El fiscal federal de La Plata, Rodolfo Molina, opinó que la causa que impulsa el Gobierno contra Papel Prensa no debe investigarse en esa ciudad, sino ante los tribunales federales porteños, porque en el caso en que se hubieran cometido delitos de lesa humanidad se habrían consumado en la Capital Federal.
Los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Worman Yofre, que representan al director de La Nacion, doctor Bartolomé Mitre, y al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, anunciaron que pedirán la nulidad del dictamen y anticiparon que, en caso de que el juez Arnaldo Corazza adopte el criterio de la fiscalía, apelarán la resolución judicial.
El fiscal Molina presentó su dictamen en la causa penal que fue iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos contra Clarín y La Nacion por supuestas irregularidades en la compra de la empresa a su anterior propietario, el Grupo Graiver.
Luego del fallecimiento de David Graiver, jefe de ese grupo económico, en un accidente aéreo que tuvo lugar en México, sus herederos decidieron vender, entre otros activos, el proyecto Papel Prensa, que por entonces sólo estaba en sus cimientos.
La operación se realizó en noviembre de 1976 y, en marzo de 1977, los integrantes de la familia Graiver fueron detenidos y alojados en el centro clandestino Puesto Vasco.
Papel Prensa produce el principal insumo para más de 150 diarios de todo el país y sus propietarios son los diarios Clarín, La Nacion y el Estado nacional. La planta de Papel Prensa fue construida por los diarios, que hicieron fuertes inversiones, y comenzó a operar en 1978.
El dictamen
La Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia en la Capital Federal, pero el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente y remitió el expediente a Corazza, porque el centro de detenciones funcionaba en la provincia. Sin embargo, ahora, el fiscal Molina propone devolver el expediente a esta ciudad.
El fiscal Molina sostuvo que la Junta Militar y los diarios Clarín y La Nacion podrían haber cometido un delito de lesa humanidad y extorsionando a los herederos del Grupo Graiver para que se desprendieran de la empresa.
El funcionario sostiene que «las maniobras cuya autoría se atribuye a los integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y representantes de las empresas denunciadas podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos».
También afirma que «la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad».
El dictamen del fiscal adopta exclusivamente la postura que volcó la Secretaría de Derechos Humanos en su denuncia, pero omite considerar las pruebas que presentaron los defensores y las conclusiones de tres investigaciones judiciales realizadas en plena democracia.
Más aún, los Graiver, cuando en los comienzos de la democracia denunciaron su secuestro, nunca vincularon a los diarios ni sostuvieron que la venta de las acciones se hicieron bajo presión.
Además, el escrito no hace referencia concreta alguna a la participación de los directores de los diarios en los hechos ni cita pruebas de cargo que los involucre.
Según los defensores, el escrito del fiscal hace una selección parcializada de la prueba. Por ejemplo, minimiza la declaración de Isidoro Graiver y de otros testigos que, en sus declaraciones, habían explicado que en ningún momento los diarios ejercieron amenazas sobre los Graiver para forzarlos a vender Papel Prensa.
Asimismo, omite considerar que la Cámara Federal, ya en pleno gobierno de Raúl Alfonsín, comprobó que fueron los Montoneros los que habían amenazado a los Graiver, en un intento por recuperar parte del dinero que le habían entregado a David Graiver para su administración.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, luego de una larga investigación realizada en los años ochenta, concluyó que los diarios fueron compradores de buena fe y no se les podía imputar delito alguno. El dictamen del fiscal platense, curiosamente, omite estas conclusiones.
Fuente: La Nación