El juez Bonadío ordenó allanamientos masivos por River. Fue una mañana de mucho ruido y pocas nueces porque no se llevaron nada de importancia.
Hincha de Boca, recibió hace tres meses una denuncia contra la CD de River por varios delitos, la mayoría que ya se investigaba en otra sede penal. En su despacho del cuarto piso de Tribunales, el más político de los jueces federales de la Argentina se tomó tiempo para decidir. Peronista de vieja cepa (militó en los 70 en la derecha Justicialista de Guardia de Hierro y fue menemista en los 90), y con buena sintonía con el kirchnerismo al que le frenó varios juicios en su contra, Claudio Bonadío se apoyó una vez más en su escritorio, donde tiene una cruz de madera y un curioso cartel que de un lado dice “Todo pasa” y del otro, “Todo vuelve”. Vaya uno a saber cuál máxima leyó al ordenarle a la Policía allanar River, la AFA, la consultora KMPG y las casas de José María Aguilar, Mario Israel y Daniel Passarella en busca de material probatorio para respaldar la causa por administración fraudulenta, balances falsos, cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero que tramita en su juzgado, y que fue impulsada por el polémico abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Pero se llevaron poco y nada.
Leído de una, parece una cruzada moralizadora sobre una dirigencia sospechada de manejos espurios. Pero en la práctica hay que ver si no termina retrasando la investigación que sobre casi los mismos hechos tramitan hace tres años en el juzgado 4 de Instrucción, donde la Cámara ordenó profundizar el proceso por administración fraudulenta por la contratación de nueve barras como empleados del club y por los sospechosos pases de Higuaín, Maxi López y Belluschi, entre otros. Es que al tener el mismo objeto, ahora se pelearán los juzgados para saber quién se queda con el caso. Y eso dilata los tiempos de una causa que si no tiene definiciones rápidas, corre como toda causa política, el riesgo de prescripción.
¿Por qué Bonadío aceptó investigar algo que un colega ya tenía? El denunciante Kalbermatten alegó que como River recibe dinero del Fútbol para Todos y este programa se financia con plata del Estado, si esos billetes se usaron para actividades ilícitas se defraudó al país, por lo que es un delito federal. El argumento está traído de los pelos pero sirvió para que Bonadío allanara la AFA en busca del bendito contrato por el cual River recibe cerca de $30.000.000. Pero además el fiscal Cearras habría agregado un presunto lavado de dinero, por cuentas que supuestos testaferros de Aguilar e Israel tendrían en México, Luxemburgo y Suiza por la friolera de U$s 18.000.000. Este también es un delito federal. Claro que hace dos años la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabandos puso la mira en estas cuentas y si bien registró 54 sospechosos viajes a Uruguay en horarios bancarios, no pudo certificar nada y la causa languidece en el juzgado penal tributario 1.
Otro punto de la denuncia es la famosa auditoría encargada por Passarella a la empresa KPMG sobre la gestión Aguilar. Kalbermatten asegura que nunca se publicó el resultado porque había serias irregularidades y la AFA presionó al Kaiser para pararla. Por eso, el juez allanó la casa de Passarella y las oficinas de la consultora para ubicarla. Y también River, donde además se buscaban datos sobre los pases de los jugadores involucrados, los balances de las gestiones Aguilar y Passarella y varios contratos con empresas tercerizadas que habrían sido leoninos. De lo que se desprenda de ahí y de la voluntad de la Justicia depende el futuro de la causa. Ahí sabremos qué parte del cartel de su escritorio leyó Bonadío: todo pasa o el bendito todo vuelve.
Fuente: Olé