Por: Ceferino Reato
La remoción de Luis María Cabral, uno de los tres jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, es «ilegal» y forma parte de la estrategia del Gobierno para «elegir a los miembros de ese tribunal para la sentencia que está buscando en la causa sobre el Memorándum con Irán y también en la Causa Hotesur».
Lo dijo el fiscal general Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, en una entrevista con InfobaeTV, en la que se manifestó sorprendido «porque lo que está haciendo el Gobierno con el Poder Judicial no forma parte de la campaña» electoral ni es criticado por la mayoría de los precandidatos presidenciales.
«Nuestra posición –expresó– es muy clara: la remoción de Cabral es ilegal porque la Ley de Subrogancia permite al Consejo cambiar subrogancias pero hacia adelante, no en las causas en las que ya interviene el juez Cabral. Quieren sacarlo de encima porque, en el caso del Memorándum, ya había expresado por escrito su voto en contra de la constitucionalidad de ese acuerdo».
En ese sentido, Sáenz interpretó que el destinatario de esa movida no es solo Cabral, a quien definió como una figura muy importante en la Justicia, sino también «todos los que no estamos de acuerdo con determinadas cosas que están ocurriendo en el Poder Judicial».
Sáenz anticipó que la Asociación de Magistrados hará una presentación en distintos organismos internacionales para «plantear directamente el caso argentino y cómo se está removiendo a jueces sin respetar el procedimiento previsto por la ley».
Recordó que Cabral también intervenía en la Causa Hotesur, por presuntas irregularidades en uno de los hoteles que pertenecen a la presidenta Cristina Kirchner y su familia, un tema judicial muy sensible para el oficialismo.
En cuanto al Memorándum con Irán, Sáenz sostuvo que Cabral ya había escrito su voto en contra de la constitucionalidad de ese acuerdo.
«Se supone que ese voto está guardado junto con el voto del juez Juan Carlos Geminiani, que también es negativo», afirmó.
Con la remoción de Cabral, que fue rápidamente reemplazado por un juez afín al gobierno, el Ejecutivo podría lograr que ya el lunes la Cámara aprobara la constitucionalidad del cuestionado acuerdo.
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