El Tribunal Oral Federal N° 3, molesto porque el estudio Wortman Jofré se negó a defender al arrepentido Mario Pontaquarto en una causa conexa a la de los sobornos, decidió supender el juicio y pidió la intervención de la Corte Suprema. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se negó a otorgarle un abogado público.
Un escándalo vuelve a estallar en torno al juicio por los sobornos en el Senado, que finalmente comenzaría el próximo martes. Pero a último momento, el Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, decidió suspenderlo y pedir la intervención de la Corte Suprema.
El problema se generó porque Mario Pontaquarto, la principal «prueba» para avanzar contra los implicados, también tiene una causa conexa que se tratará en el mismo juicio: es acusado de haberse quedado con viaticos del Senado.
El problema es que en la causa por los sobornos, Pontaquarto es defendido por uno de los estudios jurídicos más caros del mercado, Wortman Jofré -uno de los grandes misterios es quién le paga esa defensa-. Pero a dos días del inicio, cuando faltaban los últimos pasos procesales, el arrepentido avisó al tribunal que en la causa de los viáticos no podría ser defendido por ese mismo estudio y solicitó un abogado del Estado.
El argumento que utilizó fue sencillo: no tiene dinero para pagar las dos defensas. Furiosa, la titular de la defensoría oficial de la Nacion, Stella Maris Martínez, respondió que de ninguna manera pondría a un abogado oficial para defender a un acusado que paga altas sumas de dinero a Wortman Jofré.
En ese marco, el Tribunal Oral Federal N° 3, decidieron suspender el juicio hasta nuevo aviso, y pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
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