QUITO — Las comunidades de la Amazonía ecuatoriana y Chevron se preparan para una nueva batalla lega, tras el fallo que ordenó a la firma estadounidense a pagar 9.500 millones de dólares por contaminación, la condena más alta en un juicio ambiental contra una petrolera.
Tras la decisión de primera instancia emitida el lunes por una corte de la provincia de Sucumbíos (norte), ambas partes anunciaron que apelarán: las comunidades por considerar que el monto es insuficiente para la reparación ambiental y la empresa estimando que la medida es «ilegítima e inaplicable».
«Hemos instruido a nuestros abogados para que se presente la apelación para que el juez reconsidere las cifras», dijo este martes Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados por Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001. El monto «no representa una cantidad significativa para reparar los daños», agregó Yanza en rueda de prensa.
Por su parte, el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, reiteró este martes que la «decisión» del grupo «es apelar». «Hay evidencias de falsificación científica en los peritajes, y conducta ilegal en cuanto que los abogados han presionado e intimidado a las cortes para que un fallo salga a su favor», declaró Craig a la AFP.
Desde EEUU, Chevron denunció que el fallo responde a una confabulación entre abogados demandantes y «jueces corruptos». «Siempre ha sido parte del plan de los abogados de los demandantes el inflar las (cifras) por daños y actuar en coordinación con jueces corruptos para emitir un fallo» que favorezca a los querellantes, indicó la empresa en un comunicado difundido en California (oeste).
La intención es que la justicia ecuatoriana emita una sentencia con «cantidades inferiores» a otras que se han planteado durante el juicio «a fin de que la indemnización aparezca como razonable», aseguró.
Según los demandantes, la sentencia también ordena a la empresa «pedir disculpas públicas a las víctimas» o, de lo contrario, pagar el doble del monto fijado.
«La cuantía no es significativa para nosotros sobre todo porque no (se) recupera a nuestros antepasados muertos», indicó Humberto Piaguaje, dirigente de la etnia Secoya, que se dice afectada por la contaminación. Las comunidades exigen indemnizaciones para reparar el suelo, fuentes de agua, daños a la salud y compensaciones a las poblaciones indígenas, rubros que considera el fallo.
Los daños atribuidos a Texaco se produjeron entre 1964 y 1990, cuando dejó de operar en el país, según la demanda, que involucra a unos 30.000 pobladores de la provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. La condena es por 8.640 millones de dólares, y a este monto se agrega una multa del 10% establecida en una ley de gestión ambiental, explicó a la AFP el abogado de los querellantes, Pablo Fajardo.
La indemnización es la más alta impuesta hasta ahora en un juicio ambiental contra una petrolera. Se estima que empresa británica BP puede desembolsar unos 20.000 millones de dólares por el derrame provocada el año pasado en el Golfo de México, que dejó 11 muertos, según ambientalistas. La Corte que lleva el caso aún no determina una cifra.
Asimismo, el fallo contra Chevron duplica el impuesto inicialmente a ExxonMobil (4.500 millones de dólares) para compensar a unas 32.000 personas por el derrame de 50.000 toneladas de crudo, cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989. La cifra fue reducida luego a 507 millones de dólares.
Uno de los varios peritajes realizados a lo largo del juicio en Ecuador llegó a tasar el reclamo en 27.000 millones de dólares, mientras que «los demandantes estimaron que ascendía a 113.000 millones de dólares», recordó Fajardo.
Chevron enfrentó la demanda luego de que un tribunal de Nueva York le ordenara en 2001 someterse a la jurisdicción de Ecuador, siendo el primer proceso en la historia que obligó a una petrolera estadounidense a responder ante la justicia de otro país.
En septiembre de 2009, la transnacional demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para que se responsabilice de las reparaciones pendientes. Además reclama 1.600 millones de dólares por pérdidas durante sus operaciones, que asegura le dejaron utilidades por 497 millones.
El 9 de febrero, la Corte de La Haya -competente por un tratado entre Estados Unidos y Ecuador para la protección de inversiones- ordenó a Quito que adopte temporalmente «todas las medidas que estén a su disposición» para suspender la aplicación «de cualquier sentencia contra Chevron». Pero Fajardo aseguró que la orden «no afecta el fallo».
Por Valeria Pacheco (AFP)