Les cobran un plus de 2400 por cada cirugía y desde septiembre no prestan servicios. Los afectados denunciaron a los seis profesionales
OBERÁ (CORRESPONSALÍA).
Dos reconocidas clínicas obereñas denunciaron a un grupo de seis profesionales anestesistas que tienen el monopolio del servicio en esta localidad, quienes desde el 7 de septiembre pasado se niegan a atender sus requerimientos en disconformidad a los aranceles fijados por la obra social Pami.
Las instituciones afectadas por la medida son la Clínica Epson y el Sanatorio Derna, las cuales desde hace más de un mes se ven impedidas de realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica, con el perjuicio económico que ello implica.
Asimismo, se ven afectados los empleados del área quirúrgica y los pacientes, ya que deben reprogramarse cirugías y derivar las urgencias.
El eje del conflicto radica en que el Pami abona un precio fijo por prestación de anestesia a través de las clínicas, cuando las demás obras sociales acuerdan con los profesionales.
En ese contexto, los anestesistas del ámbito local perciben un monto de 600 pesos por cirugía a través del Pami, mientras que el sanatorio debe abonar un “plus” de 2400 pesos para cubrir los honorarios.
Se trata de un monto considerable que afecta las finanzas de los centros de salud privados, las que radicaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “presuntas prácticas anticompetitivas”.
“La denuncia se elevó por no poder aceptar las instituciones los convenios de carácter leoninos, extorsivos y monopólicos, que hacen firmar a las instituciones sanatoriales por prestaciones para afiliados del Pami, aprovechándose bajo el resguardo de su asociación el carácter de servicio esencial y escaso de su profesión”, indicó la abogada Débora Cian.
Además, interpusieron un amparo judicial, reclamaron la intervención del Ministerio de Salud y de las autoridades provinciales competentes en un conflicto con los anestesistas, ya que consideraron que “dejaron de cumplir con sus obligaciones laborales y profesionales, dejando a toda la población sin acceso a la salud”.
“Los anestesistas quieren demostrar el poder que tienen, pero afectan a las clínicas y la comunidad que requiere del servicio. Sin las cirugías, las clínicas pierden un 45 por ciento de sus ingresos”, detalló la profesional.
Cian hizo hincapié en que las instituciones sanatoriales no son financiadoras, sino por el contrario, son las administradoras de fondos para la salud las que financian tanto a los centros de la salud como a los profesionales médicos.
En tanto, subrayó que si bien el boicot surgió por una problemática con el Pami, de forma “deliberada los anestesistas han hecho extensivo al resto de las administradoras de salud con el solo hecho de generar un perjuicio. Esta forma de actuar no discriminatoria no posee ningún sustento legal, racional o ético”.
Pami anunció pago y negó desidia
El Pami anunció a través de un comunicado que la falta de pago para las prestaciones realizadas por Salud Pública en Misiones se debieron a demoras en la entrega de la documentación y anunció que giró fondos como adelanto a la Provincia.
“Con el propósito de garantizar el funcionamiento del sistema de salud pública y la atención a los afiliados, Pami otorgó un importante pago en concepto de adelanto por prestaciones realizadas, al Ministerio de Salud Pública de Misiones. La obra social se vio impedida de realizar los pagos debido a falencias administrativas del ministerio, que no presentó en tiempo y forma más de la mitad de las órdenes necesarias para que el Instituto pueda concretar el pago de cada prestación durante el período enero a agosto de 2014”, sostuvo el organismo, que rechazó haber incurrido en desidia y afirmó que “siempre ha promovido y fortalecido la Salud Pública, utilizando estos efectores como verdadera garantía de atención sanitaria e invirtiendo en el desarrollo de hospitales públicos”.
Fuente: http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=9549606029102355