Presionado por las estadísticas publicadas el jueves, que señalan un incremento del 43% en la inmigración neta en Reino Unido y la consiguiente ruptura de la promesa del Gobierno de bajarla antes del fin de la legislatura, David Cameron ha anunciado una batería de propuestas para acotar la inmigración europea. Como promesa electoral de cara a los comicios de mayo, el primer ministro conservador ha propuesto dar a ciudadanos de la Unión Europea un plazo límite de seis meses para encontrar trabajo. Cameron ha planteado el requisito de residir en Reino Unido durante cuatro años para beneficiarse de ciertas ayudas estatales, como créditos fiscales o el acceso a viviendas sociales.
Cameron espera que la retirada de las prestaciones sociales sirva para disuadir a los trabajadores europeos menos cualificados de instalarse a Reino Unido. Al mismo tiempo, la propuesta satisfará a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que advirtieron al primer ministro de que no tolerarían que cruce la línea roja del principio de la libertad de movimiento dentro de la Unión.
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La propuesta, sin embargo, no acallará las críticas del partido populista antieuropeo UKIP ni del sector más radical de sus propias filas, para quienes la medida no es suficiente para frenar la inmigración. Está previsto que Cameron renuncie a la imposición de cuotas para contener el auge de la inmigración, y al “freno de emergencia” para contener temporalmente la tendencia, solicitado por los sectores más radicales de su propio partido. Y probablemente encontrará también la oposición, en el lado opuesto, de otras capitales europeas que pueden tachar la medida de discriminatoria.
Está previsto que Cameron advierta, por primera vez, que si Bruselas no atiende a sus peticiones estaría dispuesto a hacer campaña por la salida de la Unión Europea en el referéndum que ha prometido celebrar en 2017, si su partido gana las elecciones generales del próximo mes de mayo. Pero una propuesta como la que finalmente va a presentar, que no amenace el principio de libre circulación, parece que no encontrará un cierre en banda en Bruselas, como sugirió el propio Juncker al Financial Times. Tanto el presidente de la Comisión como Angela Merkel estarían dispuestos a contemplar una gradación de las prestaciones sociales que los diferentes Estados ofrecen a los inmigrantes comunitarios, aunque esto requiera una reforma de algunos artículos de los tratados de la Unión.
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