Operaba en la zona oeste del conurbano, conocía muy bien a sus víctimas y no tenía apuro en cobrar el dinero; en 7 meses reunieron $ 2.700.000
Antes de actuar tenían información suficiente de sus víctimas. Conocían parte de sus movimientos económicos y cuando hacían la primera llamada extorsiva sabían cuánto dinero podían pedirle a la familia. No tenían apuro y contaban con logística y paciencia para negociar. En un solo secuestro, donde la persona cautiva era uno de los dueños del colegio donde iba el hijo de uno los integrantes de la banda, cobraron un rescate de 1.250.000 pesos. Los billetes que obtenían en su plan criminal lo cambiaban en bingos del conurbano bonaerense y lo utilizaban para comprar automóviles 0 Km. En siete meses, los delincuentes se hicieron de un botín de 2.700.000 pesos.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La banda de secuestradores, que entre julio del año pasado y febrero último habría protagonizado al menos ocho hechos delictivos en la zona oeste del conurbano, fue desbaratada. La policía bonaerense detuvo a tres hombres y una mujer. Un quinto integrante de la organización está prófugo.
Cuando los delincuentes fueron detenidos planificaban otro secuestro por el que iban a pedir un rescate de 400.000 pesos, así se desprende de las escuchas telefónicas, agregaron las fuentes consultadas.
La investigación del fiscal federal de Morón Sebastián Basso y de los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza comenzó durante los últimos días de julio pasado, cuando fue secuestrado el productor citrícola Daniel Grigolatto, que fue capturado en inmediaciones del Mercado Central de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. El hermano de la víctima, Dante Grigolatto, es el actual tesorero de la Federación del Citrus de Entre Ríos.
Grigolatto fue capturado cuando circulaba con su automóvil VW Bora por Villa Madero, en La Matanza. Fue liberado después de permanecer cautivo diez horas y que su familia pagara un rescate superior a los 100.000 pesos.
«No se trató de un hecho fortuito o casual. Los secuestradores tenían mucha y detallada información con nombres, datos, etc.», había sostenido un familiar del empresario pocas horas después del secuestro.
El familiar de Grigolatto no se equivocaba. El fiscal federal Basso y su equipo de colaboradores están convencidos de que todos los hechos por los que está acusada la banda desbaratada tuvieron una logística previa y ninguno fue al voleo, explicaron fuentes judiciales.
Todas las víctimas pasaron sus horas en cautiverio esposadas y encapuchadas. Y se sospecha que el lugar donde fueron liberadas siempre fue el mismo: un descampado en Pontevedra, en el partido de Merlo, cerca de un puente, según la descripción que pudieron hacer las víctimas.
Uno de los presuntos cabecillas de la organización, identificado por fuentes judiciales como Julio César Bisogni, alias «el Oso», en 2004 había sido detenido acusado de haber participado en el secuestro de un adolescente de 16 años, hijo de un empresario industrial y que en esos momentos jugaba al fútbol en las divisiones juveniles del club Atlanta. Once años atrás, por el hecho, la banda había cobrado un rescate de 20.000 pesos.
«El Oso» cayó en la trampa
El adolescente estuvo en cautiverio 35 horas. Según recordaron fuentes judiciales, en 2004 Bisogni fue detenido después de haber llamado a la familia de la víctima para saber cómo estaba el muchacho. «Ya largamos al pibe, ¿llegó bien?», preguntó el sospechoso desde un teléfono celular que los investigadores policiales y judiciales ya tenían identificado y localizado. Pocas horas después era apresado.
«Una década después parece haber aprendido de su error. Durante los ocho secuestros investigados, cambiaban todo el tiempo de teléfonos celulares para intentar no ser rastreados», explicó así a LA NACION un calificado investigador judicial.
«El Oso» y un cómplice ya fueron procesados por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez por ocho hechos similares. Además están imputados por un noveno secuestro investigado por el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, informaron fuentes judiciales.
En las últimas horas fue detenida la mujer de «el Oso», que está imputada del delito de lavado de activos. Se sospecha, según fuentes judiciales, que era quien administraba el dinero que cobraban como rescate.
«Como sospechaban que los billetes estaban marcados, parte del dinero lo cambiaron en bingos del conurbano bonaerense», sostuvo una detective que participó de las investigaciones de todos los secuestros atribuidos a «el Oso» y sus cómplices.
En uno de los secuestros, los familiares de la víctimas pagaron el rescate en pesos, dólares y euros. En otro caso, la víctima estaba en sillas de ruedas.
Bisogni, agregaron las fuentes consultadas, fue apresado en Luján cuando volvía de Santa Fe de visitar a su familia. «Por las escuchas telefónicas, pudimos determinar que ya planeaba otro secuestro. Le dijo a un cómplice: «Hoy salimos a laburar». La víctima iba a ser un empresario con matarifes de la zona sur del conurbano por el que iban a pedir un rescate de 400.000 pesos», agregaron las fuentes consultadas.
Cuando fue sorprendido por los detectives de la DDI de La Matanza de la policía bonaerense, «el Oso» conducía un Peugeot 208 por el que habría pagado 250.000 pesos, explicó a LA NACION un calificado investigador judicial.
«Con el botín no sólo compraban automóviles 0 Km, también hacían importantes arreglos en las casas donde vivían hasta que fueron detenidos», dijo un investigador.
Una de las pruebas fundamentales para imputar y procesar a los acusados fue un peritaje de voz que hicieron en la Policía Federal con las llamadas extorsivas a los familiares de las víctimas.
Los números de la organización
1.250.000
pesos
Fue el rescate más jugoso: habían secuestrado a uno de los dueños del colegio a donde iba el hijo de uno de los miembros de la banda.
4
personas
Eran los miembros que integraba la banda de secuestradores que fueron detenidos; hay un prófugo
8
secuestros
Es la cantidad de personas que la banda tuvo cautiva y cobraron rescates entre julio de 2014 y febrero de este año.
Fuente: LA NAción