En los cuadernos en los que se escriben los planes del próximo gobierno hay uno que está resaltado en amarillo flúo: qué hacer con las tarifas de los servicios públicos, responsables de gran parte del déficit fiscal, del cepo cambiario, de la crisis en infraestructura y de otros males menores de la economía argentina. Claro que al lado de esa cita hay una nota al margen que tiene una sola palabra: «Silencio».
Desde hace años, el asunto se convirtió en tema de Estado. El gasto en subsidios para sostener sin aumento las tarifas se multiplicó varias veces. Al mismo ritmo, una especie de anestesia tarifaria se posó en todos los usuarios: todos se acostumbraron a pagar poca cosa por los servicios públicos. Excepto las industrias y los usuarios domiciliarios más grandes, los demás recibieron una importante porción de subsidios. Sea en transporte, electricidad o gas.
Sólo para poner un número: del gasto extraordinario que se reasignó en 2014, 29% fue a reforzar los gastos en subsidios; para mejorar el sistema previsional, apenas el 13 por ciento.
Tan efectivo resultó el Gobierno para armar de esa maquinaria una base de su política como incapaz para idear una solución que permita una salida no traumática del tema. Ya nadie espera nada en esta gestión; habrá que esperar a la próxima.
No importa el cuartel político de que se trate. Los planes, remedios o esquemas para salir del cepo tarifario son moneda corriente en las mesas de trabajo. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar la profundidad de una crisis que no se nota y que, además es antipática para los usuarios? Dos de las decenas de preguntas que se hacen los candidatos.
Quizá el primer trabajo sea explicar. De acuerdo con un indicador de precios de la energía, principal causa del aumento de subsidios, que elabora Montamat y Asociados, da cuenta del descalce de los precios de a energía en la Argentina respecto de una canas de productos similares en la región. Con la excepción del precio del petróleo y sus derivados (que en el país son más caros que en el resto de los países vecinos), la energía y el gas se pagan alrededor de 30% de lo que se abona en la región por un servicio similar (ver gráfico).
«Hay otros desfasajes internos en electricidad. Las tarifas que se pagan en Córdoba y Santa Fe con respecto a las que paga la Capital son mucho mayores», apunta Daniel Montamat, ex secretario de Energía y director del estudio que lleva su nombre.
Pero eso no es todo. En el gas también esquemas que hacen ruido. Mientras a los productores locales se les paga entre 2,30 dólares por millón de BTU (unidad de medida británica) y 7,50, según se trate de gas nuevo o de yacimientos viejos, Bolivia cobra alrededor de 10 dólares por el mismo producto y los barcos que ingresan por Bahía Blanca y Escobar inyectan gas a un valor de 15,9 dólares.
Claro que son pocos los que tienen conciencia de que la disparidad de precios entre lo que paga la demanda y lo que cobra la oferta produce un abismo fiscal tan grande que explica prácticamente la totalidad del déficit fiscal.
Camilo Tiscornia, economista socio de Castiglioni & Tiscornia, dice que el problema es que las familias se acostumbraron a que el pago de servicios impacte poco, muy poco, en su ecuación de gastos. Cualquier aumento de las tarifas impactará en sus gastos de consumo. «Si se hace una cuenta muy general, y siempre dependiendo del tramo tarifario, el que menos paga (R1) debería tener un aumento que de entre 300 y 400 por ciento como para eliminar el subsidio. Eso significa pasar a pagar de 17 pesos a 65. En plata son 40 pesos más o menos», dice.
Claro que si se aumenta el consumo se pasa de categoría y el impacto sería mayor. Para una familia de clase media, que de acuerdo con los datos del Indec compilados por Tiscornia, tiene ingresos por 10.000 pesos, el aumento del gas representaría para su presupuesto, 3 por ciento del total. «En el caso del gas, los aumentos están en torno al 200 por ciento», dice.
Pero esto, aclara Tiscornia, es desde los fríos número de la macroeconomía. «Hay un fin fiscal en todo esto. Creo que en la medida que puedan financiar el déficit, menos necesidad tendrán de reducir los subsidios. Cuán drástico será vendrá de la mano del financiamiento que tenga», resume.
Justamente cuando se mira la cuenta global, el cimbronazo no es tan grave. Andrés Chambouleyrón es economista y especialista en regulación de servicios públicos. «Hay que ocuparse del subsidio a la energía, que es el que mueve el amperímetro», anticipa. De acuerdo con los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en el primer trimestre del año, este item sumó 30.653 millones de pesos, 30% más que el mismo período de 2014. En ese trimestre, el total de subsidios fue de $ 44.369 millones.
El bache fiscal
En principio, coincide con Tiscornia: hay una cuestión fiscal de fondo. Hace una cuenta global. «Cuando se suben las tarifas, aumenta las recaudación de impuestos. Por lo tanto, en la cuenta general hay una mejora por dos vías: se bajan los subsidios y mejora la recaudación», dice. El argumento lo lleva al principal punto: no es necesario subir tanto el precio de los servicios públicos si se mira el resultado fiscal.
El segundo punto que relata tiene que ver con el consumo. «Será muy importante dar un incentivo para reducir el consumo.» Y lo explica con algunos ejemplos. Por caso, es tan caro producir un MW
h respecto de lo que paga el usuario, que conviene no aumentarle si ese consumidor ahorró respecto de lo que demandaba. Para ilustrar: a veces el ticket en una aerolínea cualquiera a un pasajero es más barato que despachar un avión para llevarlo. En este caso, conviene más el ahorro para no generar esa electricidad antes que aumentarle. «Será clave diseñar un esquema de reducción de consumo con algún incentivo monetario que premie el ahorro», concluye.
Sin embargo, los problemas no terminan ahí, en encontrar un equilibrio tarifario. Por ejemplo, un movimiento en el tipo de cambio encarecen proporcionalmente el precio del combustible importado, principal destino de las transferencias al sector privado.
Más allá de que la mayoría de las veces se habla de la energía, el transporte y el agua son otros servicios que también tienen subsidios. El Ministerio del Interior y Transporte, por caso, hizo un tanteo a principio de año para subir, no demasiado, las tarifas de colectivos metropolitanos. Pretendían neutralizar el aumento de sueldos que estos días discuten los choferes. La respuesta fue no, en un año electoral, as tarifas no se tocan. Ese «no» costará alrededor de 9000 millones de pesos en el año, según números oficiales. Primó la política. Como casi siempre.
Fuente: La Nacion