Políticos de la oposición y economistas consideraron hoy «grave y peligroso» que desde el oficialismo se haya interpretado que la ley antiterrorismo, aprobada en Diputados, habilitaría a equiparar una corrida bancaria con un «acto terrorista» y advirtieron que ello apunta a «atemorizar» a la población frente a un inminente «ajuste» y a «criminalizar la protesta social».
Las declaraciones del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en el sentido de que la ley que agrava las penas para el financiamiento del terrorismo «permitiría» a un juez «caracterizar una corrida de la moneda con ánimo de desestabilizar un gobierno y voltearlo como terrorismo», puso en alerta a opositores y expertos.
El diputado del peronismo disidente Francisco De Narváez juzgó «una barbaridad, una torpeza y muy peligroso» que se haya hecho esta interpretación y advirtió que el Gobierno hará un «ajuste importante en febrero y marzo», por eso busca «herramientas» para «controlar y atemorizar» a la población.
Opiniones. Desde el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner, el diputado Claudio Lozano coincidió en que trazar un paralelo entre corrida cambiaria y terrorismo apunta a «disciplinar la protesta social en un 2012 que va a tener menor crecimiento económico y mayores problemas».
A su turno, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado acusó al oficialismo de «hacer política económica con el miedo» y sostuvo que la visión en torno a la ley que obtuvo media sanción en Diputados -reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)- demuestra que el «Gobierno tiene una gran confusión».
Aldo Pignanelli, también ex titular de la Unidad Monetaria, dijo que «parece ser bastante grave la propuesta» que una corrida cambiaria pueda interpretarse en esos términos, por lo que señaló que «hay que ver cómo se tipifica el delito» de financiamiento de esa actividad a terrorismo.
Una voz discordante en este escenario fue la del diputado y apoderado nacional del Partido Justicialista, Jorge Landau, quien pidió aguardar para establecer «cómo se manejan estas cosas y en qué términos se plantean», al señalar que si bien «en abstracto es para asustar a la gente», la norma no busca «perseguir» al ciudadano común.
«Lo cierto es que no es para poner presos a los ‘arbolitos’ por formar parte de una conspiración. ¿Se acuerda de lo que decía (el fallecido ex presidente Raúl) Alfonsín del golpe de mercado?. Lo que se busca es frenar esto y que sea el Estado el que arbitra respecto del tipo de cambio o el comercio exterior y no los particulares a través de golpes especulativos», afirmó.
En qué consiste. La ley en cuestión, girada al Senado para su aprobación, castiga el financiamiento al terrorismo y crea el delito bursátil con penas de prisión, con el objetivo de «reprimir y prevenir las actividades que ponen en riego transparencia bursátil y el sistema financiero nacional».
De Narváez alertó que «el kirchnerismo va a hacer un ajuste económico en los próximos meses y está preparando el terreno para poder amedrentar y atemorizar, es por eso lo que han hecho con Papel Prensa: quieren controlar el relato, que cada vez coincide menos con la realidad».
«La interpretación de Sbatella es una torpeza, para calificarlo livianamente, o la señal de un gobierno que claramente está perdiendo las riendas de la gobernabilidad y lo que está haciendo es interpretar equivocadamente» una ley, dijo.
El peronista disidente añadió: «Olvídense de alguien que pudo haber comprado 2 millones de dólares como lo hizo el ex presidente (Néstor Kirchner) en su momento, (y piensen) en una señora que hace una cola para comprar dólares porque tiene que pagar una cuota, o para viajar al exterior o porque simplemente quiere proteger sus ahorros».
A esta señora, se alarmó, «se la puede llegar a considerar que está desestabilizando al Gobierno; es una barbaridad».
«(El Gobierno) está preparando el contexto -prosiguió- para que cuando ese ajuste lo produzca en febrero en marzo, va a tener las herramientas entre comillas para perseguir, para acusar, para amedrentar, para atemorizar a los agentes económicos que naturalmente se van a proteger: desde un asalariado, a un jubilado o también un inversor».
Lozano también fue terminante: «Yo creo que el Gobierno no sabe como inventar una justificación para alguna manera plantear el haber sacado una legislación que es propia de una propuesta política que no tiene nada que ver con lo que el Gobierno enuncia», reflexionó.
Fuente: DyN