Hace algunos minutos terminó en Río Gallegos una reunión de efectivos de las distintas reparticiones y elaboraron un nuevo petitorio para presentar a las autoridades. En tanto el Comité de Crisis sesionó en Caleta Olivia y ordenaron que Gendarmería tome el control. Fuentes del gobierno rechazan el cuestionamiento y dicen que adoptarán medidas drásticas con aquellos efectivos que incumplan la ley. El gobierno nacional apoya incondicionalmente a la provincia, por miedo al “efecto imitación” en otras jurisdicciones.
Hace unos minutos, culminó en la sede de AMSA, en esta capital, una reunión de policías autoconvocados, donde dos efectivos representativos de cada repartición de Río Gallegos, con el fin de firmar un nuevo petitorio para las autoridades de la Jefatura.
OPI estuvo allí para constatar si en realidad se trata de un movimiento aislado o es un conflicto generalizado, debido a la información contradictoria que llega desde ambos lados: policías en protesta y gobierno.
El nuevo petitorio fue firmado por la mayoría de los que representaban a las comisarías locales, no obstante hubo quienes se negaron a refrendar este documento, sosteniendo que es una “pelea dirigida”, mientras otros sostienen que es un reclamo salarial válido y no tiene nada de político.
OPI habló con el Dr Justo Cobos, abogado que dijo no representar a los policías, sino solamente asesorar en estas circunstancias. El letrado aseguró que entre Río Gallegos y Caleta Olivia los efectivos que responden a lo que denominó “autoconvocatoria”, rondan los mil. Desde el gobierno y Jefatura de Policía se desmienten estos números y se sostiene que no más de 300 o 400 policías se encuentran comprendidos en esta maniobra que las mismas fuentes consultadas calificaron de “ilegal, en contra de las leyes vigentes y donde los que la infringen se exponen a todo tipo de sanción, inclusive, la exoneración de la Fuerza”.
El nuevo petitorio, pudo establecer OPI, será entregado en la Jefatura de Policía, pero como no se encuentra el jefe de Policía en la ciudad, el mismos lo recepcionará el Comisario Mayor Ramón Herrera. En el documento se hacen solicitudes que van desde lo salarial a lo logístico, pero a nivel gubernamental las fuentes consultadas aseguran que “no se le dará curso a ningún pedido que no provenga de los canales oficialmente reconocidos”, haciendo mención a la Asociación Civil, creada como núcleo consultivo en las controversias o al Consejo del Salario, instituciones creadas en el último conflicto y que tienen la virtud de accionar como intermediarios entre el gobierno, las autoridades policiales y los cuadros.
Comité de Crisis
Tal como lo habíamos anunciado esta mañana, sesionó en la Unidad Regional Norte de Caleta Olivia, el Comité de Crisis, encabezado por el Ministro de Gobierno Gustavo Martínez y al finalizar el mismo, además de consolidar la presencia de Gendarmería y PNA, en esa localidad, con el fin de asegurar a la población, para lo cual ya hay destacados 100 efectivos de GN y 200 más prestos para reforzar la seguridad pública, se aprobó la toma de medidas drásticas, respecto de quienes integran esta asonada. Al finalizar la reunión el Ministro Martínez refirió “esto es un delito muy grave, ya hemos presentado la denuncia por sedición que le cabe a aquellos funcionarios públicos de las características de la seguridad, siendo ahora los pasos a seguir, definidos por la justicia”.
Sobre el panorama que tiene el gobierno, del conflicto suscitado con integrantes de la fuerza policial, el funcionario dijo “la situación es la inicial, donde la comisaría segunda de Caleta Olivia está funcionando normalmente y en el resto de las cuatro comisarías sólo hay algunas personas que están reclamando, y es por ello que solicitamos las fuerzas nacionales; en tanto que en el resto de las comisarías de la zona norte y demás localidades la situación es normal. Y finalmente en Río Gallegos persiste el reclamo en un número menor sin afectar la seguridad de la ciudadanía”.
Ojos nacionales
El conflicto policial en Santa Cruz ha concentrado las miradas de toda la prensa del país, pero además, el gobierno nacional ha desplegado todo tipo de medios y colaboración, a través de Sergio Berni, por cuanto, de prosperar un conflicto de estas características en nuestra provincia, podría tener un efecto multiplicador que desean evitar en otros distritos en el que se potenciarían los reclamos con la toma de medidas de acuartelamiento.
De ahí que Capitanich hoy haya mencionado la figura de “sedición” para englobar, no solo a los efectivos que persistan en seguir por esta senda en Santa Cruz, sino que ha sido un aviso para otras provincias, donde la idea ha sido pospuesta, pero las intenciones persisten, de parte de algunos cuadros policiales.
En este sentido, si bien a nivel provincial el gobernador no ha hecho declaraciones drásticas sobre la toma de medidas en contra de los implicados, las fuentes consultadas aseguran que la intención es ir a fondo con quienes no cumplan el ordenamiento legal y no se manejen por los canales institucionales. Dentro de las medidas, no descartan la exoneración de aquellos que se opongan al orden constituido, encuadrándolo dentro de las nuevas leyes que le impiden a un uniformado, tomar una repartición o autoacuartelarse en protesta. De ahí que cuando hablamos con el abogado Cobos, éste declinó llamar “acuartelamiento” a la medida y se habla de “autoconvocatoria”; sin embargo, en fuentes de la Jefatura han asegurado que esto “no hace la diferencia en el momento de tomar medidas en contra de quienes no cumplan con la ley”.
Deslindando responsabilidades
La Asociación Civil Policial de la provincia, la cual articula los reclamos ante el gobierno y transmite las inquietudes institucionales, ha sacado un comunicado donde expresamente determina que no avala la acción directa iniciada por un grupo de efectivos, porque considera que esta actitud ilegal y por fuera de los demás acuerdos, atenta contra ese espacio de negociación que han logrado luego de llevar adelante una tensa lucha que permitió a esa Asociación obtener logros importantes para la institución como la democratización y la humanización de las tareas de los policías.
De esta manera, queda expuesto lo que venimos diciendo desde el primer informe que hicimos ayer, respecto de este problema; todo se desarrolla en el marco de un conflicto interno que tiene la policía, apoyados en la base cierta de viejos reclamos por actualización salarial. Es decir, el argumento central es común a todos, pero el marco procedimental que utilizan es ilegal y podría dar lugar a muy graves consecuencias para aquellos involucrados en la medida de fuerza.
(Agencia OPI Santa Cruz)