En la Argentina no se ve que política migratoria, ya han dejado de ser los países limítrofes la mayor fuente de inmigrantes, para expandir la migración de Latinoamérica hacia estas tierras. Lo que sigue es una nota que muestra este problema y su contexto sobre la salud.
EL DERECHO A LA SALUD NO TIENE FRONTERAS
Elena Zúñiga Herrera (Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en EL Salvador)
Históricamente, América Latina y el Caribe fue destino de millones de migrantes que dejaron sus países tras guerras mundiales, conflictos civiles y persecuciones discriminatorias de raza, origen étnico, color y religión entre otras.
En 2010, en América Latina y el Caribe se registró que el 5.2 por ciento de la población (30.2 millones de personas) era migrante. Los 10 principales países emisores de migrantes en América Latina y el Caribe son México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú, República Dominicana, Haití y Jamaica; mientras que los 10 principales países receptores son Argentina, Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile,Paraguay y Bolivia
La migración internacional plantea grandes retos a todos los países del área, tanto a los de destino como a los de tránsito y a los de origen del flujo de migrantes. Por ejemplo, este fenómeno incide en la salud de las y los migrantes y sus familias, situación que demanda de respuestas intersectoriales e interestatales. Particularmente, la juventud y las mujeres migrantes tienen acceso limitado a los servicios de salud, en especial los preventivos, y no cuentan con la información adecuada sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva.
La salud sexual y reproductiva es un derecho intrínseco al ser humano, reconocido por todas las naciones en diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, tras el cruce de las fronteras, la población migrante suele encontrar diversos obstáculos para ejercerlo, tales como barreras económicas, legales, sociales y culturales.
En términos generales, en los países de destino, los derechos de las y los migrantes no suelen ser igualmente reconocidos que los de la población nacional. Incluso, en los países donde en términos jurídicos se reconoce la igualdad de derechos entre la población migrante y la nacional, al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA y violencia sexual presenta diversas restricciones, que van desde el idioma y otras barreras culturales, como horarios inadecuados, desconocimiento y restricciones jurídicas.
La migración indocumentada ha sido la modalidad predominante en los flujos migratorios de las últimas décadas, y es en este contexto que las y los migrantes, particularmente mujeres y jóvenes, sufren los mayores riesgos de salud. Rutas migratorias como la Centroamérica hacia los Estados Unidos, es de tan alta vulnerabilidad, que entre los migrantes se le conoce como la ruta de la muerte.
En dicho trayecto y de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional (2010) las personas migrantes corren un alto riesgo de ser víctimas de asalto, extorsión, abuso físico y sexual, secuestro, desaparición y hasta la muerte. El mismo informe reporta que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes que pasan por el sur de México sufren violencia sexual.5 Como respuesta a la creciente demanda de servicios de salud sexual y reproductiva, prevención del VIH/SIDA y violencia sexual en mujeres y jóvenes migrantes, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) inició en 2008, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la iniciativa regional para América Latina y el Caribe “Salud Reproductiva para Jóvenes y Mujeres Migrantes” cuyo objetivo central es la ampliación del acceso de la población migrante a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención del VIH/SIDA y de la violencia sexual, en las fronteras entre Argentina y Bolivia, Ecuador y Colombia, Costa Rica y Nicaragua, México, Guatemala y El Salvador(incorporado recientemente), y Haití y República Dominicana.
Con esta iniciativa, el UNFPA contribuye con gobiernos y en particular con Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Salud y organizaciones de la sociedad civil, en la construcción de respuestas interinstitucionales e interestatales que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva y salvaguarden la dignidad humana de mujeres y jóvenes, que tienen en común el anhelo de mejorar su calidad de vida y la de su familia y de contribuir al progreso y desarrollo de las naciones involucradas.
Fondo de Población de las Naciones Unidas
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