El abogado Carlos Salvatore, acusado de traficar cocaína a Portugal, perdería el beneficio del arresto domiciliario; el fiscal de Chaco cree que podría fugarse o entorpecer la pesquisa
La escucha telefónica en la que el abogado Carlos Salvatore, acusado de contrabando de cocaína y lavado de dinero, le dijo a su esposa que iba a matar a la jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger puede costarle el beneficio del arresto domiciliario que cumple en su casa de la residencial avenida Melián, en el barrio de Belgrano, desde el 13 de enero.
La nota publicada el domingo por LA NACION, en especial, la foto que la ilustraba, es una de las pruebas que podría hacerlo volver a una cárcel común, a la espera del juicio que lo tendrá como uno de los principales acusados en la causa del contrabando de cocaína a Portugal, conocida como Carbón Blanco.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Federico Carniel, solicitó la inmediata detención de Salvatore, de 59 años. El representante del Ministerio Público fundamentó su pedido en la «real capacidad operativa y logística» del acusado para fugarse o entorpecer la causa, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.
«Existen varios sucesos protagonizados por el imputado que dan muestras de que lejos de estar haciendo reposo y evitar el contacto con lugares y personas que lo pueden contaminar, [Salvatore] no tuvo problemas de salir a la vereda de su casa, recibir al personal policial, hacerlos pasar en dos oportunidades a su casa y acompañarlos a la puerta de salida», dictaminó Carniel.
Se refería al allanamiento que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el sábado, por orden del juez federal Ariel Lijo, donde se secuestraron 66.500 dólares, 12.185 euros y seis teléfonos celulares.
El fiscal tuvo la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), que le envió por escrito la documentación sobre los hechos ocurridos el fin de semana pasado sobre la supuesta amenaza a la jueza federal chaqueña.
Ahora será el TOF de Resistencia, Chaco, quien decida la suerte de Salvatore, que goza del arresto domiciliario por cuestiones de salud, para evitar una eventual infección intrahospitalaria en el hospital del Complejo Federal de Ezeiza.
Fuentes cercanas al fiscal Carniel explicaron a la nacion: «No nos desentendemos del estado de salud de Salvatore, pero creemos que en el hospital del Servicio Penitenciario Federal [SPF] puede ser atendido como corresponde».
Salvatore y otros cuatro acusados esperan el juicio oral y público por el secuestro de 1051 kilos de cocaína camuflados en cargamentos de carbón vegetal. La mitad de la droga fue secuestrada en el puerto de Buenos Aires; el resto, en Portugal.
Una vez cerrada la investigación de Carbón Blanco, el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri, y el titular de Procelac, Carlos Gonella, avanzaron sobre las hipótesis de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Por esa causa, la jueza federal de Roque Sáenz Peña, Niremperger, ordenó la semana pasada 39 allanamientos donde detuvo, entre otros, a la esposa y al suegro de Salvatore, Silvia y Santiago Valles, respectivamente.
Dos días después de los allanamientos y de las detenciones, Salvatore habló por teléfono con su esposa, que estaba detenida en la Unidad N° 11 del SPF, en Roque Sáenz Peña. En la comunicación, que duró siete minutos, y a la que tuvo acceso la nacion, Salvatore le dijo a su mujer: «Me voy a ocupar de la defensa de todos. Los voy a sacar. Después la mato a ella. Yo pago este homicidio, pero ella se muere. Te amo, mi vida. No me afloje ninguno, por favor. Yo cuido a los chicos».
Para la Justicia, el sospechoso de narcotráfico hacía referencia, en la escucha, a la jueza federal Niremperger. Así lo sostuvo el fiscal federal porteño Diego Iglesias en un dictamen en el que solicitó el allanamiento del lugar donde salvatore cumple arresto domiciliario, requerimiento al que hizo lugar el juez federal Lijo.
Según la acusación del Ministerio Público, la esposa y el suegro de Salvatore y los otros tres detenidos están acusados de integrar una asociación ilícita para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, explicaron fuentes judiciales.
Se les imputan «actividades de administración patrimonial» vinculadas con inversiones inmobiliarias, de automóviles de lujo y transferencias bancarias.
Calificadas fuentes judiciales que participaron de las indagatorias explicaron a la nacion que algunos de los sospechosos reconocieron las actividades de administración patrimonial, pero sostuvieron que desconocían que el dinero provenía del contrabando de drogas.
Los mismos informantes explicaron que el martes próximo se hará una junta médica, de la que participarán médicos legistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público, para evaluar la salud de Salvatore y determinar si puede ser trasladado a Chaco para ser indagado como jefe de una asociación ilícita. Si por razones de salud no puede viajar, la diligencia judicial podría ser hecha por videoconferencia..
Fuente: La Nación