El jefe de Gabinete dio detalles en su habitual conferencia de prensa sobre los objetivos del nuevo órgano creado por la presidenta Cristina Kirchner.
«El objetivo es evitar estrategias de evasión fiscal y de violación de la ley argentina» advirtió Jorge Capitanich y detalló que la coordinación de los distintos organismos permitirá «identificar la trazabilidad de todas las transacciones en materia de comercio exterior».
Desde Casa Rosada, el ministro coordinador señaló que se han detectado gran catidad de maniobras tendientes a evadir impuestos por parte de empresas que subfacturan exportaciones y sobrefacturan importaciones.
«Se trata de un tema de alta complejidad que se da en todas las transacciones en materia de comercio exterior» explicó Capitanich y recordó que así como se han identificao más de 9.600 sumarios administrativos por infracción a la ley penal cambiaria, también se han registrado irregularidades en operaciones de comercio exterior.
El decreto 2.103 publicado este lunes en el Boletín Oficial crea la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, especifica el tipo de maniobras detectadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que realizan empresas exportadoras e importadoras en detrimento del fisco nacional.
El decreto explica que la “subfacturación de exportaciones” implica establecer un monto total de facturación de las ventas al exterior por debajo de su precio real. Esto determina una “menor rentabilidad y reducción de los tributos a pagar en nuestra jurisdicción” y viola la ley penal cambiaria, con lo cual la empresa involucrada logra “apropiarse de la divisa en una cuenta del exterior e ingresar un menor monto al país”.
“Ello repercute negativamente en la economía generando: menor cantidad de divisas ingresadas, tributos determinados y pagados por menor valor y alteración de la cadena de valor”, advierte el decreto.
Luego, la operación de “sobrefacturación de importaciones” implica que los bienes importados son valuados por encima del valor real “con el objeto de transferir más divisas al exterior y lograr un impacto negativo en los resultados de la empresa, a los efectos de evadir el impuesto a las Ganancias en el país”.
Por último, los “precios de transferencia manipulados entre empresas vinculadas permiten efectuar remisiones ilegales de utilidades o afectar el pago de tributos localmente, perjudicando a todo el pueblo argentino”, concluye el decreto.
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