Por Jackeline LUISI PARA SEPRIN
CONOZCA LOS MANEJOS ESPÚREOS DEL SINDICATO UCAIRRA Y SU OBRA SOCIAL OSCRAIA
Habrían capturado de la mano de Alejandro POLI vía CAPACCIOLI, la Obra Social OSCRAIA, quien coordinaba, controlaba y dirigía ambas entidades.
Se habría presentado ante la Justicia una Denuncia de un afiliado antiguo Nº 3646 de la “lista verde”, CAUSA Nº 7743/11 , patrocinada por el Dr. EDUARDO SERGIO OSCAR VACIRCA , por falsificación de documentos, violación de los deberes de funcionario público, robo de expediente, Estafa a remiseros, abuso de poder, falsificación, sabotaje continuo para detener la normalización electoral del gremio, impidiendo la conducción de UCAIRRA y la administración de OCRAIA (obra social intervenida por el procesado CAPACCIOLI mediante el Doctor CUMINI, Administrador Provisorio quien se presume desde el año 2008 no ha rendido cuentas).
Se presume una Asociación Ilícita por causa tramitada ante el Juzgado del Doctor Oyarbide por medicamentos truchos, por la cual, la obra social fue allanada el 3 de diciembre.
UCAIRRA se encuentra acéfalo, usurpada e intervenida hace 5 años, no permitiendo que existan legítimamente autoridades gremiales que controlen su obra social (OSCRAIA).
Se analizaron 18 planillas de avales presentados por Raúl A. Albil y Luis Pablo Narvaja y el Apoderado Héctor D. Martínez “Lista Naranja”.
A continuación se adjuntan las planillas de personas con claros delitos reiterados al igual que otros denunciados.
En las dos últimas décadas hubo un gran incremento económico de varios choferes y CONDUCTORES OCASIONALES. Obtuvieron dinero de las indemnizaciones, y lo primero que hicieron, fue comprar su 0 Km, los llamados “AUTOS AL INSTANTE”.
De esta manera, se produjo la necesidad de controlar la evasión fiscal y laboral. La fundación del Gremio curiosamente se hizo con la presencia de 100 afiliados, existiendo en dicha fecha más de 100000 afiliados vinculados a la actividad, representando solo el 0,1 % aproximadamente (1995/98).
Así se configuró la suma de 3.000 millones de dólares por año, evadiendo ganancias espectaculares, calculando un promedio de 80 U$S por día por auto.
Pero esto solo es un poroto, ante la aparición de otros intereses que tenían que ver con tráfico de sustancias prohibidas, en una maniobra de delivery, variando autos, modelos y colores.
Según la información que se presenta en la causa, el 25 de marzo del 2005 este gremio habría sufrido un desmanejo incomprensible (en la elección solo participó una sola urna en Villa Jardín), con POLI MICUCCI, falsificaron la resolución ministerial expuesta por denuncia del 19 de julio del 2007, Mnisterio de Trabajo del Reg Lanús Expediente 21523 y 11723, USURPARON EL SINDICATO BORRANDO LA FECHA.
En el 2008 se designa al Contador CIANGUIA, quien renuncia en el 2009.
Sobreviene así la acefalía. Se encontraba el Doctor CUMINI como Administrador Provisorio de OSCRAIA, quien se presume, fue propuesto y controlado por Alejandro POLI con permiso gremial con base en Quilmas en clara e ilegal competencia con UCAIRRA, en territorios donde no tendrían permiso para actuar, al igual que el Contador Torrent procesado por el tema de medicamentos y designado por Héctor Capaccioli.
Se presume que MICUCCI recibía de POLI 5.000$ mensuales, razón por la cual, éste le firmaba todo lo que le daban configurándose otro delito. Existiría una denuncia por USURPACION Y CONTRATOS ILEGALES.
El Contador Torrent y el Abogado Martínez Chas , se presume, son asesores de Alejandro POLI, y serían los ideólogos y organizadores de esta trama.
Curiosamente Martínez Chas, Abogado de MANGONE en la Comisión arbitral de la CGT (cómplice de POLI en OSCRAIA), que le sacó 35000$ sin extender ningún recibo por honorarios, siendo testigos del caso Antonio Fernández Llorente del Canal 26, el remisero Marcelo Spatafore (quien lo llevaba a efectuar aportes) y Marcelo Imbroglio, empresario vinculado a la telefonía en aquella época.
Con todo esto, se podría deducir que POLI, MARTNEZ CHAS y TORRENT son los organizadores natos. Invocan sin vergüenza alguna altos dirigentes gremiales (como es el caso de un reconocido hombre vinculado al sector camionero y de otro importante dirigente gremial relacionado al campo), se sacan fotos y así comprometen a los mismos, con sus actividades poco claras.
En el año 2010 encontramos (está en la causa) 4 hechos delictivos:
a) Vaciamiento del local sito en Caseros 3745 C.A.B.A., se presumen se hurtaron o mudaron muebles viejos y la documentación del gremio “documentos e instrumentos públicos”. La excusa del abandono del local fue reintegrarlo a sus dueños (a quienes les deben, presuntamente, 40.000$).
b) Se produjo la apertura en una oficina en Avenida Corrientes 987/989, en un primer piso oficina 7.
c) Rechazaron 3 listas y tres impugnaciones mal presentadas e incompletas, desconociendo las autoridades, muy mal armado el tema.
d) En Caseros 3679 de C.A.B.A., lugar donde trasladan los objetos y la documentación e instrumentos públicos del gremio, hurtados por GIGANTE y tres personas más.
e) Se presento en el diario La Prensa, el martes 25 de enero 2011 un edicto presuntamente falso, suspendiendo el cronograma y anulando la designación de autoridades en ejercicio, y se entregó una resolución que se presume falsa.
El domicilio de la publicación falso habría sido el de calle Uruguay 979, 3er piso, domicilio de CHAS, donde funciona curiosamente una empresa de provisión de servicios por insumos médicos vinculados con POLI.
Entonces adjuntamos los PRESUNTOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LA CAUSA:
Algunos datos para recordar de CAPACCIOLI:
Ex super intendente de Servicios de Salud de la Nación. Tesorero de la campaña de Néstor Kirchner. Procesado por irregularidades en el traspaso a fines de 2007 por 48 millones de $ a 52 obras sociales en concepto de reintegro a esas entidades por tratamientos médicos complejos. En su momento Brito aseguró que CAPACCIOLI y LORENZO “hacían negociados” para desviar fondos de la administración de Programas Especiales (APE) a las Obras Sociales. También BRITO los acusó de falsificar recetas o historias clínicas, a las cuales se adjuntaban troqueles falsos y de esta manera, podían cobrarle al Estado remedios por tratamientos que no existían).
Oyarbide lo procesó por “malversación de fondos” y ordenó trabar embargo por 500.000$.
“La distribución de 47 744 650 de pesos para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades afecta a la administración pública”. Según se desprende de la foja 16 Oyarbide asegura que la SSS no tenía atribución para repartir fondos para programas de salud –http//www.ambito.com
Por Jackeline LUISI PARA SEPRIN