Birmingham (EEUU), 1 de setiembre (Télam).- Los opositores a la nueva ley de Alabama para controlar la inmigración realizarán hoy un acto de protesta en Birmingham, en el estado de Alabama. El acto estaba programado para coincidir con la entrada en vigor de la ley, pero un jueza federal, Sharon L. Blackburn, aplazó esta semana la aplicación, con el argumento de que necesitaba más tiempo para analizar las demandas presentadas por opositores que dicen que la legislación es inconstitucional, informó la cadena televisiva CNN. La jueza expresó que emitirá un fallo el 28 de septiembre, y su orden de suspensión temporal estará vigente hasta el día siguiente. La semana pasada, Blackburn escuchó argumentos del Departamento de Justicia y otros durante una audiencia de un día. Leyes similares fueron aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia, donde jueces federales bloquearon todas o algunas cláusulas de las leyes. Entre los oradores en el acto de hoy estuvieron el alcalde de Birmingham, William Bell, líderes religiosos y representantes de grupos hispanos y de derechos de los inmigrantes. Tanto los partidarios como los que se oponen a la ley de Alabama dicen que es la más dura del país contra los inmigrantes que carecen de permiso para vivir en él. La norma exige que las escuelas verifiquen el estatus migratorio de los estudiantes, aunque no impediría que quienes viven ilegalmente en el país asistan a las escuelas públicas. Además convierte en delito en Alabama ser inmigrante sin permiso para estar en Estados Unidos, así como trabajar en esa condición en el Estado. También hace ilegal ayudar a un inmigrante que no tiene autorización para vivir en el país al ofrecerle un trabajo, una vivienda o, por ejemplo, llevarlo en auto, una cláusula que líderes religiosos temen obstruirá su labor humanitaria. Con la nueva legislación, la policía podrá detener a inmigrantes no autorizados a vivir en el país, tras multarlos por infracciones de tránsito. Los conservadores de Alabama trabajaron por años para buscar una manera de recortar el gasto público que beneficia a los inmigrantes. Cifras del censo difundidas este año señalan que la población hispana del estado se duplicó durante la última década hasta alcanzar 185.602 personas, el año pasado. Los defensores de la ley sostienen que muchos de ellos están en el país sin permiso.