La llamada Asignación Universal por Hijo (AUH) estableció en el país una normativa de protección social que se ha difundido en naciones en vías de desarrollo -y aun en la ciudad de Nueva York- como instrumento para mitigar la pobreza. Esta medida legal ofrece un beneficio monetario siempre que se cumplan ciertas condiciones de obligatoriedad educativa y sanitaria.
La norma comenzó a regir en nuestro país en diciembre de 2009 y los resultados hasta ahora logrados han sido objeto de diferentes estudios. Uno, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), revela que, en realidad, la AUH aún no es universal en su plenitud porque un 20 por ciento de los niños no recibe ningún tipo de seguridad social; la transferencia dista de ser un seguro efectivo contra la pobreza y no logró resolver factores estructurales de la inseguridad alimentaria. La asignación es una importante fuente de transferencia de ingresos de amplia cobertura, pero «todavía no genera condiciones más equitativas de inclusión social».
Un análisis del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), coordinado por Eduardo Basualdo, concluye que hasta ahora han recibido la asignación acordada 3.800.000 menores sobre 4.500.000 previstos, por lo cual puede estimarse que todavía hay 700.000 chicos al margen del programa.
El decreto del Poder Ejecutivo incorporado a la ley dispuso que la AUH fuese abonada a uno de los padres, tutor o pariente a cargo de menores de 18 años, hasta un máximo de cinco hijos por familia. El beneficio por percibir está así condicionado: hasta los 4 años deberá el padre acreditar que se cumplen los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatoria del hijo. A partir de los 5 años y hasta los 18 deberá certificarse el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Inicialmente, la asignación fue fijada en 180 pesos. Nueve meses después, en septiembre de 2010, la inflación obligó a subir el estipendio a 220 pesos. El 80 por ciento de lo que se abona se hace a través del sistema de pagos de la Anses; el 20 restante se reserva en una caja de ahorros a nombre del titular en el Banco Nación. Lo que allí se deposite podrá retirarse si se demuestra que se cumplen los condicionamientos. De no hacerlo, perderá el beneficio.
La AUH ha sido una palanca eficaz para incentivar la educación y el cuidado de la salud; también, una medida positiva para reducir necesidades en sectores de bajos recursos. En la experiencia mundial -la mayor es la de Brasil, con el 0,5 por ciento de su PBI para este fin- ha habido más dificultades en su aplicación urbana que en la rural por la incidencia negativa de la violencia, las drogas, el delito y la desorganización familiar.
Entre nosotros, el más impactante efecto fue el aumento de la matrícula escolar, lo cual se tradujo en una elevada inscripción en 2010, que superó en 580.000 el número de vacantes existentes, falla grave de coordinación o de previsión en el planeamiento.
En cuanto a la disminución del sector de población con mayores carencias, el informe de Cifra aprecia que los progresos fueron muy limitados: la pobreza sólo habría mermado el uno por ciento en el último año; la indigencia, el 2,2. Estas estimaciones distan de coincidir con la información oficial, según la cual la indigencia se habría reducido en más del 50 por ciento, y la pobreza se habría aminorado en un 13 por ciento. El estudio de Cifra menciona como factores que han obrado para limitar los logros esperados los problemas de implementación no resueltos en el primer semestre de 2010, el estancamiento de la tasa de ocupación y el factor inflacionario.
Como balance final hay que lamentar que la falta de veracidad de las estimaciones oficiales revela una vez más cuánto amengua la confianza cuando no se gobierna con la verdad. La medida de la AUH ha sido elogiada incluso por la CTA, que ha alentado el informe de Cifra. Pero ese apoyo no elude el reconocimiento de fallas o tropiezos por corregir.
La lucha contra la pobreza y la indigencia reclaman el mejor esfuerzo y la mayor franqueza para avanzar. Una buena norma es nada más que el punto de partida de una política de laboriosa gestión.
Fuente: La Nación