El proyecto de ley contra el lavado de activos, aprobado en Diputados, corrige graves vacíos normativos. El proyecto de ley contra la circulación del dinero ilegal, aprobado el miércoles último por Diputados, permitirá que la Argentina se ajuste a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de Capitales (GAFI), que nuestro país integra desde hace once años. Ahora debe ser tratado en el Senado, donde seguramente no habrá objeciones de fondo, ya los tiempos urgen para el Gobierno ante el plazo otorgado por el organismo mundial para tener esta legislación antes del 20 de junio venidero, cuando Argentina deberá exponer su situación ante el plenario del GAFI, en México.
Precisamente, se ha llegado a esta instancia ante las serias irregularidades observadas por el Grupo sobre el grado de impunidad en cuanto a la presencia de capitales sospechados de provenir del narcotráfico y otros ilícitos. Según el cuestionado titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, esta ley le permitirá agilizar las causas y cortar el circuito del delito ya que se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes oscuros. El nuevo texto actualiza el tipo penal y el de financiamiento del terrorismo, de manera que no será necesario comprobar primero un delito, sino que la sola utilización del dinero no declarado será origen de una causa de investigación. Es decir, en el Código Penal quedaría inscripto como un delito autónomo, previéndose para los capitales sospechosos un umbral que arranca en los 300.000 pesos y aplica penas de entre 3 y 10 años de prisión. En cambio, cuando el dinero no declarado es menor a esa cifra, las penas serán más leves.
Pero lo importante es que se podrá incautar el dinero sospechado no como antes, cuando iba preso el jefe de la organización sin poner freno a los que le seguían y continuaban manejando la plata en el circuito ilegal.
Y, fundamentalmente, la UIF no podrá justificar su pasividad argumentando que tiene las manos atadas: la nueva ley le otorga facultades para el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la administración pública, de la prostitución de menores y pornografía infantil.
Fuente: diariodecuyo.com.ar