El gran problema actual de casi 1 millón de jubilados es el de haber llegado a la tremenda e inhumana conclusión que, en el corto tiempo de vida que les resta, no les serán reconocidos por el Estado los beneficios que legalmente les corresponden.
Son aquellos trabajadores retirados que, en su momento, por percibir prestaciones superiores a mil pesos, ambas administraciones kirchneristas, los condenaron a perder progresivamente el poder adquisitivo de sus respectivas jubilaciones y pensiones, generando el insólito y absurdo proceso de ir situándolos, gradual e inexorablemente, en la grilla de jubilaciones menores.
Pero además, para mayor daño y humillación, se los discrimina como si fuesen potentados o privilegiados que perciben esas jubilaciones superiores sin merecerlo, excluyéndolos de algunos pagos discrecionales y oportunistas que, con fines demagógicos, suele otorgar el actual Gobierno por única vez, como el concedido de $500 el último mes de diciembre.
Expresándolo con absoluta claridad, el matrimonio Kirchner resolvió de manera dictatorial que ese grupo de trabajadores retirados “gana suficientemente bien” y, por lo tanto, no se les debe actualizar sus haberes ni otorgar incrementos proporcionales a sus prestaciones o ajustarlas en función a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.
Los jubilados que están ubicados en esa franja son también conscientes que corren el riesgo, junto con los trabajadores futuros pensionados, de sufrir daños mayores al constatar que los fondos acumulados están siendo orientados, discrecional y demagógicamente, a beneficiar a quienes nunca aportaron, o a los que lo hicieron en menor escala o irregularmente.
Frente a esa ignominia, los integrantes de dicho grupo de pensionados han asumido con criterio realista, pero no por ello con menor indignación e impotencia, que son víctimas intencionadas de un exterminio pausado y cruel, sintiéndose descartados y perjudicados por un Estado indolente y vejador.
Son indicios irrefutables de esa sensación de carácter inhumano, convertida en una condenable realidad, los siguientes hechos:
1) el veto de la señora Presidenta a la ley aprobada por el Congreso mediante la cual, siguiendo los preceptos constitucionales, se les reconocía el 82% móvil sobre las prestaciones mínimas y se reformaba la absurda, inconstitucional e incomprensible fórmula de movilidad.
2) la premeditada actitud de los legisladores oficialistas conducente a no aprobar el presupuesto modificado para el año 2011, cuya sanción hubiese permitido salvar y viabilizar aquellos derechos conculcados.
3) la constante desobediencia administrativa de la Anses en liquidar los beneficios previsionales conforme lo determina la jurisprudencia actual.
4) la persistente maniobra de parte de la Anses, a pesar de los compromisos oportunamente asumidos ante Organismos Internacionales, en apelar los fallos de los Tribunales Inferiores y en demorar injustificadamente el cumplimiento de lo que disponen las sentencias definitivas del Tribunal Superior.
5) la real malicia con que actúa el Poder Ejecutivo, ya que con dichas actitudes fuerza a los jubilados a recurrir inevitablemente a la vía judicial, a sabiendas que el fuero está colapsado y que los juicios perduran -en el mejor de los casos- entre 5 y 6 años, especulando obviamente con la no sobre vivencia del jubilado que reclama.
6) los DNU dictados por la Presidenta, mediante los cuales se dispone que la Anses financie toda clase de gastos que nada tienen que ver con las prestaciones previsionales, según los informes y estudios de analistas y especialistas técnicos difundidos y las publicaciones periodísticas que dan cuenta de ello.
7) por el lamentable letargo jurídico que surge de la demora de la Corte Suprema de Justicia en expedirse sobre la factibilidad de considerar la pretensión de los damnificados como una “acción de clase”, dadas las circunstancias apuntadas, sus fallos al respecto y la inacción manifiesta e injustificada de los otros poderes, conforme la función de contralor que constitucionalmente le cabe. Resulta oportuno invocar en este punto la necesaria asignación prioritaria que se espera de la Corte, visto el estado de indefensión institucional al que está sometido el sector pasivo, quién, por su naturaleza y composición, obviamente está impedido de pronunciarse mediante acciones directas tan frecuentemente utilizadas en estos momentos por grupos de organizaciones sindicales y otros de distinta índole, acogidas en su mayoría favorablemente por las actuales autoridades persiguiendo un interés político partidario.
8) por la inexistencia a luces vista de otras instancias o poderes que pudieran ocuparse y atender a tiempo sus reclamos, haciendo salvedad de la prensa independiente, la que habitualmente exterioriza el problema con amplitud y claridad, sirviendo de fuente apropiada para constatar lo señalado.
En virtud de esas evidencias, a más de otras no expuestas, queda fácilmente demostrado que, lamentablemente, para los jubilados y pensionados, la “sensación” que perciben es coincidente con la “realidad” y que también es sinónimo de “injusticia” y “exterminio” sobre un número mayúsculo de personas que reclaman sean contemplados sus derechos humanos.
Fuente: Por el Dr. Jorge R. Castorina para el Informador Público