Santiago de Chile, 17 ene (EFE).- Los habitantes de la región chilena de Magallanes mantenían hoy, por sexto día, un paro cívico en protesta por la subida de precios del gas, pese al endurecimiento del Gobierno, que anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los dirigentes de la movilización.
La medida, que permite a las autoridades perseguir judicialmente a quienes alteren las actividades habituales con bloqueos de calles o caminos, fue rechazada por diversos sectores políticos y sociales, que temen una radicalización de las protestas en la región, ubicada a 2.300 kilómetros al sur de Santiago.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que hace unos meses fue mediador en la solución de una huelga de hambre de presos mapuches, consideró «grave» la medida, anunciada la noche del domingo por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
«Es grave, sin duda alguna, la medida tomada»», dijo a los periodistas Ezzati, que matizó, no obstante, afirmando: «No soy quién para juzgar la realidad completa», y manifestó su esperanza en que «la razón y el diálogo vuelvan a ser el camino para buscar la solución».
Por su parte, el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, viajó hoy a la zona junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para retomar contacto con los representantes de la comunidad y reanudar el diálogo, suspendido durante el fin de semana.
El paro fue convocado por la Asamblea Ciudadana, que aglutina a diversas organizaciones gremiales y sociales de la región, en rechazo a una subida del 16,8% en el precio del gas, principal combustible de la zona, que además es la única donde se produce y se vende subsidiado a sus habitantes.
El Gobierno anunció una reducción del alza, a sólo un 3% y mantener ese precio hasta octubre próximo, pero la oferta fue rechazada por la comunidad.
Este lunes algunos comercios comenzaron a reabrir sus puertas en Magallanes y algunas entidades como la Asociación de Turismo se descolgaron del paro, pero se mantienen los bloqueos de rutas y otras medidas de presión además de las movilizaciones.
El paro ha perjudicado especialmente al turismo y unos 3.000 visitantes, principalmente argentinos, que permanecían sin poder regresar a sus lugares de origen fueron evacuados durante levantamientos temporales de los bloqueos.
Antes de viajar a Punta Arenas, la capital regional, el subsecretario del Interior afirmó que un sector «minoritario», de la Asamblea Ciudadana ha evitado un acuerdo que ponga fin a la protesta.
Entre la noche del domingo y madrugada del lunes hubo nuevas manifestaciones y algunos disturbios aislados en Punta Arenas, donde dos carabineros resultaron lesionados en un incidente con pobladores, según fuentes policiales.
Los lesionados fueron el mayor Hernán Benavides, con una contusión en una mano, y el sargento Boris Plater, con una herida cortante en el muslo derecho, precisaron las fuentes, que añadieron que dos personas fueron detenidas en el incidente.
Según el senador por la zona Carlos Bianchi, unas 8.000 personas se manifestaron en las calles de Punta Arenas en rechazo a la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que también fue rechazada por el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimiça.
A su juicio, la medida equivale «a apagar un incendio con gasolina»; mientras la diputada por la zona Carolina Goic, en declaraciones a radio Cooperativa, la consideró «una provocación» y «una estrategia equivocada» para tratar de quebrar a la Asamblea Ciudadana.
Dalivor Eterovic, dirigente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los portavoces de la Asamblea, acusó al Gobierno de ser «autoritario y violento», y de estar acostumbrado a a resolver los problemas mediante la violencia.
«Lo hizo en Isla de Pascua, en La Araucanía, y ahora pretende hacerlo en Magallanes», sostuvo, en declaraciones a la misma radio.
Para el presidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro, la medida «es un acto más de abuso y de autoritarismo», del Gobierno, lo que a su juicio, «refleja nada más que una falta de experiencia y manejo político que no se pueden soslayar».
En tanto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en alerta por la eventual aplicación de la ley de seguridad del Estado, y el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente, también planteó sus dudas.
«No sé si sea lo más prudente para ayudar a llegar a los resultados que el país quiere», sostuvo Coloma, para quien lo que debe prevalecer es «el camino del entendimiento».
Fuente: EFE