El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó esta mañana que la remoción del juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación se realizó «en el marco de la ley» y rechazó planteos de jueces contra la medida. «Por más cartas que escriban, el tema está terminado», dijo.
«Yo a esas cartas no les encuentro sentido«, aseguró. El jefe de Gabinete agregó antes de entrar a Casa Rosada: «Sigo creyendo que los Magistrados deberían solamente hablar por sus sentencias«.
«Está todo en el marco de la ley, ajustado a derecho, a lo que dice la Constitución Nacional«, señaló Fernández, al ser consultado sobre la situación de Cabral, que luego generó un planteo contrario del propio magistrado y quejas de la oposición y de otros jueces. Fernández consideró que los otros magistrados no tienen «ninguna» posibilidad de intervenir en el tema.
Ayer, jueces del fuero nacional de la Capital expresaron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su «profunda preocupación» por la remoción de su par Luis María Cabral de la Cámara de Casación -donde era subrogante «sin aplicar el procedimiento legal establecido».
«Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que se vienen sucediendo en el ámbito del Consejo de la Magistratura», manifestaron los magistrados.
A través de una carta enviada al titular del máximo tribunal, los jueces del fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal afirmaron que les «provoca particular inquietud que se remueva a magistrados subrogantes sin aplicar el procedimiento legal establecido», lo que -consideraron- conspira «con la estabilidad en la función judicial que reclama la Constitución Nacional».
El propio Cabral aseguró a su vez que está «convencido» de que no puede ser «desplazado» de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, a la vez que minimizó el fallo de la Corte Suprema que decidió no intervenir en el tema. El magistrado afirmó que «no implica ninguna opinión sobre la validez, legitimidad de la medida adoptada, ni de la constitucionalidad de la ley».
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