Por Jackeline LUISI PARA SEPRIN
En reportaje al Programa de Radio: «La Botica de Jackeline», que se emite los días viernes de 12 a 14 hs por AM 1470 Radio Cadena de Lanús, la polémica Cecilia Pando precisó la cantidad de presos políticos fallecidos por falta de atención médica.
«Hace dos meses que nos estamos manifestando frente al Palacio de Justicia (Talcahuano 550 C.A.B.A.), con una muestra fotográfica para que se conozca la otra cara de la moneda.La gente y los adolescentes en particular, solo conocen la historia oficial». Dijo, Cecilia Pando.
La muestra se puede ver todos los martes de 8.00 a 14.00 horas en la puerta del Palacio de Justicia. Contiene fotos y material que muestran los atentados producidos por los terroristas en nuestro país. También contiene fotos de presos políticos militaeres, y de fuerzas de seguridad, en condiciones miserables, que muestra las ilegalidades y las violaciones a sus garantías constitucionales que se les hace.
«Los jueces miran a un costado, porque son cómplices», nos cuenta Pando, quien también junto a un grupo de mujeres que la acompañan, colocan un libro de firmas para que la gente se acerque, firme y acompañe su queja.
Piden por «Justicia y Concordia», para que no haya más un preso político en la Argentina. «Debemos dejar el pasado atrás. Los Argentinos merecemos mirar al futuro», expresó Cecilia, a la vez que nos contaba que la sorprendia la cantidad de gente ue había firmado el libro hasta la fecha.
El pasado 7 de junio a las 11 horas, el grupo de abogados de «Justicia y Concordia» liderados por el Doctor Alberto Solanet, presentó una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, ya que vienen pidiendo audiencias con el juez que interviene en la causa y hasta la fecha, nadie les ha respondido.
A continuación transcribo la carta:
A La Suprema Corte De Justicia De La Nación
Segunda Carta Abierta
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
Señor Presidente de la
Suprema Corte de Justicia
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Palacio de Justicia
S / D
Hace poco más de un año, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia dirigió una carta abierta a ese Alto Tribunal. Le señalamos, entonces, Señor Presidente, en nombre del nutrido grupo de abogados que nos integra, nuestra preocupación por encontrar instaurado en nuestro país, con la ratificación de ese Alto Tribunal, una suerte de derecho de dos velocidades o de doble estándar, en que las garantías básicas y los derechos fundamentales rigen para unos, pero resultan letra muerta para otros., el Alto Tribunal, señor Presidente, conoce perfectamente quiénes son los “unos”, los que tienen derechos, y quiénes son los “otros”, los que carecen de todo asomo de ellos. Los imputados de delitos de “lesa humanidad”, es decir, aquellos militares, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que, entre 1976 y 1983, combatieron contra el bando guerrillero y terrorista, sufren una automática derogación a su respecto de principios jurídicos básicos como los de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, etc. Sería irrespetuoso recordar al Alto Tribunal su propia jurisprudencia en estos puntos y respecto de aquellos imputados “especiales”, que alcanzó un pico con la decisión en “Mazzeo” de declarar la nulidad de indultos desconociendo una resolución propia, en la misma causa, que había declarado la constitucionalidad de esos mismos indultos.
Como en nuestra carta anterior, señor Presidente, para evitar los malentendidos de los malpensantes, señalamos que no es nuestra intención de reivindicar un bando frente a otro o declarar buenas algunas demasías frente a otras consideradas repudiables (ese es el lamentable saldo, por otra parte, que surge del derecho de dos velocidades y queremos evitar). Cumplimos un deber como ciudadanos y como abogados, en pos de las finalidades que se asocian en el nombre de nuestra agrupación: justicia y concordia. La concordia es un bien común irrenunciable de una sociedad política, ya que sostiene la convivencia, el existir con otros en que se asienta el mismo ser de las personas. El doble estándar jurídico hasta hoy impuesto destruye la concordia y torna inacabable la guerra intestina. En cuanto a la justicia, tiene por objeto el derecho, un bien común que permite dar a cada uno lo suyo.
Señor Presidente: La destrucción de ese bien común por medio de las dos velocidades se ha llevado puesta a la justicia.
Por eso, como ciudadanos y como abogados, nos hemos plantado frente a la discordia y a la injusticia establecidas como sistema. Por eso no aceptamos que unos argentinos, por haber estado en lo que hoy se supone la trinchera equivocada, sean arrojados de inmediato a la categoría de apestados jurídicos, sin posibilidad de un juicio justo. Por eso no aceptamos, Señor Presidente, que a estos “relegados de la sociedad”, siendo ya ancianos la mayoría de ellos, se los mantenga en prisión por una decisión política, en condiciones de inusitada dureza. Por eso señor Presidente, escribimos aquella carta hace un año y presentamos ésta ahora. De la misma manera que lo haríamos respecto de cualquier persona o grupo cuyo derecho sea del mismo modo avasallado.
La respuesta fue, en aquella ocasión que viene de recordarse, el silencio del Alto Tribunal. No se nos escapa Señor Presidente, que el silencio es, a veces, necesario para un tribunal de justicia. No obstante usted quebró esa costumbre ancestral, cuando declaró, ante ministros, dirigentes políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Juez Garzón (suspendido en España por prevaricato), que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos” y que el avance de estas causas no es solo el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de los tres poderes, en especial del poder judicial, en lo que usted mismo llamó “política de estado”. Este desborde, señor Presidente, conlleva un grosero prejuzgamiento, evidencia que en la Argentina se ha suprimido el equilibrio y control republicanos, y que la legalidad ha sido sustituida por una difusa y amañada “política de derechos humanos”. Por otra parte hay silencios que aturden, como el que se guarda frente a los atropellos a la independencia judicial, con jueces perseguidos o amenazados por no plegarse a las directivas del poder de turno. Ese mismo Alto Tribunal ha callado cuando sus sentencias, como en el caso “Sosa”, se incumplen abiertamente, sin que se impulse acción alguna contra los cabecillas de esa desobediencia. Y un tribunal que no puede lograr que se cumplan sus fallos, queda al punto desacreditado.
Viene al caso recordarle, señor Presidente, que apenas cuatro años atrás usted declaró públicamente que “si un juez se siente presionado (por el Poder Ejecutivo) debería renunciar” (La Nación, 11/4/2007). Como así también que “ya superamos la etapa de la transición, Ahora debemos procurar que el Poder Judicial sea independiente…” (La Nación, 3/9/2007).
Renuncie, señor Presidente; se ha arrodillado y, peor aún, ha arrodillado al Poder Judicial ante los ocasionales funcionarios del Poder Ejecutivo.
No deseamos que ese Alto Tribunal sea recordado como la Corte que, cuando habló, lo hizo para sostener un doble estándar jurídico o convalidar manejos de la emergencia económica y, cuando calló, dejó a la intemperie a los jueces y a la Justicia, para que sean indignamente presionados y perseguidos por decir el Derecho.
Si el Alto Tribunal se decide alguna vez a hablar con la voz recta, del dar lo suyo de cada uno, nos encontrará a su lado. Pero si persiste en consagrar la ilegalidad, la discriminación, la injusticia y, con ellas, la discordia, esta Asociación lo denunciará aquí y en todos los foros que sea menester. Ahora, estamos de pie, a la puerta del Palacio de Tribunales, como testimonios de la justicia y la concordia.
Saludamos al señor Presidente con la consideración que corresponde.
Mariano Gradín Alberto Solanet
Secretario Presidente
Pando hizo referencia a los presos que tienen enfermedades terminales y que se encuentran sin atención médica. «Estamos pidiendo por los enfermos de cáncer. Que se los interne o bien, le den arresto domiciliario. Sin embargo, los médicos nos bicicletean y pasa el tiempo y muchos mueren. Nuestros presos no tienen derecho a nada. Hoy se violan las garantías constitucionales de ellos, si lo permitimos, mañana, le puede ocurrir a cualquiera».Finalizó.
Por Jackeline LUISI PARA SEPRIN
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