En un fallo dividido, la Cámara Federal aceptó la petición del Ministerio de Justicia; se investiga el extravío de legajos en la IGJ, que depende de la cartera de Julio Alak
LA Sala I de la Cámara Federal permitió ser querellante al Ministerio de Justicia en la causa por la pérdida de documentos de la Inspección General de Justicia vinculados con el caso Ciccone, en el que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou .
El caso está a cargo de María Servini de Cubría, quien había rechazado la petición de la cartera que conduce Julio Alak .
Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron que el «Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública». Eduardo Farah votó en disidencia al coincidir con Servini en rechazar al Ministerio como querellante, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.
En la causa se tomaron declaraciones de testigos, se ordenó un peritaje y agentes de la Justicia visitaron la IGJ en busca de pruebas para determinar qué fue lo que pasó con los papeles desaparecidos.
Los expedientes que desaparecieron están ambos ligados al caso Ciccone, la causa penal donde está procesado el vicepresidente. En realidad, faltaban tres, pero uno reapareció. «[Ese expediente] se encontró mal encasillado y dos se reconstruyeron», dijo el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el número dos de Alak.
Los perdidos fueron los de Ciccone Calcográfica y The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la imprenta y que presidía Alejandro Vandenbroele . El expediente que reapareció fue el de London Supply, la empresa que puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa.
La pérdida de los expedientes sucedió cuando dirigía la IGJ Marcelo Mamberti, un hombre ligado al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Fue en febrero de 2012, cuando ya había estallado la investigación sobre Boudou por su actuación en la venta de la imprenta. Fue Mamberti quien ordenó reconstruir las carpetas perdidas.
Los investigadores judiciales no tienen claro aún si había documentación comprometedora en los tramos de los expedientes que no se reconstruyeron. No obstante, el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, guarda en su caja fuerte el libro original de la sociedad The Old Fund donde constan los movimientos societarios más polémicos, como por ejemplo donde aparece Vandenbroele como «nuevo accionista» de la firma, hasta que su nombre fue tachado con birome.
Fuente: La Nación