El jefe de Gabinete no anduvo con chiquitas en su informe de gestión. Anunció ley de hidrocarburos y juicio por jurados.
Jorge Capitanich brindó su informe de gestión en Diputados y lejos de amilanarse por la recesión y la baja del desempleo, sacó pecho y aseguró que en Argentina nadie pasa hambre y cada vez hay menos pobres.
“Todos los indicadores de pobreza e indigencia han mostrado a través de organismos multilaterales de crédito y de las Naciones Unidas, que por un lado la Argentina ha prácticamente erradicado los niveles de indigencia y hambre”, afirmó y dijo que la pobreza tuvo “una fuerte reducción”.
Capitanich comenzó su exposición a las 11.40 con un esperanzador discurso en el que sólo admitió como grave el déficit energético del país, en torno a los 12 ml millones de dólares, para aprovechar a anunciar como “inminente” el envío al Congreso de uno proyecto para regular las inversiones hidrocarburíferas.
«Será una ley para tener una estrategia para modificar los procedimientos licitatorios» en el sector hidrocarburífero, que contendrá parámetros regulatorios para la explotación de petróleo y gas, medidas fiscales y unificará medidas sobre impacto ambiental «para generar mecanismos de previsibilidad».
Aceptó una crisis el sector automotriz por la baja de la demanda de Brasil pero confió en un plan para diversificar las exportaciones en el Mercosur.
“El desafío de los próximos 5 años es dar solidez fiscal y financiera, un incremento del volumen de ahorro de divisas, la generación de empleos de calidad y elevar la estructura global de la tasa promedio de salario”, propuso.
Otro anuncio del chaqueño fue un proyecto de ley de juicio por jurados, pero no adelantó si se acelerará el nuevo Código Procesal Penal, un proyecto que Cristina nunca envió pero generó polémica por las bajas a las excarcelaciones.
Confirmó que no tiene previsto aumentar un mínimo no imponible de Ganancias. “Implica un ingreso equivalente a 55 mil millones de pesos en total, que tiene un impacto significativo. El efecto redistributivo implica la posibilidad de la inserción social de muchos argentinos que lo necesitan», cerró el funcionario.
La UCR le recriminó haberlos tratado de buitres por no apoyar la propuesta de pagar la deuda en default fuera en el país, de lo que Capitanich se disculpó en su discurso de cierre.
Uno de los puntos más emblemáticos fue el procesamiento del ex titular del Sedronar, José Granero, por supuestos tráficos de efedrina a México. El radical Mario Fiad le recordó su proyecto para que el Registro de Precursores Químicos sea manejado por el Ministerio de Seguridad y no por el Sedronar.
Capitanich transmitió la neutralidad que Cristina intenta con este tema. “El Gobierno colabora con la causa y el Sedronar ya tenía un sumario administrativo que sumó al expediente que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría”, aclaró.
La calma la rompió Elisa Carrió cuando le preguntó sobre su relación con Martín Cortes, un supuesto socio de Capitanich, por Aldo Ducler y Raúl Fernández, respecto de quien preguntó “si es su socio o su testaferro”.
“¿Bajo qué pretexto la diputada hace estas preguntas?”, preguntó a los gritos Juliana Di Tullio, jefa del bloque oficialista. “Porqué está implicado el vicepresidente de la Nación, entonces tiene que ver el Estado”.
“Efectivamente conozco a Martín Cortés, no tengo ningún tipo de vínculo con él; en el caso de Fernández, es una persona que ha participado como subsecretario de Medio Ambiente de la provincia del Chaco cuanto a la cuestión de Mercado Abierto, yo conocí a Ducler. No tengo nada que ocultar porque no ha habido ninguna relación. Puedo responder con absoluta libertad y transparencia”, respondió. Sobre el final de la sesión mostró calma para “agradecerle” a Carrió, que le permitiera aclara estos puntos.
El chaqueño confió en la sanción de la pago a la deuda externa y la de abastecimiento, pronta a tratarse en Diputados. Respecto de la «ley de pago soberano» de la deuda, el jefe de Gabinete precisó que la norma ratifica que «la Argentina paga, cumple su voluntad» y da una alternativa a los tenedores de bonos reestructurados que deberían cobrar su cupón en Nueva York el próximo 30 de septiembre.
Sobre las leyes vinculadas a los consumidores, en la apertura de su tercer informe del año a la Cámara, precisó que «hemos excluido del alcance de esta normativa a las PyMES», se han sacado también las sanciones penales y, apuntó, «cuando se trata de clausuras de más de tres días la posibilidad de recurrir a la justicia».
«Entendemos que esta es una iniciativa que va a facilitar los procesos para analizar el problema de excedente de cadenas de valor y su nivel de apropiación», a lo cual atribuyó la «distorsión de precios» y la inflación que genera.
Reconoció que si bien se tomaron medidas contra la inseguridad, «advertimos que lo que se hace en términos de esfuerzo es insuficiente respecto de lo que uno observa a diario».
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