Oficialismo, oposición y organizaciones intermedias reclaman más equidad. Evidentemente se esta fallando en la selección de los instrumentos ya que la inequidad se perpetúa. Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de errores es la propuesta de obligar a las empresas a distribuir las ganancias entre sus trabajadores. La propuesta sólo es aplicable a las grandes empresas, lo que beneficiará a los trabajadores de más altos ingresos que ya ocupan los estratos más elevados en la distribución del ingreso. Por el contrario, no reportará beneficios a quienes trabajan en las empresas más chicas, es decir, la base de la pirámide social.
La propuesta de obligar a las empresas a distribuir parte de las ganancias entre sus trabajadores ha provocado una encendida discusión en un arco amplio de la dirigencia, tanto desde el ámbito de los partidos políticos, empresariales y sindicales. Los promotores de la idea sostienen que con una medida de este tipo se podrá mejorar la distribución del ingreso. La noción subyacente es que el origen de los ingresos de los hogares más acomodados proviene de rentas, mientras que los trabajadores que viven de un salario engrosan los segmentos de menores niveles de ingreso.
La iniciativa se apoya en la idea de que todos los asalariados integran los segmentos más postergados en la distribución del ingreso. Para verificar la validez de este supuesto, resulta pertinente observar los datos oficiales. Según la información de la AFIP y de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, los niveles salariales tienen las siguientes disparidades:
· Los asalariados registrados dependientes de empresas privadas con más de 500 trabajadores tienen una remuneración promedio de $5.100.
· Entre los asalariados registrados que trabajan en empresas privadas con menos de 25 trabajadores el sueldo medio es de $2.286.
· Los trabajadores no registrados, que en su mayoría se insertan en empresas privadas con menos de 25 trabajadores, perciben un salario promedio de apenas $1.150.
Si se tiene en cuenta que entre las empresas con menos de 25 trabajadores aproximadamente la mitad de los trabajadores están registrados y la otra mitad no registrados, se deduce que la remuneración promedio entre las empresas con menos de 25 trabajadores es de aproximadamente $1.700. Esto significa que las grandes empresas pagan salarios que son el triple de los salarios que pagan las pequeñas empresas.
La idea de obligar a distribuir las ganancias es aplicable sólo a las grandes empresas. Esto se explica porque son las que se constituyen formalmente como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y, por lo tanto, tienen balances donde se registran las ganancias que luego se distribuyen entre los accionistas. Por el contrario, entre las empresas más chicas predominan las sociedades de hecho y los emprendimientos unipersonales o familiares que no tienen balances. Bajo condiciones de registración mucho más informales y donde las ganancias van junto con los ingresos personales de los dueños resulta muy complicado o directamente imposible instrumentar el proyecto.
Esta segmentación pone en evidencia que si se aplicara el proyecto la distribución del ingreso empeoraría. Las empresas de mayor tamaño ya están compartiendo con sus trabajadores el fruto de su mayor productividad a través de salarios que son en promedio tres veces más altos que las empresas chicas. Por eso, estos trabajadores ya integran los segmentos medios y altos de la distribución del ingreso. Por el contrario, en la base de la pirámide social predominan los desocupados y los trabajadores de empresas chicas, es decir, trabajadores que difícilmente tengan la posibilidad de beneficiarse con el proyecto. Peor aun, de aplicarse la iniciativa se agregaría otro factor de presión sobre los precios y la emigración de inversiones a otros países, fenómenos que ayudan a consolidar una sociedad fuertemente polarizada.
El instrumento apropiado para redistribuir es el impuesto a las ganancias. La lógica de este tributo es que el Estado se apropia de parte de la renta de quienes perciben ingresos más altos y con esos recursos financia acciones que beneficia a quienes tienen ingresos más bajos. Con un sentido progresivo (quien más gana, más paga) se acumulan recursos que luego se redistribuyen a través de inversiones y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias de más bajos ingresos.
El debate de políticas publicas esta cargado de contradicciones. Por un lado, se reclama reducir la incidencia o directamente eliminar el impuesto a las ganancias. Por el otro, se impulsa una iniciativa que opera como una especie de “privatización” de parte del impuesto a las ganancias a favor de segmentos medios y altos. Se trata de nuevos testimonios de que cuando falta creatividad y buenas ideas, y sobran los ideologismos, se nubla la sensatez y la racionalidad.
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