La Justicia investigará si en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide se benefició a empresarios en una causa penal por reducción a la servidumbre en talleres clandestinos de producción textil, de acuerdo a un dictamen fiscal que impulsó la investigación.
El fiscal federal Ramiro González pidió medidas de prueba al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, entre ellas determinar qué secretaría de Oyarbide llevó la causa cuestionada y pedir todos los antecedentes al Tribunal Oral Federal 5, que formuló la denuncia penal, informaron fuentes judiciales a la agencia estatalTélam.
La fiscalía también impulsó de manera paralela una investigación penal contra dueños de marcas de ropa que habrían contratado los talleres y que nunca fueron procesados ni llegaron a juicio oral.
La denuncia fue presentada por el Tribunal Oral Federal 5 al condenar a los responsables de esos talleres textiles en un juicio oral y advertir la existencia en la causa de una escucha telefónica donde se aludiría a un acuerdo con el juzgado del caso, a cargo de Oyarbide, para no implicar a dueños de marcas.
De hecho a juicio llegaron los responsables directos de los talleres, pero no quienes los contrataban.
“Tenemos novedades, en el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada”, se aseguraba en la escucha del 12 de junio de 2012 entre un supuesto abogado y un allegado a las empresas.
Algunas de las marcas investigadas son «Kosiuko»; «Cheta», «Pop», «Motor oil», «Siamo Fuori» y «Sandler Premiun Jean». En el juicio oral fueron condenadas 12 personas a penas de entre 3 y 5 años de prisión.