Roland Freisler fue un magistrado del régimen nazi de destacada actuación durante la Segunda Guerra Mundial. Presidió el Tribunal Popular y se hizo famoso por juzgar a la resistencia civil contra Hitler después de la intentona frustrada del coronel Claus von Stauffenberg para poner fin a la vida de aquél el 20 de julio de 1944 mediante una bomba. Actuando como juez, fiscal y jurado al mismo tiempo, Freisler denigraba a los imputados -en general pertenecientes a la resistencia civil alemana- logrando condenar a la totalidad de los 200 procesados a los que juzgó. También se destacó por condenar a muerte a un grupo de jóvenes activistas de Munich agrupados en la “Rosa Blanca”, una organización antibélica que repartía panfletos durante la guerra. Finalmente, el 7 de febrero de 1945, meses antes del fin de la guerra, cuando estaba por dictar nuevas penas de muerte, una bomba lanzada desde un avión aliado terminó con la vida de Freisler.
Similitudes locales
Sin llegar a tamañas aberraciones, el juez federal Norberto Oyarbide tiene un desempeño que excede la normalidad. En la causa conocida popularmente como “mafia de los medicamentos”, se ocupa del financiamiento a la campaña electoral del 2007 de Cristina Fernández, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández y para la cual aportaron diversas droguerías truchas. Tres dueños de algunas de esas droguerías fueron asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. Un cuarto socio, Ariel Vilán, se suicidó posteriormente. La investigación judicial empezó a determinar, poco tiempo después, que se comercializaban con muchas obras sociales medicamentos truchos, o sea, placebos o medicamentos vencidos. También se vendían medicamentos robados retroquelados, o sea, remedios verdaderos que supuestamente se les aplicaban a pacientes en realidad inexistentes y cuyo valor después era reintegrado por la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo manejado desde el 2005 por personeros de Hugo Moyano. La APE reintegra entonces el dinero de medicamentos para tratamientos especiales como sida y cáncer, que son carísimos.
En esa causa, Oyarbide detuvo a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, que les vendía supuestamente a numerosos gremios esos medicamentos retroquelados. Ya hay más de una quincena de detenidos, que son propietarios de estas droguerías truchas que comercializaban ese trípode medicamentos. Por la vinculación de la obra social bancaria está detenido Juan José Zanola, el líder de los bancarios. No se cumple así la regla de que todo procesado debe estar en libertad hasta el juicio oral, que tiene como excepción los casos en los que existe peligro de fuga del imputado. Además Zanola tiene más de 70 años, por lo cual debería estar detenido en su domicilio, porque el daño que les habría hecho a sus afiliados fue malgastar sus aportes. Hasta ahora no se ha probado que haya entregado placebos y si entrego medicamentos vencidos, es común que los grandes laboratorios extiendan su duración hasta dos años después de su vencimiento.
La nueva operación
Así estaban las cosas cuando hace más de un mes Horacio Verbitsky empezó denunciando la utilización de trabajo esclavo por la multinacional Nidera. De allí el oficialismo pasó a denunciar a Gerónimo “Momo” Venegas por no erradicar ese tipo de precarización laboral. Días atrás, la revista ultrakirchnerista Veintitrés publicó en su tapa a Duhalde y Venegas titulando “trabajo esclavo”. Justo una semana después, el juez Oyarbide dictó la prisión preventiva de Venegas e intentó tomarle declaración 48 horas después, al estilo Freisler, con la intención probable de ablandar al imputado. Pero ante semejante torpeza, los sectores políticos reaccionaron censurando a este juez que perdió toda credibilidad al cerrar una investigación por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial en tiempo record, como regalo de fin de año del 2009 a la familia reinante. Todo esto en un expediente que no cierra por ningún lado por sus inconsistencias.
Así es que, después de procesar a Héctor Capaccioli por asociación ilícita y lavado de dinero, no le dictó prisión preventiva, tal vez por temor a que aquél contara la verdad de las finanzas de la campaña presidencial del 2007. El Freisler argentino hizo entonces lo que en fútbol se llama un cambio de frente y volvió sobre la mafia de los medicamentos, cargando sobre Venegas, el jefe de las 62 que apoya a Duhalde. Ayer, Oyarbide se disgustó seriamente cuando el fiscal federal Julio Comparatore le puso un límite al pronunciarse sorpresivamente por la excarcelación de Venegas. Según refieren en Comodoro Py, el juez y el fiscal dejaron de dirigirse la palabra.
Fuente: Por: Guillermo Cherashny