Logró la ley con 130 votos, uno más que lo necesario. Sufrió para el quórum, porque no fueron Insaurralde, Granados y Mendoza.
El Gobierno sancionó el Código Procesal Penal con 130 votos, tras diez horas de debate y sufrir mucho para alcanzar el quórum.
Lo consiguió a las 12.29 con los 129 diputados necesarios. Sufrió las ausencias con aviso de Carlos “Cuto” Moreno y Eva Isa, pero también las de Martín Insaurralde, Dulce Granados y Sandra Mendoza, quien no habían informado que dejarían las bancas vacías. La tardanza de Carlos Raimundi y Gastón Harispe complicó más las cosas.
Granados es la esposa del ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, y tal vez la única voz de Daniel Scioli en la Cámara baja. Mendoza no sale de su furia con Juliana Di Tullio y Diana Conti, por aquel cruce cuando defendió a Elisa Carrió.
La mayoría de la oposición coincidió en reemplazar el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio, que le da facultad de investigar a los fiscales, pero exigió una ley de Ministerio Público para limitar el poder de la Procuradora.
El Anexo II de la ley autoriza a Alejandra Gils Carbó a designar aproximadamente 1.700 cargos sin concurso previo en el Ministerio Público.
El oficialismo centró su defensa en las bondades de la flamante ley, que permitirá mayor celeridad, oralidad y simpleza de los trámites judiciales, con procesos que no podrán extenderse más de 3 años.
«Este Código sólo le sirve a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos. No tenemos miedo de votar. La presidenta nos demuestra todos los días que no tiene miedo”, cerró la jefa del bloque oficialista Juliana Di Tullio.
Aunque el bloque K no había recibido bien el artículo que da posibilidad de expulsar a los extranjeros que delincan. Quienes más se resistían eran los 4 referentes del Movimiento Evita y los 2 del Frente Grande.
Pero los senadores oficialistas retocaron ese artículo para calmarlos, junto a otras 42 modificaciones que no alcanzaron para convencer a la oposición.
“Para el radicalismo lo principal es el Código Procesal Penal con una Ley de Ministerio Público y juicio por jurados, aunque al Gobierno sólo le interesa que la procuradora Gils Carbó mantenga su poder discrecional para crear inmediatamente 17 fiscalías, 20 defensorías y designar 1.650 nuevos empleados”, cerró el radical Mario Negri.
El debate
Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo y destacó que «este Código le da protagonismo a la víctima» y, entre otras cosas, «utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad».
Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno.
En este sentido, Manuel Garrido (UCR) advirtió en el recinto que llama «la atención que lo único que se va a aplicar» en lo inmediato tras la sanción del Código «es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados», lo cual dijo luego que «responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular».
«No nos rasguemos las vestiduras», contestó la ultrakirchnerista Diana Conti para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que «esos cargos que se crean son cargos bien habidos y bien dados» y «aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente» el personal del Ministerio Público para que «se aceleren los juicios».
Sin embargo, el massista Gilberto Alegre no se mostró convencido con la explicación de la diputada oficialista ya que denunció que el proyecto oficial busca «la designación inmediata de funcionarios adictos al Gobierno que garantice a futuro impunidad».
El peronista disidente Carlos Caserio (Unión por Córdoba) se sumó a esta teoría al sostener que con este proyecto «lo que se busca es poder elegir funcionarios que sean adictos al poder político».
El macrista Pablo Tonelli aseveró que junto a esta reforma es «imprescindible» una nueva ley de Ministerio Público que «le reste discrecionalidad al procurador general a la hora de tomar decisiones».
«El proyecto viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez aprobado este Código, va a ser aplicado por unos 200 órganos jurisdiccionales, pero sucede que la mayoría de esos tribunales deberían ser traspasados a la órbita de la Ciudad, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Nacional», agregó.
Por su parte, el mendocino Julio Cobos indicó que «antes del Código Procesal Penal» se tendría que haber empezado por «el Código Penal», cuyo tratamiento no prosperó en el Congreso.
En tanto, Martín Lousteau (Suma+Unen) subrayó que «no es una reforma legislativa la que necesitamos sino enfocar la gestión de la Justicia de una manera distinta», mientras que el socialista Juan Carlos Zabalza evaluó que «la actual normativa de funcionamiento» del Ministerio Público «no ofrece las suficientes garantías de control interno y externo que aseguren que la nueva estructura garantice la independencia del Poder Judicial».
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