El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ratificó que el «acuerdo de convergencia» con las provincias para equiparar las tarifas eléctricas tiene plazo hasta el 31 de diciembre y que a partir de 2015 cada jurisdicción «puede definir de forma autónoma su política».
Capitanich recordó que el convenio implica «congelamiento de tarifas» y el financiamiento por parte del Gobierno nacional de obras de alta, media y baja tensión, el cual vence el último día de 2014.
«Desde el 1 de enero cada provincia puede definir de forma autónoma su política tarifaria», afirmó.
Por otro lado, el jefe de gabinete reiteró que el Estado nacional considera «ilegal» la tasa vial que aplica la provincia de Córdoba para recaudar fondos, y recordó que el tema está en la Justicia.
«La tasa vial está judicializada, y ya hubo convocatoria de partes donde quedaron expuestas las posiciones de la provincia de Córdoba y del Estado nacional. Consideramos la tasa vial de naturaleza ilegal», dijo Capitanich en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
El jefe de ministros agregó que «el tema no está resuelto en la instancia máxima, que es la Corte Suprema de Justicia».
La provincia de Córdoba cobra una Tasa Vial sobre el precio de los combustibles y que está destinada a recaudar fondos para obras viales.
El gobierno de José Manuel de la Sota anunció para el 2015 un incremento de la Tasa Vial de entre el 50 y el 67 por ciento, llegando al 100 por ciento en los últimos tres ejercicios.
La Tasa Vial fue creada en septiembre de 2012 por De la Sota en medio de una fuerte polémica legislativa porque los opositores entendieron que es un impuesto, y que para eso debió ser aprobado en dos sesiones y con una audiencia legislativa.
Doce municipios de la provincia de Buenos Aires (Tigre, San Fernando, San Miguel, Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Olavarría, Merlo, San Isidro, San Martín y Junín, y Vicente López) también implementaron el cobro de la tasa vial, con el consecuente rechazo de las autoridades bonaerenses, que consideraron este tributo «injusto e inconstitucional».
Se trata de 11 municipios conducidos por intendentes que pertenecen al Frente Renovador que conduce Sergio Massa, y uno del macrismo.
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