El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, negocia en México con las autoridades del GAFI para evitar que la Argentina sea sancionada por no combatir el lavado de dinero. El funcionario expondrá los avances del último año y pedirá que se demore cualquier tipo de penalidad hasta octubre, tras las elecciones. A cambio, aceptaría recibir a una misión técnica del organismo en el país.
El comité del GAFI, organismo que promueve políticas contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, se reunirá mañana para analizar si Argentina cumplió y avanza en el control de estos delitos. Pero desde el viernes funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner se encuentran negociando para evitar el escenario más temido: que el país reciba una sanción, en medio del escándalo Schoklender y a pocos meses de los comicios presidenciales.
«Desde la última evaluación, finalizada en junio de 2004, Argentina no ha hecho un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias detectadas en ese momento, y las medidas legales y preventivas Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo (CFT) no tiene eficacia», se quejaba el GAFI en uno de sus últimas evaluaciones, a fines de 2009.
La estrategia de Sbatella se basará en el reconocimiento de los nulos avances hasta el 2010, para resaltar el giro que se dio desde entonces. Es que el funcionario ahora tiene medidas concretas para mostrar: la sanción de la nueva ley antilavado -que había sido expresamente solicitada por el GAFI-, y una serie de resoluciones que tomó la UIF, entre las que figuran multas a bancos por no haber reportado operaciones sospechosas durante dos años, y también la imposición de tareas de control a sectores que pueden ayudar a evitar estos delitos financieros: escribanos y despachantes de aduana, por ejemplo.
El argumento del funcionario argentino es que finalmente -y luego de muchas demoras, por cierto- se está avanzando en el camino correcto. Por eso pedirá que no se incluya al país en la categoría «gris» por lo menos hasta octubre, para no generar mayor incertidumbre hasta pasen las elecciones presidenciales. A cambio, Sbatella ofrece habilitar una misión técnica del GAFI al país, que también sería recibida tras los comicios.
La delegación argentina cuenta con una carta importante que acompaña esta táctica: la semana pasado, el GAFI Sur -la oficina regional de la entidad- emitió una resolución en donde dice que en los últimos meses hubo avances en el país. Se trata de la opinión de sus propios técnicos. Pero el clima que se vive en México es de cierta tensión, por a pesar de confiar en su postura, entienden que igualmente pueden recibir las penalidades.
Así, el Gobierno intenta esquivar un nuevo escollo ante el inminente anuncio de la candidatura de la Presidenta, y además ganar tiempo para avanzar con más resoluciones que conformen a las autoridades de este organismo internacional. La decisión del Comité del GAFI se anunciará oficialmente el próximo viernes, aunque no se descarta que pueda filtrarse información mañana mismo.
Sin duda, con este planteo Sbatella defenderá la posición Argentina, pero también aprovechará para mostrar los logros de su gestión y despegarse de las acusaciones por haber demorado investigaciones contra los «amigos» del Gobierno.
Al titular del UIF se lo acusa de no haber investigado al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, tras las denuncia que presentó la diputada Elsa Quiroz, de la Coalición Cívica. Y el escándalo estalló poco tiempo después.
Pero también se lo señala por demorar durante meses la investigación sobre Hugo Moyano, por presuntas irregularidades detectadas en la obra social de Camioneros, y de frenar más de diez sumarios contra el Banco Macro, del empresario kirchnerista Jorge Brito.
Las nuevas exigencias
La posibilidad de una sanción creció en los últimos días, a pesar de que el Gobierno argentino cumplió con el pedido de aprobar una ley antilavada más estricta. Las especulaciones, entonces, señalaban que fueron los EEUU -que tiene un rol preponderante en el GAFI- el que impulsa la pena, como una forma de «vengarse» de la confiscación de material bélico norteamericano en Ezeiza. Allegados a Sbatella niegan esa posibilidad.
Lo cierto es que Estados Unidos impulsa el endurecimiento de las medidas de control para el lavado de dinero, pero sobre todo combatir el financiamiento de los grupos terroristas, tras el atentado a las Torres Gemelas. Así se terminó, por ejemplo, con el secreto bancario en todo el mundo.
En ese marco, el GAFI ya habría transmitido su preocupación la falta de monitoreo en el financiamiento de las organizaciones sociales. El caso D’Elia es un claro ejemplo, por su relación con Irán.
También plantearon que la UIF debería tener poder confiscatorio. Los funcionarios argentinos intentaron explicar que eso es muy complicado, porque en nuestro país solamente un juez puede confiscar bienes.
Fuente: lapoliticaonline.com