Martín Sabbatella anunció: «Mañana (por hoy, jueves 09/10) todos estos datos que recopilamos y evaluamos los voy a presentar a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), a la UIF (Unidad de Investigación Financiera), a la CNV (Comisión Nacional de Valores) y a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para que esos organismos investiguen también si estamos ante la presencia de algún otro tipo de delito económico».
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Sin duda el kirchnerismo deja una enorme tarea a los legisladores del período 10/12/2015 en adelante: suprimir el reciente Código Civil, la llamada ‘Ley de Abastecimiento’, modificar la llamada ‘Ley de Medios’…
A propósito, se cumple un aniversario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Ejecutivo Nacional quiere festejarlo a lo grande: con 7 buques gasíferos varados en aguas territoriales argentinas por falta de pago del Estado comprador del hidrocarburo, hay que agitar la escena para que se hable de otras cuestiones.
Entonces, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), decidió, por mayoría aunque no por unanimidad (a favor, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Claudio Schifer, y Eduardo Rinesi; y la abstención de Marcelo Stubrin y Gerardo Milman), impugnar la propuesta del Grupo Clarín para dividirse en 6 unidades y desprenderse de licencias, de forma tal de adecuarse a lo establecido por la llamada ‘Ley de Medios’.
Tras la reunión de directorio en la que se tomó la decisión de comenzar a implementar la adecuación de oficio, su titular, Martín Sabbatella le dijo a Nicolás Lantos, del diario Página/12:
> «El Grupo Clarín, cuando la Corte determinó la constitucionalidad de la ley de punta a punta, lo que hizo fue presentar su plan de adecuación retomando lo que había presentado Fintech, su socio minoritario, antes del 7 de diciembre de 2012. Ese plan de adecuación voluntaria es el reconocimiento del Grupo Clarín de que está excedido respecto a lo que dice la ley y que, por lo tanto, tiene que vender, dividirse, transferir. Allí propuso dejar constituidas seis unidades de negocios, porque es tal la posición dominante que para no estar excedido tienen que dividirse en seis unidades distintas.»
> «Ellos argumentan que los miembros de los estudios jurídicos que administran los fideicomisos de las unidades 1 y 2 están cumpliendo funciones de abogados y no de socios, cuando esos estudios jurídicos, queda claro que son sociedades comerciales y no prestan meros servicios legales. Pero, además, aceptan que si los cruces fueran entre los miembros de sociedades comerciales estarían incumpliendo la ley, y nosotros descubrimos que no solamente los abogados y los estudios que controlan los fideicomisos tienen intereses cruzados, sino que además hay cruces en los beneficiarios de estos fideicomisos, titulares y socios de empresas en Nueva Zelanda, en Panamá, en la Argentina.»
> «Es falso que la Afsca no le dio al Grupo Clarín todas las posibilidades de cumplir voluntariamente con la ley como todas las empresas que tuvieron que adecuarse. El trato es igualitario, lo que está permitido para uno está permitido para todos y la Afsca les dio tiempo a todas las empresas para que cumplan. Pero una cosa es usar ese tiempo para dar pasos en dirección de cumplir la ley y otra es usar ese tiempo para hacer trampa y burlarse de la ley. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, que es garantizar el derecho de la comunicación para el conjunto de los argentinos, es garantizar la libertad de expresión y la pluralidad y la diversidad de voces y garantizar que todo el pueblo pueda tomar la palabra en el conjunto de la patria.»
> «Mañana (por hoy jueves 09/10) todos estos datos que recopilamos y evaluamos los voy a presentar a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), a la UIF (Unidad de Investigación Financiera), a la CNV (Comisión Nacional de Valores) y a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para que esos organismos investiguen también si estamos ante la presencia de algún otro tipo de delito económico.»
Pese a que decidieron abstenerse y no votar en contra, tanto Stubrin como Milman -integrantes del directorio de AFSCA en representación de la oposición legislativa-, efectuaron críticas al recorrido del expediente y el dictamen en las últimas horas.
«Pedimos el expediente pero no se nos dio antes de la reunión. Nos daban una hora para leerlo. No podíamos votar a favor o en contra de algo que no conocíamos», dijo Milman.
Stubrin opinó que «fue un tratamiento apresurado de una cuestión que no se va a resolver en una semana… la decisión no tiene ningún motivo de urgencia. Es una ofrenda al quinto aniversario de la sanción de la ley.»
El reclamo
La AFSCA ya había pedido explicaciones formales a Clarín sobre los casos de «David Camerini, de LRP Grupo Clarín New York Trust en la unidad 1; Ezequiel Camerini (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust en la unidad 2) y Rafael Ginebra (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York y ELHN Grupo Clarín New York en la unidad 2)», quienes figuran como socios de la sociedad Fox Horan&Camerini LLP.
También requirió información de José María Sáenz Valiente (h) (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la unidad 1) e Ignacio José María Sáenz Valiente (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELHN Grupo Clarín New York Trust en la unidad 2) quienes son «socios del Estudio Jurídico Sáenz Valiente y Asociados».
En la nueva presentación, por ejemplo, José María Sáenz Valiente (hijo), propuesto para ser administrador y miembro de la unidad 1, figura como socio de Sáenz Valiente y Asociados SRL y CISCA Comercial Inversora SA. Héctor Magnetto, propuesto como administrador y miembro para la unidad 2, también figura según el informe como socio de CISCA Comercial Inversora SA. Ignacio José María Sáenz Valiente, propuesto como administrador y miembro para la unidad 2, figura a su vez como socio de Sáenz Valiente y Asociados SRL.
Grupo Clarín se defendió del ataque, en un comunicado:
«(…) Las unidades 1 y 2 pertenecerán a accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley, algo que no pudieron demostrar hasta ahora ni la AFSCA en otros casos, ni otros grupos de medios. Las menciones de Sabbatella a los abogados de fideicomisos o a otras sociedades ajenas a los medios, no tienen nada que ver con la ley de medios, son groseramente inaplicables y buscan confundir a la opinión pública. La ley de medios habla de accionistas diferentes, no de abogados ni tampoco de sociedades y negocios externos a los medios. Burdo sería que los accionistas del Grupo Clarín hubieran pretendido burlar la ley o engañar al gobierno escondiendo sociedades que están registradas y son públicas, u otras de las que ni siquiera forman parte. Pese a que el plan es técnicamente perfecto, tras recibir una notificación el Grupo Clarín le ofreció a la AFSCA cambiar los abogados para agilizar el proceso, lo que no sólo no fue respondido sino que derivó en este nuevo exabrupto. Queda claro que el Gobierno no tiene ningún interés en aplicar la ley sino que lo que busca es seguir persiguiendo y hostigando al Grupo Clarín. De lo contrario, le hubiera permitido al Grupo Clarín ejercer su derecho de defensa, lo que contrasta con todas los prórrogas, ajustes y postergaciones que le otorgó a los restantes grupos, en violación del fallo de la Corte.
Respecto de las unidades 3 y 4, las críticas de Sabbatella resultan tanto o más llamativas y falaces, dado que las compraventas fueron hechas públicas ante la propia AFSCA, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, y jamás existió objeción alguna a las mismas. Más aún, dichas compraventas fueron aprobadas por el Estado Nacional en las Asambleas del Grupo Clarín, lo que demuestra a las claras que este nuevo invento obedece a una decisión política posterior del kirchnerismo de avanzar en la apropiación de los medios del Grupo. Todas las cláusulas de dichos contratos son absolutamente transparentes, legales y legítimas, y forman parte del precio que se pudo obtener en las condiciones absolutamente adversas en las que deben venderse esas unidades. En efecto, como se expresó públicamente en la Asamblea, dichas cláusulas son usuales en operaciones realizadas bajo fuerza mayor, y apuntan a compensar al menos parcialmente el daño económico que implicó la venta forzada de dichas unidades en menos de 3 meses, en un contexto hostil para las inversiones en la Argentina. (…)».
Es inminente una presentación judicial, consecuencia de las amenazas gubernamentales.