Por Jorge R. Enríquez
Muchas cosas podrán decirse del kirchnerismo, salvo que no sea previsible. Luego de casi doce años de verlo actuar, nadie puede alegar sorpresa ante las decisiones que adopta.
Lo que varía es la velocidad de sus reacciones. Puede ser algo más lenta en los temas generales, pero alcanza la celeridad del rayo cuando está en juego la más sagrada de las muchas soberanías que nos vino a consagrar: la soberanía familiar. Si la familia Kirchner es rozada, el contraataque es automático y feroz.
Lo supo el año pasado el fiscal José María Campagnoli, cuando osó husmear en los asuntos de Lázaro Báez. Para asombro de propios y extraños, un fiscal fue suspendido y se pretendió removerlo precisamente por investigar un supuesto delito.
Ahora los cañones apuntan al juez federal Claudio Bonadío. Su falta es investigar una sociedad de la familia presidencial en el marco de una causa sobre lavado de dinero. En pocas horas, los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura de la Nación reflotaron viejas denuncias y lo sancionaron con la pérdida del 30% del sueldo, además de intentar iniciarle el proceso de remoción.
Bonadío no es probablemente el mejor ejemplo de un juez impermeable a las influencias políticas. Llegó a su cargo por su cercanía al menemismo. En estos últimos años, no molestó al poder. Tanto es así que hace muy poco la diputada ultrakirchnerista Diana Conti lo ponderó como un magistrado lleno de virtudes.
No podemos saber qué pasó ahora para que Bonadío haya dejado esa actitud prudente, por decir lo menos. Acaso la ofensiva del gobierno contra el Poder Judicial en general hizo que algunos jueces, pese a que habían hecho bien los deberes, pensaran que ellos también caerían en la volteada. Acaso la proximidad del final del gobierno y la perspectiva de un cambio de signo político despierta a algunos jueces de su prolongado letargo, para llegar en mejor situación al nuevo orden de cosas.
Cualquiera sea el motivo, lo cierto es que el allanamiento dispuesto en Hotesur fue demasiado para los cánones kirchneristas. Previsiblemente, hablaron de golpe de estado. Previsiblemente, también, usaron todos los recursos públicos para defender a una familia por actos privados y para perseguir al juez impertinente.
Y no cuidaron las formas ni buscaron caminos sutiles. Fue todo brutal y veloz. Para escarmiento del atrevido y para ejemplo de los demás.
Mientras tanto, los elementos que supuestamente vincularían a los Kirchner con operaciones de lavado de dinero son múltiples. Es cierto que son indicios, pero en estos casos la prueba indiciaria suele ser la única posible: nadie firma un contrato de lavado de dinero. No formulamos una afirmación categórica respecto de hechos que deberán ser determinados judicialmente. Solo señalamos que existen sospechas serias y fundadas; y que, por lo tanto, corresponde que los involucrados den las explicaciones concretas que sean necesarias, en lugar de limitarse a burdos ataques ad hominem y a insistir en el ya gastado y ridículo recurso de urdir teorías conspirativas.
El espectáculo de una presidente que se defiende de acusaciones tan graves usando todo el aparato del Estado para sacar del medio al juez de la causa nos parecería exagerado si lo viéramos en una película. Pero pasa como algo corriente y no genera grandes cataclismos en una Argentina cuya bajísima calidad institucional es el más nocivo resultado de la última década.
Viernes 05 de diciembre de 2014
Dr. Jorge R. Enríquez
twitter: @enriquezjorge