El juez federal Norberto Oyarbide encabezó un operativo judicial en la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, en el marco del expediente que investiga la “mafia de los medicamentos”. Lo hizo junto al empresario Gabriel Brito y para determinar si es real que se forzó un envío suyo de dinero para que figurara como aporte a la campaña de Cristina y Cobos.
Si bien se realizó en el marco del expediente que investiga la denominada “mafia de los medicamentos”, la tarea que hoy llevó adelante el juez Norberto Oyarbide tuvo que más ver con los aportes de campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007 que con esa causa judicial.
Es que el magistrado realizó, junto al secretario del juzgado Carlos Leiva, una inspección ocular dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud, junto al empresario Gabriel Brito, titular de la firma Global Pharmacy.
La diligencia fue ordenada por Oyarbide a raíz de los dichos de Brito, quien, durante la indagatoria de más de dos horas que prestó hoy mismo, aseguró que fue en las oficinas de la Superintendencia donde lo presionaron varios funcionarios -ahora implicados en la causa- para que ratificara que había aportado voluntariamente 310 mil pesos a la campaña electoral de 2007.
Según Brito, su intención nunca fue aportar ese dinero a la campaña, sino que figuró como tal tras ser engañado por el empresario Néstor Lorenzo, a quien él le había hecho entrega de cuatro cheques por la suma de 310 mil pesos en total.
Durante la inspección, el juez pretende que el empresario imputado lo conduzca y le relate el lugar donde se hizo aquella reunión, y quiénes participaron.
Brito se encuentra en estas horas procesado por “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, y fue excarcelado en septiembre del año pasado por orden de la Sala II de la Cámara Federal.
«Lo de hoy es otro golpe más para el Gobierno. Se demostró que (la ratificación de aportes) se hizo bajo amenaza. Una vez más colaboro con la Justicia y nos ponemos a disposición porque no le tenemos miedo a nadie», declaró el empresario.
Su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, hizo lo suyo al asegurar a MDZ que “la medida de Oyarbide logró demostrar que a mi cliente lo apretaron para que declarara algo que no es real: que hizo aportes de campaña voluntarios.”
-Sin embargo, se dijo que eso ocurrió en una escribanía a cargo de Andrea Rey.
-Eso es falso, la escribana estuvo en la superintendencia y a Brito lo apretaron para que firmara el documento. Uno de ellos fue el propio Néstor Lorenzo.
-¿La inspección ocular estaba prevista o fue espontánea?
-No, fue espontánea. En realidad hubo una especie de forcejeo verbal entre Brito y Oyarbide y el juez decidió que fuéramos todos a la Superintendencia para ver si era cierto que mi cliente había estado ahí.
-¿Y pudo demostrarlo?
-¡Claro! Se movió como gran conocedor del lugar y hasta mostró dónde estaba la oficina del superintendente.
-¿Cómo sigue ahora la causa judicial?
-Con todo lo que aportamos, hay mucho para que haga la Justicia, especialmente contra las cooperativas “truchas” que aparecen en toda la trama.
Mientras estas líneas terminan de escribirse, dos hechos de relevancia han ocurrido en torno a este mismo expediente:
1-La Justicia intenta determinar los detalles del misterioso crimen del tesorero del sindicato de Maestranza, Roberto Rodríguez, quien se encontraba en el centro de la escena del mismo expediente judicial, el que investiga la mafia de los medicamentos. Por lo que pudo saberse hasta ahora, se trataría de un hecho mafioso, ya que al sindicalista no le robaron nada: solo lo golpearon y lo mataron de un tiro en la cabeza.
2- La Corte Suprema de Justicia concedió la extradición a Estados Unidos de Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven empresario sindicado como narcotraficante por la embajada de Estados Undios y vinculado con laboratorios farmacéuticos. Desde hace dos años, es investigado por su participación en las causas conocidas como «ruta de la efedrina», «triple crimen de General Rodríguez» y «mafia de los medicamentos».
Fuente: http://www.mdzol.com/