La detención de cuatro miembros de las Asambleas Ciudadanas Riojanas representa un nuevo golpe por parte de las autoridades a la lucha por la defensa del medio ambiente en la Argentina. La indiferencia de un gobierno que declama en los atriles discursos abiertos y solidarios, pero que en la realidad mira para otro lado a la hora de criticar la depredación y la contaminación de cientos de pueblos del interior del país.
Ciudades y territorios enteros de la Argentina vienen siendo arrasados por la mano de empresas que con un discurso progresista y cargado de futuro buscan instalar la actividad minera como desarrollo estratégico de las economías regionales.
Es así que vastos territorios de provincias como La Rioja , Catamarca, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, entre otras, vienen siendo arrasados por empresas multinacionales en nombre de una supuesta “modernidad” que en realidad no es más que la entrega y contaminación de los recursos naturales de la Argentina.
La actividad minera es sin dudas la que más reparos genera, sobre todo por las consecuencias ambientales que deja su accionar, desmantelando pueblos enteros, contaminando sus aguas y produciendo consecuencias médicas impredecibles.
Esta laboriosidad de las empresas mineras cuenta con el apoyo de múltiples gobiernos provinciales y autoridades nacionales que miran para otro lado al momento de analizar las terribles consecuencias que esta actividad genera para los pueblos del interior del país, y que miran para otro lado analizando sólo la entrada de dinero fresco para inversiones a corto plazo.
La complicidad de estas autoridades se da no sólo en el ámbito legal y económico, sino también en lo judicial, ya que son decenas los miembros de asambleas ciudadanas que están procesados por sus acciones anti mineras a lo largo y ancho de la Argentina , y que en forma diaria sufren toda clase de atropellos por parte de distintos funcionarios y fuerzas de seguridad, que atropellan sus derechos negándoselos y profundizando una pelea entre David y Goliat.
Esta clase de actitudes persecutorias contra los luchadores ambientales son moneda corriente en la Argentina , y basta con nombrar la intimidación judicial que sufren los ambientalistas de la ciudad de Gualeguaychú en su pelea contra Botnia-UPM; lo mismo sucede con la asamblea ambiental de la localidad catamarqueña de Andalgalá en su pelea contra las mineras; o se ve en Vicente López en la lucha de los vecinos para evitar la construcción del vial costero que pretende instalar el intendente radical K, Enrique “Japonés” García.
Toda esta acción se ve agigantada por la detención el pasado jueves de 4 miembros de las Asambleas Ciudadanas Riojanas, pertenecientes a la Asamblea de los Llanos, cuando se disponían a realizar de forma pacífica una intervención urbana, apareciendo amordazados (como una manera de denunciar la censura) y manifestando su oposición a la minería a cielo abierto y específicamente al Plan Nuclear (minería de Uranio) que amenaza la zona.
La detención de estos defensores del medio ambiente se dio momentos antes de que el gobernador ultra K, Luis Beder Herrera, el mismo que pactó políticamente con Carlos Menem para continuar en el cargo más allá de diciembre. Desde la Asamblea de los Llanos denuncian que los jóvenes “fueron detenidos en la calle, antes de iniciarse el acto, lo cual implica ‘persecución y censura previa’ ya que no llegaron a manifestarse. Algo similar ocurrió ya en Sanagasta hace más de un año”.
En el comunicado efectuado por la asamblea riojana, se sostiene que “es evidente que la orden hacia la policía fue desde el Ejecutivo. Una vez más Beder Herrera reprime y criminaliza la libre expresión de la comunidad cuando ésta defiende sus derechos. Las asambleas de toda la Provincia y de la Región Noa y Nuevo Cuyo, repudiamos éste nuevo atropello y abuso de poder. El derecho a la protesta es el 1er derecho humano, ya que es el que posibilita reclamar el resto de los derechos”.
“El Gobierno de Beder Herrera, reitera sistemáticamente esta práctica de criminalizar a la juventud, cuando ésta, no responde a los circuitos clientelares que su gobierno arma para ella. Está claro, la sociedad riojana no da la licencia social a los proyectos mega mineros, por contaminantes y saqueadores”, afirman los ambientalistas riojanos.
Hace mucho tiempo que desde la Agencia de Noticias CNA venimos señalando la impiadosidad que suele tener el modelo minero, que destroza casi totalmente a cientos de pequeñas localidades del interior del país, y que muchas veces no logran tener eco en los grandes medios de comunicación justamente por este tema, por ser algo que no toca a las grandes ciudades y centros urbanos, sino a ciudades chicas del interior olvidado.
Los entendidos en la materia, que vienen trabajando desde hace años para impedir que se efectivice las demandas de las mineras transnacionales de permitir la minería a cielo abierto en todo el país, aseguran que estos intereses “canallas y buitres” piden esto en países del tercer mundo como el nuestro, sabiendo que en sus países de origen son terminantemente prohibidas por los grandes daños ambientales que tienen estos actos.
Si la actividad minera no está regulada, sino se la piensa como una política de Estado que sirva para las generaciones futuras, la minería en la Argentina seguirá tan desarticulada y desprovista de reglas claras como hoy en día, donde los únicos beneficiados son los grandes intereses multinacionales que ven a nuestro país como una fuente inagotable de recursos que sirven para acrecentar sus arcas y cuentas.
Pequeños detalles que sirven para mostrar una realidad que muchos tratan de ocultar en el cuyo argentino, y que deja a las claras el alejamiento que tiene la clase dirigente de los pedidos de la sociedad, y que no hacen más que continuar con el saqueo y depredación de los recursos naturales que comenzó en los años ’90 con la entrada de lleno del neoliberalismo en nuestro país, y que hoy día parece continuar su proceso bajo otras formas y condiciones.
Fuente: www.agenciacna.com