La Justicia federal dio intervención a la Procuración General del Tesoro para que determine si corresponde «el inicio de las acciones de reparación» a favor del Estado y contra el ex ministro Domingo Cavallo y otros funcionarios de la dictadura militar que ordenaron y llevaron adelante la «estatización de la deuda externa privada» por U$S17.000 millones. Fue en 1982, cuando Cavallo era titular del Banco Central.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio intervención a la Procuración General del Tesoro para que determine si corresponde «el inicio de las acciones de reparación» a favor del Estado y contra el ex ministro Domingo Cavallo y otros funcionarios que llevaron adelante la «estatización de la deuda externa privada», que luego se transformó en 17 mil millones de dólares de deuda pública.
Fuentes judiciales informaron que la medida del juez obedece a un pedido formulado por el fiscal federal Federico Delgado, y para saber si esa medida económica hizo que se favorecieran a ciertas empresas privadas.
Delgado le había solicitado al juez que se «remita copias de las partes pertinentes al Procurador del Tesoro para que evalúe si los hechos justifican el inicio de las acciones de reparación contra los funcionarios públicos que implementaron estas políticas públicas y las empresas que se beneficiaron a costa de ellas».
Estas medidas se dan en el marco de una causa que se investiga a Cavallo, quien en 1982 era presidente del Banco Central y luego se desempeñó como ministro de Economía en el Gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
Según ese dictamen de Delgado, la estatización que se llevó a cabo en 1982 «significó, aproximadamente, el monto equivalente a diecisiete mil millones de dólares del total de los cuarenta y tres mil millones de dólares que aglomeraba la deuda externa declarada en 1983».
El fiscal insistió con que «el objeto procesal que abarca esta ´mega causa´ es complejo y requiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina».
En su acusación, Delgado aseguró que «las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir del año 1981, por el Banco Central de la República Argentina», y agregó que ello derivó «en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación «A» 251 del banco del mes de septiembre de 1982″.
«En palabras del economista Eduardo Basualdo, en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada», expresó Delgado.
Delgado justificó «la inminente necesidad de dar intervención al Procurador del Tesoro, a los efectos resarcitorios», y para evitar la posibilidad de prescripción de la causa «ya que si esta muere comienza a fenecer la posibilidad del reclamar la responsabilidad de funcionarios que subordinaron el interés público al que debían defender a los privados que debían controlar».
Fuente: NA