La senadora colombiana Piedad Córdoba aseguró hoy que sus contactos y encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las autoridades y que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sanción de 18 años de inhabilitación que se le impuso por supuesta colaboración con la guerrilla.
En una rueda de prensa, la congresista del Partido Liberal, inhabilitada ayer para ejercer cargos públicos, se defendió públicamente de las acusaciones que llevaron a la Procuraduría (Ministerio Público) a sancionarla.
«Voy a recorrer el mundo, como lo he venido haciendo, como lo he venido expresando, buscando la paz para el país y que se conozca que lo que Colombia necesita es la paz», manifestó.
Córdoba agradeció el «apoyo permanente a la paz de Colombia» que ha dado el presidente venezolano, Hugo Chávez, y también envió un saludo de gratitud a los presidentes Cristina Fernández, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia.
Chávez expresó la víspera que está «absolutamente seguro» de la inocencia de Córdoba y tildó de «infamia» que a la senadora colombiana se le acuse de «colaborar» con la guerrilla.
La senadora, ex mediadora con las FARC para la liberación de rehenes, insistió en que sus únicos contactos con guerrilleros fueron hechos públicos y autorizados por las autoridades.
Así aclaró que como senadora visitó en cárceles de Estados Unidos a «Simón Trinidad» y «Sonia», y en otro momento tuvo una «única y primera reunión» con «Raúl Reyes», cuyo vídeo dio a conocer ella misma a las autoridades, todos ellos ex jefes de la guerrilla.
«No comparto esta decisión porque se está criminalizando la labor humanitaria», remarcó en un acto en el que no paró de dar las gracias a todos aquellos que le han expresado su apoyo en estos momentos difíciles.
Comentó, además, que la sanción responde a una persecución por el simple hecho de pensar distinto y remarcó que «toda la ofensiva de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, servicio de inteligencia colombiano), la Interpol, la CIA y la DEA (…) son una muestra fehaciente» de su inocencia.
«No se puede criminalizar la tarea humanitaria, la paz no se puede dejar al capricho de unos y otros», insistió.
Aunque reconoció que este hecho «va a cerrar mucho las posibilidades de trabajar de manera incansable», no le va a amilanar y seguirá en su labor humanitaria porque, manifestó: «La paz es mi compañera de vida».
«A los secuestrados y secuestradas del mundo y del país, a los retenidos y retenidas por las FARC, tengan la absoluta certeza que esto no nos va a arredrar, no me va a intimidar, no me va a amilanar, no vamos a dejar solas las familias», añadió.
Varios ex secuestrados que encontraron la libertad gracias a las gestiones de Córdoba cuestionaron hoy la sanción, entre ellos el ex congresista Orlando Beltrán, quien calificó el fallo de «insólito», tras recordar la tarea de la senadora para que más de una docena de rehenes fueran liberados.
También el ex senador Luis Eladio Pérez, quien pasó seis años y medio secuestrado, afirmó hoy: «Esta Procuraduría aplica doble moral, para unas cosas aplica la Ley y para otras le hace el esguince», indicó Pérez.
Por su lado, el ex diputado regional Sigifredo López, único superviviente de un grupo de 12 legisladores del departamento del Valle del Cauca secuestrados en 2002, dejó claro que «para ser gestor de paz hay que hablar con los bandidos».
Entre las críticas vertidas contra la decisión de la Procuraduría las más duras vinieron de la izquierda, y la presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, alertó de que la sanción impuesta a Córdoba «abre paso en Colombia al delito de opinión».
López hacía alusión al precio que pagó la senadora por decir recientemente ante el Parlamento Europeo que Colombia es «una gran fosa común».
La dirigente del PDA hizo votos porque este fallo no abra una nueva «etapa de persecución política» contra quienes defienden el diálogo y la salida pacífica del conflicto.
El Partido Liberal, al que pertenece Córdoba, emitió un comunicado en el que «lamenta la decisión» y expresa su confianza en que la senadora «pueda hacer uso del debido proceso».
El documento recuerda que las gestiones para la liberación de secuestrados «contaban con la autorización del Gobierno de ese entonces y el respaldo del liberalismo».
Fuente: EFE