No se necesitó que se sancionara la reforma de la ley de abastecimiento para que el dólar blue pasara los 15 pesitos, como anticipamos el 13 de septiembre pasado en este medio, porque antes de que se votara en el Congreso hoy a la madrugada, el paralelo subió cerca de 35 centavos. Hecho que el ministro de economía Axel Kicillof atribuyó a las declaraciones de Kevin Sullivan, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, recomendando que la Argentina saliera del default. Pero en realidad, entre otras causas, lo que disparó la cotización fue la citación a Sullivan por parte del canciller Héctor Timerman, ordenada por la propia presidente, con la amenaza de que podría ser expulsado del país si seguía expresando públicamente los mismos conceptos, justo a una semana de que Cristina Fernández viaje a New York a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer su show contra los fondos buitres en base a una declaración aprobada en ese organismo apoyando un nuevo esquema para la reestructuración de deudas soberanas que contó con el voto negativo de las principales democracias del mundo.
Sin salida
No cabe en ningún razonamiento serio amenazar con la expulsión al diplomático a cargo de la embajada de los EEUU, en cuya jurisdicción hay una sentencia a favor de los holdouts que el gobierno se niega a cumplir, después de pedir y aceptar la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para garantizar de ese modo el éxito de los canjes del 2005 y el 2010. Todo esto en momentos en los que la Casa Blanca está liderando una coalición contra el terrorismo islámico más cruel del que se tenga memoria. A esto hay que agregarle la sanción de una reforma a la ley de abastecimiento muy similar a la ley chavista del mismo género, en momentos en los cuales el país atraviesa una grave recesión de la cual la presidente quiere salir no con un plan económico serio sino con las contradicciones de un ministro de economía incompetente que no acierta con ninguna de las medidas que toma. Y encima, las que tomó agravan el atraso cambiario, el déficit fiscal y la inflación. La nueva ley contó con la “ayuda” de cinco diputados nacionales que responden a los hermanos Rodríguez Saá y otros dos de José Manuel de la Sota, entre ellos su alter ego, el diputado Carlos Caserio, un hombre de la estrecha confianza del gobernador cordobés. Por lo cual, no se explica con qué cara De la Sota y los Rodríguez Saá dicen que se oponen a este modelo inflacionario, y además demuestra que toda la estructura peronista está infectada de cómplices del chavismo como los citados dirigentes. Sergio Massa ya rompió con el Partido Justicialista y fundó el Frente Renovador, en un gran acierto, porque si no su carrera política estaría manchada por la confusión que impera entre los peronistas de todos los colores y quedaría manchado por una ley de carácter chavista que no se sabe si el gobierno la va aplicar. Es que, si lo hace, el dólar blue puede no tener techo, es decir que se pude disparar aún más ante la incertidumbre que genera esta ley. Con la sanción de la Ley de Pago Soberano, esta nueva ley y la de hidrocarburos, que se sancionaría en menos de quince días, el gobierno, en vez de obtener financiamiento externo, lo único que hace es impedirlo, al menos hasta que el kirchnerismo abandone el poder.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com