El Grupo A (no oficialista) impulsará por ley una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se exprese sobre el 82% móvil. Si la consulta resultará positiva con el 30% del padrón electoral no podrá ser vetada por la presidente Cristina Fernández, tal como ocurrió con la legislación sancionada en octubre de 2010. La Reforma al INdEC, la Coparticipación a las Provincias y el Régimen Penal Juvenil tambien estarán en la agenda opositora.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Senadores de distintas bancadas acordaron este martes impulsar una consulta popular para que la gente se exprese sobre el 82%o móvil que logró convertirse en ley el año pasado, pero que vetó la Presidente Cristina Fernández.
Del encuentro que se realizó este martes 01/02 en el despacho del senador y titular del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, participaron los radicales Gerardo Morales –jefe del bloque- y -la cobista- Laura Montero, la Peronista Federal, Liliana Negre de Alonso, la juecista Norma Morandini, y la representante de la Coalición Cívica (CC) y candidata de ese espacio para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Estenssoro.
La consulta popular será vinculante (obligatoria), tendrá un piso del ciento del padrón electoral y lo abalado no podría ser vetado por la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner , algo que sí ocurrió en octubre de 2010, cuando la ley fue sancionada por el Parlamento.
El 14/10/2010, el Senado aprobó el 82% móvil para las jubilaciones mínimas. La norma establecía dos mecanismos de actualización de las jubilaciones, uno para la mínima y otro para las que superan ese piso. Para las jubilaciones mínimas, el ajuste se iba a realizar de acuerdo con la variación del salario mínimo, vital y móvil, siendo siempre el 82% de ese haber.
El faltazo del catamarqueño radical Oscar Castillo fue unas de las sorpresas de aquella jornada y puso en guardia al arco anti K, que reforzó los contactos para impedir una nueva fuga. Un conteo preliminar le otorgaba 34 votos (15 radicales, 11 del PJ disidente y 8 de bloques menores). Además el chubutense Marcelo Guinle anunció que votaría el 82% y llevó el número a 35.
El otro ausente fue Carlos Menem, que fue a hacerse un chequeo médico. Por su parte el kirchnerismo aseguró 30 votos propios y el concurso de sus tres aliados tradicionales, los tres fueguinos (María Rosa Díaz y José Martínez y Mario Colazo) y el neuquino Horacio Lores. Total 34 votos. Sin embargo hubo espacio para idas y vueltas y rumores contradictorios.
Pero no hubo sorpresa con el correntino y radical José María Roldán, quien anunció que estaba en contra del 82% y votaría junto al oficialismo pese a las sugerencias y ruegos recibidos de sus pares y correligionarios. Sucede que Roldán está peleado con el gobernador Ricardo Colombi y mantiene su alianza con el ex mandatario Arturo Colombi.
Así quedaron alineados dos bandos equivalentes de 35 senadores de cada lado al promediar el debate. Nadie tomaba en serio las versiones sobre supuestos desmarques de los kirchneristas (Luis Viana (Misiones) y de César Gioja (San Juan), tras las presiones que habrían sufrido de parte de sectores del Gobierno.
La votación se realizó en nervioso cruce de acusaciones y terminó igualada en 35, poniendo nuevamente (como en la noche de la resolución 125) al vicepresidente Julio Cobos en la obligación de desempatar. Y tal como ya había anticipado en los medios, Cobos votó a favor del 82%. Votada la ley, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anticipó en su cuenta en la red social Twitter que la ley sería vetada. “No estamos dispuestos a permitir que el Estado y la Argentina se suiciden”, aseguró. A menos de 24 horas la presidente Cristina Fernández, vetó la norma sancionada definiéndola como “una ley de quiebra».
Desde septiembre de 2010, el haber mínimo jubilatorio es de $ 1.046,50. La ley aprobada y vetada por la presidente Cristina de Kirchner, establecía la jubilación mínima tendría que ser de $ 1.426,80 (82% del salario mínimo vigente de $ 1.740). En la práctica implicaba un aumento de $ 350 promedio.
Para el resto de las jubilaciones, se aplicaría el criterio establecido por la Corte Suprema en el denominado «caso Badaro». En estas jubilaciones, los porcentajes de actualización son variables, de acuerdo con la evolución que cada haber tuvo en los cinco años posteriores al fin de la Ley de Convertibilidad.
La Corte hizo lugar al reclamo del conductor de buques Adolfo Valentín Badaro, que entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2006 tuvo un aumento de su jubilación del 11%, pese a que en el mismo período el índice de salarios del INdEC aumentó un 88,6%. Para el máximo tribunal de justicia, el nivel general del índice de salarios aumentó desde diciembre de 2001 un 271,34%, de lo que se desprende que una jubilación de $ 1.000 al momento de la caída de la Ley de Convertibilidad hoy tendría que ser de $ 3.713,40.
Otros temas que estarán en la agenda legislativa opositora serán: el impuesto a las Ganancias, el Régimen Penal Juvenil, que si bien ya fue aprobado en la Cámara alta y está en Diputados esperando tratamiento, se espera que sufra allí modificaciones y vuelva al Senado.
También el proyecto de reforma de Instituto de Estadística y Censo (INdEC) y la sanción de la suba de los envíos a las provincias con un piso del 34% de la coparticipación para que se cumpla con lo establecido en el artículo 7 de Ley 23.548 donde se señala que «El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.
Fuente: http://www.urgente24.com/