La empresa de Pescarmona avisó ayer que no pagará los intereses de dos series de Obligaciones Negociables. Queda a un paso del default.
Impsa avisó ayer que no pagará los intereses de dos series de Obligaciones Negociables que debía realizar el jueves y se prepara para una reestructuración general de toda su deuda, según confirmó ayer Clarín.
La empresa de Enrique Pescarmona informó que pospone el pago “de las cuotas de capital e intereses de todas sus Obligaciones Negociables en circulación y sus restantes obligaciones con acreedores financieros”.
En tanto, la empresa empieza a cerrar la llegada de unos $ 2 millones en subsidios nacionales para sostener a sus 1.076 trabajadores, Impsa apuesta a un soporte financiero macro por parte del Gobierno nacional para recuperar el equilibrio perdido con la crisis que le provocó la falta de pago de varios megaproyectos y así poder avanzar en su plan de sumar algún socio capitalista que le permita sanearse, en un contexto que afecta a buena parte de 90 pymes proveedoras en Mendoza por las cuales ya hay gestiones para asistirlas.
Por lo pronto, el holding que lidera Enrique Pescarmona ya contrató al estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz, que lo asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables (ON) emitidas a principio de año. Y a Quantum Finanzas, del ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, especialista en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.
El objetivo, reconocido en un comunicado, es “realizar una evaluación de su situación actual, comercial, operacional y financiera, incluyendo los problemas resultantes de atrasos sufridos en las cobranzas por parte de algunos clientes con contratos significativos”. Entre ellos está la central de Tocoma, en Venezuela, por la que el gobierno de Rafael Maduro aún adeuda un monto considerable, y la recesión de Brasil, donde opera WPE (Wind Power Energy), creada por Venti Luxemburgo, vinculada a Impsa.
“Impsa, junto con todos sus asesores, se encuentra desarrollando un plan para hacer frente a esta situación”, expresó la compañía a través de un comunicado firmado por Hernán Iglesias, responsable de Relaciones con el Mercado, del holding.
Entre los nombres que suenan para un eventual acuerdo societario o fusión, desde el seno del grupo Pescarmona sólo niegan rotundamente uno: el de Electroingeniería S.A, la firma de Mario Ferreyra.
Tras socios y asistencia
Otro que rebota fuerte pero se mantiene sin oficializar es el de la japonesa Toshiba. Sería parte de la estrategia de WPE que “contempla la posibilidad de contar con socios internacionales de nivel estratégico y/o vender parques eólicos. En consecuencia, puede encarar negociaciones con potenciales candidatos”.
“No es tan relevante en un momento tan delicado como éste…podría considerarse un pensamiento en voz alta y punto” admitió lacónicamente un ejecutivo de la compañía, en un intento por bajar el tono ante la necesidad de mantener la confidencialidad.
En todo caso, es un candidato potable en el camino por atraer un aporte de capital tan necesario como el aire, y como reprogramar una deuda que extraoficialmente supera los U$S 1.200 millones. No sería el primer paso hacia una alianza: en 2007 se había anunciado con bombos y platillos un acuerdo con General Electric finalmente disuelto por el no del ente que autoriza pactos entre cotizantes bursátiles en EEUU.
Mientras tanto, medios capitalinos se hacían eco ayer del probable resultado de otro tipo de gestión que los mismos directivos mantienen desde hace un par de semanas en la Casa Rosada. El Gobierno nacional estaría en tren de elaborar una suerte de salvataje financiero estatal del grupo, misión que arrancó con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y encomendada, según trascendió, a los propios ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora Giorgi. La próxima semana, dicen, será decisiva al respecto.
“Resulta sumamente necesaria una asistencia teniendo en cuenta el número de pymes que trabajan con Impsa”, admitió Martín Hinojosa, subsecretario de Industria y Tecnología del gobierno mendocino que, hasta ahora, ha mediado a través del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno entre la empresa y la UOM, y ante la Nación, para viabilizar subsidios por $ 2.000 por persona para sostener 1.076 puestos de trabajo.
Precisamente, un pedido de asistencia a buena parte de las 90 pymes consideradas “Impsa-dependientes” es el que formularon representantes de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos) al gobernador, sin dejar de remarcar la necesidad de apoyo a Impsa.
Una salida propuesta sería aliviar las obligaciones impositivas con AFIP y también con el fisco provincial, lo que no excluye otro tipo de ayuda para al menos 20% de las pymes afectadas, al límite por el atraso en los pagos.
Según el presidente de Asinmet, Julio Totero, “el salvataje para una compañía de la relevancia de Impsa no viene por los Repro ni por diferimiento impositivo sino por más trabajo y cobrar las acreencias en Brasil y Venezuela.Todo lo demás es transitorio”.
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