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una compulsa que tuvo más de once medidas cautelares para impedirla, y una revisión exhaustiva de la justicia contenciosa administrativa; lo que proporcionó a aquella licitación un pliego judicial “blindado” que atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, y Mauricio Macri. Publicidad Sarmiento resultó calificada primero, y dos de los oferentes iniciaron una causa penal. Una de ellas, la empresa de Albistur, lo hizo para causar el mayor daño posible a su competidor Publicidad Sarmiento, a la que además Albistur como Secretario de Medios privó de publicidad oficial durante ocho años. La otra firma denunciante, Spinazzola SA, intentó conseguir por vía penal lo que le denegaron en la licitación y sus vías administrativas. Ambas empresas se transformaron en querellantes.
Con el correr de los años y en medio de una maraña judicial sostenida y “auspiciada” desde poderes políticos y económicos, los denunciantes fueron hallando diversos resquicios para sostener vivas las causas, e impedir que se lleve a cabo de manera plena la licitación, que de hecho fue suspendida. El denunciante que más lejos llegó en los casos judiciales no había logrado pasar del primer sobre de la licitación en ninguna de las dos evaluaciones en las que Publicidad Sarmiento resultó primera. Aun así, y aprovechando las falsas denuncias y las barbaridades judiciales consecuentes, la empresa Vía Cart (sustentada y soportada por el empresario periodístico Daniel Hadad), consiguió una medida cautelar de suspensión de la licitación y pretendió -sin ningún derecho legitimo- quedarse con el contrato lícitamente ganado por Publicidad Sarmiento.
Dos tapas de diario Uno con la «operación».
Empujando las denuncias, los empresarios lograron el procesamiento de los propietarios de Publicidad Sarmiento, y de varios funcionarios encabezados por Macri. Las denuncias fueron tres. En la primera, se acusó a los propietarios de Publicidad Sarmiento de obtener certificados “ideológicamente falsos” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán, para mejorar sus antecedentes frente a la licitación porteña. Después, se acusó a dos comisiones evaluadoras de la licitación, a los dos empresarios y al jefe político de la ciudad y parte de su gabinete, por “connivencia”, con el supuesto objeto de generar un fraude contra la Ciudad de Buenos Aires y beneficiar a Publicidad Sarmiento en la licitación.
En el primero de los casos, el de los supuestos “certificados truchos”, la justicia mendocina entendió que la acusación era falsa, que no hubo delito, y por lo tanto archivó el caso. En Tucumán, donde se tramita una causa similar, no hay otro camino que la misma sentencia, aunque ya devenida en abstracta luego de la segunda evaluación de la licitación, donde estos certificados fueron excluidos como antecedente, por expresa orden judicial. La figura de “falsedad ideológica de documento” careció de tipicidad delictiva, ya que aquellos certificados no podían inducir a error o provocar engaño. En esa segunda evaluación, recordamos, Sarmiento también resultó calificada primera.
El juez porteño Facundo Cubas y el fiscal correspondiente, que entendieron en la causa en Buenos Aires, comprendieron también que no había delito alguno. Cubas había dictado en los casos relacionados a la licitación del mobiliario por lo menos cuatro sobreseimientos a los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, pero otro juez que lo subrogó y en ocasiones la misma cámara que ahora los sobreseyó, dictaron procesamientos. Así, las denuncias se fueron estirando hasta ahora, bloqueando la licitación.
Finalmente, un recurso presentado por los empresarios prosperó. La causa “madre” del mobiliario se había ramificado en diversos expedientes, todos relacionados a la misma licitación. En uno de ellos, conectado íntimamente a los otros (el mismo denunciante, la misma licitación, los mismos hechos, y los mismos acusados), el juez Cubas desestimó las denuncias de la firma Spinazzola siguiendo el criterio del fiscal de la causa, por “inexistencia de delito” y después rechazó las apelaciones y el fallo quedó firme. Por lo tanto, los abogados defensores de los empresarios presentaron un recurso de “excepción de falta de acción por cosa juzgada”, tal su nombre técnico, entendiendo que no se podía seguir juzgando penalmente a los empresarios y a los funcionarios por un mismo hecho.
Los operativos y la persecución
El tratamiento periodístico del caso del Mobiliario Urbano desnudó rápidamente la intención de perjudicar a Publicidad Sarmiento y sus accionistas. En los últimos tres años, los testimonios gráficos indican que hubo cerca de 300 notas periodísticas en este sentido, con contenidos que directamente faltaron a la verdad, falsearon la historia, y buscaron favorecer a intereses que intentaban quedarse con la licitación porteña. Y a su vez y con el mismo énfasis, procuraron desprestigiar, injuriar y descalificar a los accionistas de Publicidad Sarmiento. Esas 300 notas incluyeron casi un centenar de escritos y menciones en el Diario Uno –edición Mendoza- más las reproducidas en los diarios Uno de Santa Fe y Entre Ríos, y en la Capital de Rosario, todos ellos propiedad de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano; dedicadas a menoscabar a los empresarios Terranova, cuando no a agraviar a miembros de sus familias. Muchas de las notas merecieron grandes titulares de tapa en el impreso de la familia Vila y sus socios. A ello hay que sumar las innumerables menciones, títulos y despliegue en otros medios del grupo como Canal 7 y Radio Nihuil en Mendoza, y el canal América en Buenos Aires. Los ejecutores y comisarios periodísticos de esta política de implantar mentiras y burdas maniobras ante los ojos de la comunidad fueron esencialmente Jaime Correas y Román Lejtman, este último hoy separado del multimedios de manera abrupta, por sus cercanías con Francisco De Narváez.
La nefasta militancia negativa del multimedios Vila-Manzano tuvo la colaboración interesada de medios del Grupo Szpolski. El empresario Sergio Szpolski es propietario de un conglomerado de medios asociado al kirchnerismo: Tiempo Argentino, Revista Veintitrés, El Argentino, CN23, Radio América y Newsweek, entre otros. Todos ellos, auspiciados y sostenidos generosamente por publicidad oficial del gobierno nacional, que fueron puestos al servicio de esta causa para beneficiar a la empresa de Spinanazzola, a Vía Cart, de Hadad, y a Szpolski, que tenía sus propios intereses en el caso. Otros medios que se sumaron a la campaña fueron la agencia oficial Telam, el portal La Política Online, dirigido por Ignacio Fidanza, ex ejecutor de la versión anterior de “El Guardián”, tan bien conocido en Mendoza, y el portal Noticias Urbanas. Más medios de corte oficialista como los de Hadad (especialmente C5N y Radio 10), y el Diario Z (del sindicalista K Víctor Santa María, jefe del sindicato de porteros), y numerosos blogs pagados por el kirchnerismo, se sumaron a la operación cuyo único fin fue quedarse de manera ilegal con una licitación que Publicidad Sarmiento había ganado de manera lícita y transparente.
Así, luego de casi cuatro años de expedientes y persecución penal y mediática, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió dictar el “sobreseimiento de Eduardo Raúl y Orlando Roberto Terranova, Mauricio Macri, Francisco Cabrera, Juan Pablo Piccardo, Tomás Palastanga, Horacio Daniel Tonelli, Horacio Rodríguez Larreta y Patricio Di Stéfano”, dejando constancia además que la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” del que las personas procesadas “gozaren con anterioridad”. Cuatro años después, se terminó de confirmar lo que sostenían los empresarios acusados desde un principio, y la justicia en los pasos en los que los iban sobreseyendo a pesar de los nuevos procesamientos. No hubo delito. Lo que hubo, fue una operación salvaje, económica, mediática, judicial y política, que reconoce muy pocos antecedentes en la Argentina de la democracia.
FUENTE SEPRIN Y TRIBUNA DE PERIODISTAS.
( www.newsseprin.com / www.periodicotribuna.com.ar )
Héctor Alderete