Con una nutrida marcha a Tribunales, el kirchnerismo reclamó a la Corte Suprema para que aplique en lo inmediato la cláusula de desinversión a los dos principales grupos de medios, aunque el máximo tribunal remarcó que la movilización tendrá «influencia cero» en su decisión.
Integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos marcharon desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires convocados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática y se concentraron en la Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte, para pedir por la aplicación absoluta del artículo 161 de la Ley 26.522.
Aunque la ley finalmente se encuentra en vigencia y según el Gobierno ya comenzó a correr el plazo de un año fijado por el artículo 161 para que las empresas se desprendan de las licencias
de televisión y radio que excedan los límites establecidos, los grupos Clarín y Uno (Vila-Manzano) están protegidos de los efectos de la resolución por dos medidas cautelares que suspendieron la
aplicación de esa cláusula.
Precisamente es ese planteo el que debe resolver ahora la Corte Suprema y en la Casa Rosada entienden que la demora resulta beneficiosa para el Grupo Clarín, a poco más de un año de las
elecciones presidenciales.
El escenario montado a los pies del palacio judicial recibió a militantes de la CGT y la CTA; de la organización Tupac Amarú de Milagros Sala; del Partido Comunista; del Frente Transversal de
Edgardo Depetri; el Movimiento Evita de Emilio Pérsico; la Federación Tierra y Vivienda de Luis D Elía; la Colina de Alicia Kirchner; el MTD Aníbal Verón; y grupos que respondían a varios
intendentes bonaerenses aliados a la Casa Rosada.
«Siempre hablan de la independencia del Poder Judicial, pero nada dicen de que esa justicia sigue siendo dependiente de los poderes económicos, de los que manejan los medios de comunicación
oligopólicos que son los que armaron los brazos genocidas de la dictadura para sacar provecho», denunció el representante de la CGT y líder de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, el
primero en tomar la palabra sobre el escenario.
Sobre el palco pudo observarse a funcionarios de la Autoridad de Aplicación y el Consejo Federal, encabezadas por Gabriel Mariotto y Néstor Busso, además del director de la Anses, Diego Bossio; el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; el diputado Martín Sabbatella, el intendente Julio Pereyra; la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Pimpi Colombo; y secretario de Empleo, Enrique Deibe.
Pero además de funcionarios y dirigentes marcó presencia en el acto una veintena de artistas que apoyan al Gobierno de Cristina Kirchner, entre ellos Florencia Peña, Anabel Cherubito, Ignacio
Copani, Esther Goris, Teresa Parodi y Arturo Bonín.
En el mismo lugar donde a mediados de abril pasado desembocó una masiva movilización para pedir por la reactivación de la ley, la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, advirtió
que «la justicia tardía no es justicia» y les pidió a los magistrados «que se apuren y actúen para que la ley se ponga en ejecución».
«Tenemos que apoyar aunque nos digan oficialistas como si fuera una mala palabra. Estamos sosteniendo una democracia difícil, luchando contra los Magnetto que nos han robado los nietos y nos quieren seguir robando», señaló Carlotto al tomar la palabra.
Pero el discurso más duro estuvo a cargo de la titular de Madres, Hebe de Bonafini, quien lanzó esta noche duras acusaciones contra los jueces de la Corte y llamó a la militancia oficialista a «tomar el Palacio de Tribunales» si es necesario para que se aplique completamente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
«No dejemos la calle, hagamos una marcha por mes si es necesario pero saquémosle a la Corte una decisión que es nuestra. Y si tenemos que tomar el palacio de tribunales tomémoslo compañeros», señaló Bonafini ante cientos de militantes.
A pesar de la manifestación, voceros de la Corte Suprema aseguraron a Noticias Argentinas que al máximo tribunal «no le preocupa la movilización» frente al Palacio de Tribunales y se ocuparon en dejar en claro que iniciativas como estas no tienen «influencia» en los fallos de los siete ministros.
«La influencia que tiene es cero», afirmó una importante fuente de la Corte en referencia a la protesta del oficialismo, que se produce en uno de los momentos más difíciles en la relación entre
el Ejecutivo y el máximo tribunal.
El revés por el caso del ex procurador santacruceño Eduardo Sosa y el pedido de extradición del ex guerrillero chileno Sergio Apablaza Guerra tensaron en las últimas semanas la relación entre la Casa Rosada y la Corte, a lo que se sumó ahora la pelea por el supuesto recorte presupuestario para 2011 y la expectativa por el fallo por la ley de medios.
Fuente: 26noticias