Lima, (EFE).- La ciudad peruana de Puno se encontraba hoy “totalmente paralizada” pero en calma tras los desmanes protagonizados por seguidores de una huelga indefinida en rechazo a los proyectos mineros en la región que se inició hace 19 días.
Fuentes policiales en Puno (sureste de Perú) confirmaron a Efe que la situación en la ciudad era de tensa calma y que no habían movilizaciones de piquetes, como en la víspera en la que los manifestantes atacaron varios locales del Estado y saquearon un almacén de Aduanas.
Asimismo, la policía descartó que haya rehenes en las entidades públicas, como denunció este jueves el contralor de la República, Fuad Khoury.
No obstante, la emisora Radio Programas del Perú (RPP) informó de que los bomberos aún trabajaban apagando pequeños focos de fuego en los almacenes de Aduanas, que fueron blanco de los ataques por la cantidad de mercancía que guardaban.
A raíz de los hechos de violencia, el presidente peruano, Alan García, pidió hoy a la Policía Nacional del Perú que actúe con “extrema prudencia” ante cualquier provocación porque para él “la vida de un policía vale muchísimo”.
“En momentos de acaloramiento, no faltan las provocaciones que puedan favorecer a uno u otro candidato”, indicó García, en alusión a la cercanía de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, convocada para el 5 de junio.
“Necesitamos cabeza fría para que se realicen las elecciones y se respeten los resultados sean cuales sean” y “confiamos en las instituciones que resguardan la legalidad”, agregó el mandatario en una ceremonia de entrega de ambulancias para la policía.
Ayer, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región sur de Puno (que convocó al paro), Walter Aduviri, denunció que grupos de “infiltrados” han causado los desmanes y ataques en esa ciudad y prometió entregarlos a la policía.
Por su parte, el ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, reiteró ayer que los dirigentes de Puno hacen “un pedido imposible” porque cancelar las concesiones mineras por un decreto es inconstitucional.
“El pedido es maximalista y no se puede cumplir”, remarcó para luego asegurar que los dirigentes no tienen “ninguna voluntad de aproximar y buscar alternativas”.
El Gobierno ha recordado que el fin del paro “permitirá también que el acto electoral del próximo 5 de junio se lleve a cabo dentro del marco constitucional”, en referencia a la segunda vuelta presidencial que disputarán el nacionalista Ollanta Humala y la congresista Keiko Fujimori.
Según la Cámara de Comercio de Puno, las protestas dejan hasta el momento pérdidas por 36 millones de dólares, sobre todo en los sectores de comercio y de turismo.