Una declaración de la entidad salió al cruce de versiones periodísticas, donde se aludía al consejo elaborado por un grupo de abogados y contadores.
BUENOS AIRES (DyN y EFE) — Las Madres de Plaza de Mayo negaron ayer los rumores sobre un eventual cierre de la Fundación, tras las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos asignados por el Estado a la construcción de viviendas sociales.
«Parimos con amor cada uno de nuestros proyectos y, como a nuestros hijos, no los abandonaremos», señaló un comunicado de prensa firmado por su titular, Hebe Pastor de Bonafini, que, en otro párrafo, los enumera:
* La Universidad Popular.
* El Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi).
* La Radio de las Madres.
* El café literario Osvaldo Bayer.
* La librería y biblioteca popular «Julio Huasi».
«En ningún momento, se pensó en cerrarlos», aclaró el texto.
El diario «La Nación» , citando a voceros de la organización, publicó que un grupo de abogados y contadores había analizado los emprendimientos y que, en ese marco, evaluó el cierre de la Fundación, de la cual fue apoderado Sergio Schoklender, imputado por presunta corrupción con dineros públicos.
«Por más que el deseo de algunos medios sea ver a las Madres derrotadas, eso nunca ocurrirá. No pudieron los militares, tampoco los estafadores, ladrones o medios de prensa que apoyaron la dictadura. Defender el derecho a la información veraz y fidedigna es también defender los derechos humanos», concluyó la declaración refrendada por Bonafini.
Desde junio pasado, el juez federal Norberto Oyarbide investiga las aparentes anomalías en el manejo de fondos públicos asignados al llamado plan «Sueños Compartidos».
La causa traspasó las fronteras cuando Schoklender denunció que la organización manejaba una cuenta con dos millones de euros en la Caja de Ahorros de Asturias (España), acusando a Bonafini, paralelamente, por financiar gastos de campaña de algunos candidatos del kirchnerismo.
Hebe, de 83 años, reconoció que pudo haberse contratado a la imprenta de la Fundación para confeccionar carteles proselitistas del Frente para la Victoria, pero desechó que se hayan aportado fondos al proselitismo. También aseguró que la cuenta aludida por Schoklender fue cerrada hace cinco años.
La paralización del plan «Sueños Compartidos», que construyó miles de viviendas para personas de bajos recursos en todo el país, desató protestas de los trabajadores contratados que reclaman salarios atrasados e indemnizaciones por despido.
Fuente: http://www.lanueva.com