El primer desafío será conseguir el quórum de 37 legisladores –hasta ahora tiene 36- para comenzar el debate. El segundo, que Cobos desempate a su favor. Con el recuerdo del “voto no positivo” del vicepresidente, el kirchnerismo apuesta a las ausencias. La CGT disidente y la CTA se movilizan al Congreso para apoyar la ley.
El arco opositor del Senado intensifica sus negociaciones para conseguir el quórum que le permita tratar y -probablemente- sancionar la ley que lleva a las jubilaciones con un piso del 82% del sueldo mínimo, vital y móvil, mientras que el kirchnerismo apuesta a las ausencias para no darle a Julio Cobos el poder de desempatar. Persiste en el recuerdo el «voto no positivo» del vicepresidente cuando se trató la resolución 125 de las retenciones móviles.
Lo cierto es que hoy las cuentas están cabeza a cabeza en la Cámara Alta que tratará mañana la iniciativa girada por Diputados. «El quórum lo tiene que conseguir el que quiere cambiar las reglas previsionales», afirmó el jefe del bloque Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto al diarioa La Nación. Ese es el desafío del arco no kirchnerista. El del oficialismo es hacer fracasar la sesión. En el Gobierno reconocen el costo político de vetar la ley si logra ser sancionada.
Como adelantó La Política Online, con el senador chubutense, Marcelo Guinle, la oposición contaría con 36 legisladores a favor de la iniciativa. El legislador apoya el proyecto en general pero objetará el financiamiento.
En la misma posición se encuentran los peronistas disidentes de La Pampa Carlos Verna y María Higonet, que avalan la recomposición de las jubilaciones, pero pretenden que sean financiadas con el 15% de la coparticipación que las provincias ceden para financiar a la Anses.
Desde que el proyecto aterrizó en el Senado, se han presentado varios proyectos similares, muchos de los cuales buscan justificar, en realidad, un eventual rechazo a la propuesta que viene de la Cámara baja.
Es el caso de los fueguinos María Rosa Díaz y José Martínez, aliados del Poder Ejecutivo, que votarán su proyecto para no sumarse al de la oposición. El mismo camino siguieron el kirchnerista mendocino Rolando Bermejo y el neuquino Lores, que propone alcanzar el 82% móvil para las jubilaciones de manera gradual en los próximos cinco años.
Otros nombres que serían claves para garantizar el inicio de la sesión. Se trata del correntino José Roldán (UCR) y del neuquino Horacio Lores (MPN). Este último dijo que no tenía definida una postura, por lo que prolongará la expectativa hasta último momento y con ella las presiones que el Poder Ejecutivo aplicará sobre su gobernador, Jorge Sapag, habitual aliado de la Casa Rosada. Tampoco está claro qué hará Carlos Menem. En la oposición, cuentan al riojano como un voto perdido porque faltó a las últimas sesiones y jugó en favor del kirchnerismo.
Por su parte, el caso del correntino Roldán se ha convertido en la piedra en el zapato de la oposición. Según afirmó hace tres semanas, está en contra del proyecto aprobado por la Cámara baja porque no establece fuente de financiamiento para los aumentos. La duda es si, además, retaceará el quórum.
Según confiaron fuentes radicales, detrás de esta negativa, se esconde el malestar de Roldán con la supuesta persecución judicial que estaría llevando a cabo el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, contra el sector que lidera su primo, ex gobernador y aliado del senador, Arturo Colombi. «Ha pedido que le cierren algunas causas en su contra», reveló un importante legislador de esa bancada.
En este contexto, y a pesar de una eventual modificación al proyecto, la oposición saldría ganando, ya que en la Cámara de Diputados cuenta con la mayoría para aceptar los cambios o insistir por simple mayoría en su sanción original y convertirla en ley. Este es el peor escenario para la Casa Rosada, ya que obligará a la presidenta Cristina Kirchner a aplicar un veto con alto costo social.
De convertirse en ley este proyecto, el piso jubilatorio pasaría de 1046 a 1426 pesos y, en adelante, quedaría fijado en el 82% del salario mínimo.
A la vez, se modificaría la fórmula de movilidad semestral de las jubilaciones y se actualizarían los haberes que quedaron congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006.
El Gobierno sostiene que el Estado no tiene fondos suficientes para pagar ese incremento y estima que la Anses deberá poner unos 40.000 millones de pesos adicionales para cumplir con la ley. La oposición considera que existen fuentes financieras para satisfacer un viejo reclamo de los pasivos y que se debería redefinir el esquema actual de la Anses.
Fuente: lapoliticaonline.com