LA PELEA CON LOS GREMIOS NO ES POR LOS TRABAJADORES, SINO POR LOS FONDOS DE LAS OBRAS SOCIALES.
Hace tiempo adelantamos que el gobierno tenia planeado apoderarse de las obras sociales de los gremios, a pesar de las desmentidas, que no es otra cosa que confirmar el hecho cierto, ahora han blanqueado la operaciones.
Con esta medida solo tendrán al idea de apoderarse del dinero, como lo hicieron de la ANSES, y otras cajas más, a los efectos de mantener el modelo de administración de pobreza. Un simil de Venezuela.
Al respecto: “Como les falta plata, van a manotear de cualquier lado”. Lo expresó Alberto Balbi, representante de los trabajadores rurales. Cuestionó con firmeza las iniciativas del Ejecutivo nacional en relación con los fondos de las obras sociales y los salarios.
Y asimismo se refirió a las nuevas reglamentaciones que aprobaron diputados en la madrugada para evitar las manifestaciones del Gremio de los peones de campo :
“Con el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores” se consiguió un fondo de desempleo que jamás lo había tenido el trabajador rural, a pesar de que se lo descontaban a los patrones. Esa plata no se sabía a dónde iba. Es muy importante para el trabajador. El gobierno tiene una puja hace rato, nos quiere eliminar por cualquier parte. Nos quiere modificar el Estatuto del Peón, eliminar la Uatre de la representación de los trabajadores rurales”, expuso este domingo, en declaraciones a LT10.
Así también se refirió a un tema candente en materia política: el avance del gobierno sobre los fondos de las obras sociales, que afecta unos 15 mil millones de pesos. “Eso no es que nos regala el gobierno. Es una plata que le sacan el 15 por ciento de la recaudación para tener ese beneficio, que son de las obras sociales, que son todas las prestaciones que pasan los 30 mil pesos. De eso nos deben 113 millones de pesos”, cuestionó el dirigente. Y sintetizó: “Es una cuestión de caja y como les está faltando plata, van a manotear de cualquier lado”.
En esa misma línea argumental, Balbi evocó la falta de homologación ya mencionada. Mediante el acuerdo entre los gremios y los empresarios, se alcanzaba un incremento salarial de 35,7 por ciento, sin embargo el gobierno nacional lo redujo a un 25 por ciento. “Cuando lo metieron preso a Venegas, decían que los más mal pagos eran los trabajadores rurales. Lo dijo la presidente de la Nación, pero ahora que podría llegar tres mil pesos… El sueldo básico es muy bajo”, enfatizó.
Ahora en referencia a las cajas de las obras sociales esta muy claro que es demasiado dinero que esta en juego y el gobierno hace agua por todas partes y no puede mantener un sistema de prebendas y administración de pobreza sin pagar los costos de una mentira:
Los aportes a las obras sociales que mes tras mes depositan los empleados y sus patrones han quedado bajo la lupa de la Justicia en medio de la investigación por medicamentos adulterados. El número no es menor: alrededor de 2600 millones de pesos lubrican el sistema de salud argentino.
La ruta de esos millones se inicia en el recibo de sueldo que se entrega todos los meses a cualquier trabajador. Y desde allí se reparte entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las obras sociales, sean sindicales o no y, finalmente, las empresas de medicina prepaga.
El primer eslabón es el descuento que se le hace en el sueldo al trabajar. Actualmente, ese porcentaje es de un 3% del salario bruto. Claro que ese descuento tiene un tope de sueldo que es de 11.829 pesos (en marzo pasará a un valor cercano a los 13.000 pesos). Es decir, a los que cobren más que esa cantidad se les descontará un monto máximo que será el 3% del tope fijado. Este monto máximo de aporte se ajusta periódicamente de la mano de los aumentos en las jubilaciones.
El segundo eslabón es el aporte que mensualmente también hace el empleador, que debe depositar el 6% del sueldo bruto de cada uno de sus dependientes. La gran diferencia entre uno y otro es que el pago de la patronal no tiene topes y siempre será un porcentaje del sueldo, sin importar el monto.
Según datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado, y que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector formal argentino tiene 7,52 millones de trabajadores, entre el sector privado y el público, que tienen sueldos en su conjunto por 29.395 millones de pesos por mes.
De esa cifra, alrededor de $ 2600 millones, que equivalen al 9% de ese monto, se vuelcan al sistema de salud. Eso sin contar todas las partidas que el gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales destinan al sistema de salud pública.
¿Qué significa esa cifra? Pues alrededor de la mitad de lo que se destina anualmente para que funcione el Poder Judicial de la Nación, que tiene un presupuesto para 2011 de alrededor de 5000 millones de pesos.
Esos millones, a su vez, también se dividen. El 85% del monto va a las obras sociales sindicales, que son las grandes destinatarias de los aportes de los trabajadores. El resto va a una cuenta de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre otras cosas, con los fondos en poder de la Superintendencia se lubrica la Administración del Programa Especial (APE), el sospechado sistema que ahora investiga la Justicia mediante el cual las obras sociales sindicales cobran los tratamientos prolongados y de alta complejidad que tienen que practicarse sus afiliados. La Justicia sospecha que muchas obras sociales presentaban troqueles falsificados de remedios para hacerse de reintegros que no habían pagado nunca.
Y ahora, las prepagas
Claro que hay muchos trabajadores que derivan sus aportes a las empresas de medicina prepaga. La mayoría de estas empresas no son obras sociales y, por lo tanto, no pueden percibir directamente aportes de los trabajadores. Pero, a diferencia de muchas organizaciones sindicales, tienen la posibilidad de dar prestaciones. Una con el dinero y la otra con la prestación, pues prepaga y obra social negocian para que una recaude y la otra preste servicios.
En promedio de aquel 9% inicial, a la obra social sindical llega un 7,6% del salario del trabajador. Y en una última división, en los casos en que éstas contratan una prepaga, a las compañías privadas llega cerca de un 6,9% del sueldo promedio.
La negociación entre el recaudador sindical y el prestador privado tiene una tercer punta: la empresa que aporta la nómina. Generalmente, esta negociación se da entre las tres partes. Y entonces, sí, llega la división final. En promedio, en el mercado a la prestadora se le paga alrededor de un 6,9% de la nómina. El resto queda en la obra social sindical en concepto de comisión.
DINERO FRESCO
Todos ponen
Los trabajadores contribuyen con 3% del sueldo bruto para la obra social; el empleador paga otro 6 por ciento.
Las Sospechas
El 15% de los aportes queda en el Estado para prestaciones especiales. Ahí puso la lupa la Justicia..
Fuentes: Seprin,. La nación y Radio LT10 .Rosario