El abogado José Iglesias, padre de una de las 194 víctimas mortales la noche del 30 de diciembre de 2004 en Cromañon, solicitó que el ex gerenciador del boliche sea condenado a 11 años de cárcel en lugar de los ocho que le aplicó el Tribunal Oral número 24.
El pedido fue realizado por el abogado José Iglesias, padre de una de las 194 víctimas mortales.
Solicitó que el exgerenciador del boliche sea condenado a 11 años de cárcel en lugar de los ocho que le aplicó el tribunal oral número 24.
El planteo está contenido en un escrito de 28 páginas presentado ante el propio Tribunal, para que sea la Cámara Nacional de Casación Penal le encargada de revisar la cantidad de años que Chabán Callejeros, los funcionarios públicos y demás condenados deberán pasar en prisión.
Iglesias, quien representa a una de las cuatro querellas particulares en el juicio, consideró que el tribunal oral incurrió en «errónea aplicación de la ley» y «arbitrariedad en la fundamentación» del fallo que condenó a Chabán a ocho años de cárcel; al líder de Callejeros, Patricio Santos Fontanet, a cinco, y a los tres funcionarios públicos también a penas de cumplimiento efectivo.
«La sentencia recurrida exhibe, en la determinación del monto de las penas, un divorcio absoluto respecto de los hechos y de su valoración por el Tribunal de Casación, incurriendo en carencia de fundamentación a través del vicio de dogmatismo», expresó la querella.
Para Iglesias, padre de Pedro, quien con 19 años murió en el desastre, «aún desde la imprudencia la entidad del resultado era un riesgo que debió estar presente en los autores, ya que todos ellos conocían la posible reunión de una sobreocupación de más de 4.000 personas en el escenario de los hechos».
«Aún desde la desidia, la dejadez, el desinterés, la negligencia o cualquiera de las formas imprudentes de la conducta, ese no es un resultado sorprendente ni ajeno a los hechos y sus circunstancias. La culpa no desprende a su autor de la magnitud del resultado, sobre todo cuando esa configuración de la conducta se despliega en la generación de un ámbito de riesgo que hace posible semejante consecuencia», insistió.
Con excepción del caso de Chabán, en el que explícitamente reclamó el máximo de la pena posible, Iglesias sugirió un incremento generalizado de penas pero dejó esa fijación al criterio de la Casación. En cuanto a Callejeros, consideró «irrebatible que todos se avinieron a dar comienzo a la función del 30 de diciembre de 2004, con pleno conocimiento, al menos de la riesgosa estructura del local, del estado de las salidas, aún las de emergencia, circunstancia agravada por el temerario número de personas que entraron».
«Ello aunado al conciente y estimulado uso de pirotecnia sumado a la venta de bebidas alcohólicas, remarcan la grave irresponsabilidad de los componentes del grupo musical por estricta violación al deber de cuidado. Conductas que de no haber estado contenidas en una norma contravencional igual hubieran ingresado en la carga de responsabilidad», insistió.
Iglesias también valoró negativamente que «los imputados, luego de ocurrido el hecho, organizaron varios recitales donde no solo se mantuvieron las actitudes previas, sino que además se organizaron mostrando escenográfica y vocalmente una constante burla hacia la actuación del Poder Judicial y de quienes perseguíamos una sentencia definitiva».
«Incluso uno de los recitales fue montado con una instalación judicial, con la carátula de un expediente, y sobre la base de groseras y burlescas expresiones de su líder con relación al Poder Judicial. Esa misma actitud de desprecio hacia el accionar de la Justicia, se advierte en el cumplimiento de los embargos dispuestos respecto de las recaudaciones de los respectivos eventos, constantemente burladas a través de entradas en negro o mediante la interposición de personas que reducen lo efectivamente caucionado», añadió.
Las penas aplicadas, que consideró exiguas, «consolidan el desprecio hacia el accionar de la justicia y hacia quienes participamos de él impulsando algunas medidas». El querellante también pidió que sean revisadas las condenas a los funcionarios públicos y al subcomisario Carlos Díaz.
Fuente: El Argentino