Un grupo importante de legisladores quiere abrir una discusión política sobre la forma en que debe protegerse el país del ingreso de drogas. Con la firma de 15 diputados, en especial de Pro y del Peronismo Federal, se presentó un proyecto de ley que no sólo incluye la necesidad de contar con radares para detectar vuelos ilegales, sino que establece el protocolo de maniobras para habilitar el derribo de aeronaves que no se identifiquen.
El diputado Julián Obiglio fue el autor de la iniciativa, que resultó acompañada por legisladores con peso propio dentro del Congreso, como Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Francisco de Narváez y Eduardo Amadeo, entre otros. «La frontera argentina es un colador y eso está acarreando graves consecuencias para el país. El gobierno nacional se hace el distraído y por eso hemos presentado este proyecto», dijo Obiglio.
En esta iniciativa se pretende fijar un plazo de 180 días tras la potencial aprobación en ambas cámaras para avanzar en forma concreta hacia la protección integral de la frontera norte. En el proyecto se establece un período de dos años para instalar la red de radares necesaria y de 18 meses para dotar a la Fuerza Aérea de aeronaves con capacidad de interceptar avionetas ilegales, y se consignan los pasos para permitir el uso de armamento contra los vuelos irregulares.
Los legisladores marcaron seis momentos en la interceptación, antes de permitirse la destrucción de la aeronave infractora:
Reconocimiento visual de la aeronave irregular.
Verificación de datos en el centro de control de vuelos.
Determinada la irregularidad del vuelo, se intentará tomar contacto radical mediante la frecuencia internacional de emergencia.
En caso de no responder a los avisos radiales, se considerará el vuelo sospechoso y se ordenará su aterrizaje mediante señales visuales.
Si se mantiene la desobediencia, se habilitará al piloto interceptor a disparar munición trazadora (que es visible en su trayectoria) a modo de advertencia.
De persistir la situación, el vuelo será declarado hostil y se permitirá su derribo.
Mirada política
Para los legisladores de Pro y del Peronismo Federal, se trata, a su vez, de fijar una posición clara sobre las políticas de seguridad y de defensa que serán insertadas en sus plataformas electorales. El derribo de aviones ilegales es un tema que, más allá de las posturas partidarias, siempre dividió transversalmente las posiciones personales en los bloques. Por ejemplo, un proyecto similar había sido presentado en 2001 por el entonces senador Jorge Capitanich, hoy gobernador de Chaco, donde funciona un puesto de radar fijo operado por la Fuerza Aérea.
El gobierno nacional rechaza esa posibilidad. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, siempre se opuso a esa alternativa durante su gestión en Defensa, y ese pensamiento es compartido por sus colaboradores en el actual ministerio. Apoyan su rechazo en las experiencias de Perú, donde hace años fueron derribados dos aviones con personas que no habían cometido delitos.
La oposición se hace fuerte con el antecedente inmediato de Brasil, país que aprobó una ley de derribos, de similares características a la presentada por estos 15 diputados. Brasil hizo varios disparos de advertencia desde entonces y forzó el aterrizaje de los infractores. Las autoridades brasileñas propusieron en reuniones de alto nivel político que los países del Mercosur adoptaran sus propias leyes de derribo.
Por lo pronto, Brasil abastece de información de radares al centro de comando que la Fuerza Aérea tiene en un búnker subterráneo ubicado en el conurbano bonaerense. En ese lugar se reciben las señales de los radares para determinar vuelos ilegales y parte de la Mesopotamia queda bajo la cobertura de los radares de Brasil.
El prototipo de Invap
El proyecto firmado por los diputados de la oposición, que buscarán el apoyo del radicalismo, sostiene que la provisión de radares móviles militares puede conseguirse a través de Invap y mantenerse el convenio establecido por el gobierno nacional. El prototipo de radar ya está muy avanzado, a tal punto que fue probado con mucho éxito este mes en un ejercicio de la Fuerza Aérea. Los pilotos quedaron sorprendidos por la prestación de ese aparato, que detectó a los aviones militares casi al mismo tiempo que despegaban.
Invap entregó en los últimos tres años varios radares de uso civil, pero ésta es su primera experiencia en los módulos militares. La posición del Gobierno es rechazar el derribo de avionetas, pero a cambio pretende perseguirlas con unidades móviles de la Gendarmería, para lo cual se dotaría a esa fuerza de helicópteros Huey II, repotenciados en los talleres del Ejército en Campo de Mayo. Los gendarmes ya capturaron más de una veintena de aviones en los últimos dos años.
De todas maneras, el Gobierno permitió el potencial derribo de aeronaves desconocidas durante el desarrollo de las cumbres presidenciales. Cada vez que un grupo de mandatarios se reúne en la Argentina, mediante un decreto se fija una zona prohibida para vuelos y se permite el disparo contra aeronaves que ingresen en esa área. Ni un fumigador voló por esas zonas durante las prohibiciones.
Para los legisladores opositores, el nivel actual de inseguridad es directamente proporcional al ingreso de drogas, por la situación que se provoca en el mercado interno de consumo, y, en consecuencia, quienen endurecer las medidas.
El proyecto de Pro, acompañado por el Peronismo Federal, avanza también con la necesidad de dotar a la Fuerza Aérea de aviones de interceptación. Es sabido que el sistema aéreo militar está, en la práctica, en un momento terminal. Este año tuvieron que juntarse los pocos aviones de entrenamiento de la Fuerza Aérea y de la Armada para poder dar los cursos finales a los aviadores, y la semana pasada cayó en la base aeronaval de Espora un avión antisubmarino Tracker (sin lesiones graves para los pilotos), que llevaba más de treinta años en servicio.
CLAVES
Un proyecto de bloque. El proyecto fue presentado por el diputado de Pro Julián Obiglio y lleva la firma de sus compañeros de bloque Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Jorge Triaca, Paula Bertol, Soledad Martínez, Silvia Majdalani, Gladys González y Christian Gribaudo. También rubricaron el proyecto los diputados del interbloque Peronismo Federal Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari y Enrique Thomas, además de Omar de Marchi (Demócrata de Mendoza) y Cynthia Hotton (Valores para mi País).
Plazos. La iniciativa establece un período de 24 meses para completar la instalación de un sistema de defensa contra vuelos ilegales, con radares y aviones interceptores.
Permiso de tiro. Se sumó en el proyecto de ley un protocolo de acciones para el caso de ser necesario el derribo de una avioneta en infracción. Se trata de una serie de seis pasos, entre la identificación visual y el contacto radial hasta la apertura de fuego contra la aeronave infractora.
Fuente: La Nación