La decisión la adoptó el juez federal luego de que el dirigente bancario volviera pedir el traslado a su casa a raíz del enfismena pulmonar. Adujeron que el secretario general bancario también pasó en cinco años la edad de 70 en que se concede esa prerrogativa a los presos. No obstante, el fiscal federal Luis Comparatore dictaminó en contra dado que el gremialista sigue fumando 60 cigarrillos diarios.
El ex titular de la obra social bancaria, Juan José Zanola, procesado por la causa de la mafia de los medicamentos, será revisado por una junta médica para que determine si puede permanecer detenido en la cárcel de Villa Devoto o debe concedérsele el arresto domiciliario.
La decisión la adoptó el juez federal Norberto Oyarbide luego de que el dirigente bancario volviera pedir el traslado a su casa a raíz del enfismena pulmonar que padece.
Zanola ya logró su traslado desde el penal de Marcos Paz a la cárcel metropolitana para estar más cerca de eventuales centros de atención médica pero sus abogados insistieron la semana pasada en que sea enviado a su domicilio.
Adujeron que el secretario general bancario también pasó en cinco años la edad de 70 en que se concede esa prerrogativa a los presos, pero el fiscal federal Luis Comparatore dictaminó en contra dado que Zanola sigue fumando 60 cigarrillos diarios.
Oyarbide pidió que una junta médica integrada por facultativos de la cárcel de Devoto, del Cuerpo Médicos Forense y del Hospital Argerich, donde Zanola estuvo internado hace 10 días, lo revise ahora para estabecer su verdadera situación de salud.
Los médicos del Argerich le dieron el alta luego de cuatro días de internación y la realización de estudios clínicos, neumonológicos, cardíacos que concluyeron que se encuentra estable y no corre peligo.
Uno de los abogados del detenido, el español José Emilio Rodriguez Menendez, aseguró que la salud de su defendido es “extremadamente delicada” y que requiere un tratamiento
ambulatorio.
Por esta causa, además de Zanola, están detenidos su mujer y ex director administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, acusados de liderar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos adulterados.
También están imputados de defraudar el Estado por el cobro indebido de reintegros del programa APE (Administración de Programas Especiales), por cuya autorización será indagado la semana próxima el ex superintedente de Salud, Héctor Capacciolli.
Fuente: Clarín